Una vez confirmado lo peor, que el cadáver hallado es de Santiago Maldonado, según dijo su hermano Sergio por “los tatuajes”, lo ideal sería poder saber varias cosas sobre el caso antes de las elecciones. Desde una mirada democrática, es una verdadera pena que los próximos comicios se vean opacados de esta manera: los argentinos irán al cuarto oscuro con información parcial, incompleta y poco clara sobre una cuestión de relevancia nacional.
En primera lugar, hay que poner las dudas de la propia familia. Fundamentalmente, si el cuerpo fue o no “plantado”, como sospecha Sergio, el hermano de Santiago, y la abogado de la familia, Verónica Heredia.
«Todavía nadie nos explicó por qué un cuerpo aparece después de tres rastrillajes en un lugar tan acotado y a simple vista”, advirtió la letrada en la conferencia de prensa que tuvo lugar en Esquel la noche del miércoles.
Tal es la duda de la familia que el propio perito de parte, Alejandro Incháurregui, exmiembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, descartó de plano que el hallazgo del DNI de Santiago en los restos hallados «pueda implicar una identificación positiva».
El causal de muerte. “Está fuera de duda que la desaparición del joven artesano se produjo en medio de una persecución violenta de la Gendarmería, en un procedimiento ilegal dentro del territorio de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen”, escribió ayer Iriana Hauser en Página 12. En base a eso, el motivo del deceso revelará en qué medida –se descarta que sea nula- hay responsabilidad de dicha fuerza de seguridad.
En relación a eso, se conoció en las últimas horas que uno de los gendarmes ya se dio por imputado y presentó abogado defensor una semana atrás. Es el subalferez Emmanuel Echazú, el uniformado que regresó herido a su base casi 12 horas después del operativo de desalojo. Esta noticia generó zozobra porque el uniformado ahora podrá acceder al expediente y, a través de él, toda Gendarmería.
En el accionar de Echazú también podría estar la clave para comenzar a desandar una posible pista política. El uniformado pidió ser querellante en la causa por el corte de la Ruta 40, que fue el punto de partida del operativo de Gendarmería el 31 de julio. Echazú insiste en que la agresión que sufrió, lastimaduras y una fractura en la cara, fue antes de la represión. Si esto hubiese sido así, los agentes podrían decir que actuaron legalmente para responder a esa “flagrancia”, sin la necesidad de una orden judicial.
Pero según material fotográfico, Echazú aparece ensangrentado dentro de la lof, cuando volvía de la zona del río Chubut, donde llegó la persecución. En tanto, la enfermera que acompañaba al escuadrón dijo que lo atendió adentro. En ese caso, habría descartar el delito de “flagrancia”.
Por qué entonces los uniformados habrían forzado, aunque contrastaba con lo que estaba pasando, la idea de “flagrancia”. Justamente, la “flagrancia” había sido señalada en una reunión encabezada en Bariloche por Pablo Nocetti -jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich– con autoridades políticas y de las fuerza de seguridad aquel mismo 31, como el factor habilitante para reprimir. Echazú junto con otro gendarme volverían horas después de la finalización del operativo y todavía no se pudo establecer qué hicieron durante ese tiempo.
En declaraciones radiales, el propio Nocetti confirmó que había estado en Esquel por orden de Bullrich cuando tuvieron lugar los incidentes que ahora están bajo la lupa. Fue cuando admitió que la decisión era “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública en flagrancia. Cada vez que se produzca algún daño o algún corte de ruta».
Guido Otranto, el primer juez de la causa, también participó de esas conversaciones y le habría dado el visto bueno judicial a la hipótesis de la “flagrancia”: si había delito él no debería intervenir. Otranto, y la fiscal Silvina Ávila –que todavía siguen en funciones- también deberán explicar por qué comenzaron a mover el expediente sólo movidos por la presión pública.
Otranto y Ávila, y también Bullrich deberían dar cuenta de porque fueron tan benevolentes con la Gendarmería desde el primer momento. Desde el principio, hubo sospechas de que hubo una relación estrecha entre estas tres personas para controlar el avance de los acontecimientos. Por momentos, no quedaba en claro quién hacía qué.
También habría que sumar a este grupo al ministro de justicia Gustavo Garavano, quien también aparecía manejando una parte de la información. Hasta el portal Infobae denuncia una relación sinuosa entre Otranto y la presidencia por un ascenso y por un juicio político pendientes, una especia extorsión de doble vía.
Hay que subir un escalón más arriba para observar la relación entre Mauricio Macri, Joe Lewis y Luciano Benetton. Tanto el magnate inglés como el italiano son dos poderosos terratenientes de la Patagonia y son los principales preocupados por los reclamos de tierras de Mapuches, pueblos originarios y ambientalistas.
Con Lewis, uno de los hombres más ricos del planeta, la vinculación no puede ser más cercana: el presidente se suele alojar en su Estancia Lago Escondido, en Río Negro, a pasar los fines de semana largo. Justamente, el multimillonario es acusado de haberse apropiado ilegalmente de ese espejo de agua y de haber restringido los accesos a sus dueños ancestrales y a los pobladores locales. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), puntalmente, mantiene un enfrentamiento con el británico.
