A un día de la masiva Marcha Federal Universitaria, y el mismo día que el Congreso nacional no dio quorum para el tratamiento de proyectos que buscaban frenar el desfinanciamiento en materia educativa, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) denunció al Gobierno nacional por la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID).
Mediante un amparo judicial, el sindicato pidió a la Justicia que se restituya el pago del FONID, suspendido por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 280/2024, que eliminó de las arcas provinciales los fondos que permitían mejorar los salarios del sector docente.
La presentación fue realizada ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Osvaldo Recondo, y solicita que se decrete la medida cautelar de innovar para que se ordene el envío de las partidas presupuestarias que permitan el pago del FONID.
«Se trata de una acción judicial impulsada por la FEB para que nuestros afiliados y todos los docentes de la provincia vuelvan a percibir el FONID que, de manera unilateral, eliminó el Gobierno nacional», aseguró la presidenta de la FEB, Liliana Olivera.
De acuerdo con el pedido de la FEB, la decisión de eliminar el pago del FONID «vulnera expresos derechos constitucionales referidos a la retribución justa, igual remuneración por igual tareas, integralidad del salario, el derecho a enseñar y aprender», entre otros.
Olivera explicó que «el Estado nacional debe transferir de manera urgente a la provincia de Buenos Aires los fondos para que los educadores volvamos a cobrar esta asignación mensual, que constituye una parte significativa de nuestros salarios».
Vale recordar que el FONID fue establecido por la Ley Nº 25.053 de 1998, tras la larga lucha de la denominada «carpa blanca». Se trata de recursos destinados a abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se transfiere de manera automática desde el Tesoro a las provincias y CABA. Para un maestro de grado que recién ingresa al sistema, representa el 10 % de su sueldo.
Este fondo también fue reclamado judicialmente por el Gobierno provincial ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se pronunció al respecto. Fue el 15 de abril, cuando Kicillof pidió una «acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional», en donde solicita que «se declare la plena vigencia y eficacia» de este fondo, que a la fecha supera los «$42.000.000.000 más intereses».
