Por Roberto Álvarez Mur
Unos 10 mil trabajadores cooperativistas marcharon ayer al Ministerio de Desarrollo Social para exigir respuestas al Gobierno en torno a discusiones salariales, el estancamiento de programas públicos, y para reafirmar el pedido de declarar la emergencia social el próximo 18 de noviembre. La marcha, encabezada por el Frente Popular Darío Santillán junto a diversas organizaciones políticas y sociales, colmó el centro porteño para mostrar su descontento con la actual gestión de la ministra Carolina Stanley, señalada como una administración de “parches para no resolver la pobreza y la desocupación”.
“Este es un modelo que, tanto a nivel ciudad, provincia y nación, sólo ha puesto parches para situaciones que ellos mismos han generado y, después, de fondo nada que lleve a que pensemos que hay estabilidad”, dijo a Contexto Ricardo Fernández, referente del FPDS, en el marco de la movilización que se extendió desde Constitución hasta la sede ministerial ubicada en 9 de Julio y Belgrano.
“El diálogo tiene un límite que ellos mismos ponen, y es el de no profundizar con los programas de empleo o los programas de asistencia. En este momento, por ejemplo, hay muchos comedores que tienen muchas necesidades por el aumento de familias que día a día se van arrimando”, dijo Fernández, y agregó: “En el reclamo de generar más empleo, se pasan la pelota todo el tiempo entre Desarrollo Social y Trabajo, entonces la realidad es que no hay nada realmente concreto de fondo”.
“EL DIÁLOGO [DEL GOBIERNO] TIENE UN LÍMITE QUE ELLOS MISMOS PONEN, Y ES EL DE NO PROFUNDIZAR CON LOS PROGRAMAS DE EMPLEO O LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA.»
“No al ajuste, por trabajo genuino, aumento en todos los programas de empleo y aguinaldo social”, fue la consigna con que el FPDS convocó a la marcha en las últimas semanas, en conjunto con la Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativistas Autogestivxs y Precarizadxs (AGTCAP) y varios sectores de la izquierda.
“Reclamamos políticas activas que den respuesta a los tarifazos, el aumento de la canasta básica, la precariedad del trabajo en nuestro país que afecta a millones de varones y mujeres, a la ausencia de derechos básicos como la tierra, la vivienda y la salud para los sectores humildes de nuestro pueblo”, expresaron en el comunicado de la convocatoria en las redes sociales. El texto continúa: “Ante los reclamos y las inmensas movilizaciones populares realizadas este año ante el ajuste y la grave situación económica, el Gobierno propuso dar un mísero monto de 1000 pesos a quienes cobran la asignación universal por hijo y $2000 para solo algunos/as de los/as trabajadores/as formales, intentando de esta manera ocultar la problemática real de no apertura de paritarias y el escenario desesperante que vivimos miles de familias de cara a diciembre”.
Asimismo, otras regiones de la Argentina donde tuvieron lugar manifestaciones coordinadas fueron Córdoba, la zona de Alto Valle en Río Negro y Neuquén. Estas provincias se ubican entre las que dejaron de recibir el plan Argentina Trabaja debido, según definen, a preferencias ideológicas y políticas.
Desde la regional cordobesa del FPDS señalaron: “A siete años de iniciado el programa Argentina Trabaja, quienes habitan estas provincias no pueden acceder porque el Gobierno circunscribió el programa a las provincias con afinidad política”.
Otro de los puntos esenciales de la marcha fue el reclamo por la declaración de emergencia social en todo el país debido a la crisis provocada por la ola de despidos suscitada durante este año. “Si este Gobierno no sienta a las organizaciones y a los trabajadores en su conjunto, no vamos a poder solucionar los problemas de fondo”, expresó Fernández.
