Por Daniel Cecchini*
El juicio oral que se está llevando adelante en Mar del Plata por los secuestros y asesinatos de la llamada “Operación 5 x 1” cometidos por los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en 1975 es un hito histórico en el accionar de la Justicia sobre el terrorismo de Estado previo al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. En el transcurso de este año se espera también que comience un juicio similar en La Plata, por seis secuestros y cuatro muertes perpetrados por la patota parapolicial de la CNU en esta ciudad.
Mar del Plata
En la causa marplatense se juzgarán los secuestros y asesinatos de Enrique y Carlos Elizagaray, del teniente (RE) Jorge Videla y sus hijos Jorge y Guillermo, de Daniel Gasparri, de Jorge Stoppani y de la decana de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi, todos ellos cometidos en zonas liberadas por la Policía bonaerense.
En el banquillo de los acusados –frente al tribunal integrado por los jueces Elbio Osores Soler, Víctor Bianco y Luis Imas– están sentados once integrantes de la CNU marplatense: Marcelo Arenaza, Juan Carlos y Juan Pedro Asaro, Luis Roberto Coronel, Mario Ernesto Durquet, José Luis Granel, Raúl Viglizzo, Roberto Alejandro Justel, Raúl Rogelio Moleon, el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex fiscal Gustavo Demarchi. Este último, paradójicamente, además de integrar la patota que cometió los crímenes, era por entonces el fiscal encargado de investigarlos y cajoneó irremediablemente la causa. Debieron pasar cuatro décadas para que la Justicia llegara a esta instancia.
Los fachos
La CNU era una organización de ultraderecha creada a fines de la década de los sesenta en La Plata por el latinista y helenista platense Carlos Disandro. Se inició como un grupo de choque universitario que, tras la llegada del sindicalista Victorio Calabró a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en enero de 1974, pasó a operar como un grupo de tareas paraestatal.
Entre 1974 y abril de1976, principalmente en La Plata y Mar del Plata, sus integrantes cometieron más de un centenar de secuestros y asesinatos, cuyos blancos fueron seleccionados desde la propia casa de gobierno provincial, la intervención fascista de la Universidad Nacional de La Plata y, desde octubre de 1975, el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército. Entre sus víctimas se contaron estudiantes y docentes universitarios, alumnos de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, militantes de la tendencia revolucionaria del peronismo y de organizaciones de izquierda, sindicalistas e integrantes de comisiones internas de fábricas y organismos estatales.
En La Plata
A principios de este año, el titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Jorge Di Lorenzo, elevó a juicio la primera causa relacionada con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la patota de la CNU en esta ciudad.
CARLOS “EL INDIO” CASTILLO Y JUAN JOSÉ “PIPI” POMARES ESTÁN ACUSADOS DE HOMICIDIO, TORTURAS, SECUESTROS y ROBO COMETIDOS EN TRES OPERACIONES PARAPOLICIALES. UNA VEZ RECUPERADA LA DEMOCRACIA, POMARES SIRVIÓ A VARIOS PATRONES RECICLADO COMO OPERADOR POLÍTICO DEL PJ DE LA PLATA.
Debieron pasar más de cuatro décadas de encubrimientos, cajoneos de expedientes, intimidaciones de testigos, desinterés y complicidades políticas y judiciales para que dos de los culatas más notorios de esa organización sean finalmente sentados en el banquillo de los acusados. Se trata del jefe operativo de ese grupo de tareas, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, y de Juan José Pomares (a) Pipi, uno de sus secuaces más conspicuos, quien una vez recuperada la democracia sirvió a varios patrones reciclado como operador político en la estructura del Partido Justicialista de La Plata.
En la causa Nº 9, Castillo y Pomares están acusados de homicidios agravados y calificados, torturas, secuestros, robo y violación de domicilio, cometidos en tres operaciones parapoliciales realizadas por la CNU el 12 de febrero, el 4 de abril y el 19 de abril de 1976.
Los crímenes
En el primer hecho –por órdenes directas del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró–, el grupo de tareas dirigido por Castillo secuestró y asesinó al secretario del gremio del Turf platense, Carlos Antonio Domínguez. El cuerpo del sindicalista apareció horas después del secuestro con cerca de cuarenta balazos de diferentes calibres en el camino que une La Plata con la localidad de Magdalena.
Castillo es el único acusado por este crimen. Sin embargo, la investigación de Miradas al Sur estableció hace ya más de tres años que, además de Castillo, de esa acción participaron, entre otros miembros de la patota, Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Juan José Pomares (a) Pipi, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco.
En esa misma operación, la banda también secuestró a otro gremialista del hipódromo, Roberto Fiandor, quien salvó su vida al saltar del baúl del vehículo en que lo trasladaban para matarlo. Los autores de esta investigación no habían publicado lo ocurrido con Fiandor para proteger la identidad del sobreviviente, que ya tomó estado público.
La noche del 3 al 4 de abril de 1976, el grupo de tareas de la CNU platense interceptó en la localidad de Villa Elisa, cerca de La Plata, el vehículo en que viajaban Daniel Pastorino, Úrsula Barón, Néstor Di Notto y Graciela Martini, todos ellos militantes de la izquierda peronista. Luego de ser sometidas a un simulacro de fusilamiento, las víctimas fueron trasladadas a una casa operativa del grupo, ubicada en el predio de la Facultad de Agronomía de La Plata, donde fueron torturadas. Pastorino y Barón salvaron sus vidas por la intervención de un miembro de la banda, Patricio Errecarte Pueyrredón, que conocía a la familia de Barón. En cambio, Di Notto y Martini fueron asesinados con disparos de por lo menos tres armas de fuego y sus cadáveres aparecieron al día siguiente en la localidad de City Bell. Por estos hechos están acusados Castillo y Pomares. La muerte le evitó a Errecarte Pueyrredón tener que responder ante la Justicia.
Leonardo Miceli era integrante de la comisión interna de una empresa tercerizada que prestaba servicios en Propulsora Siderúrgica. Fue secuestrado de su casa la noche del 19 de abril de 1976 por un grupo de tareas conjunto de la CNU y el Ejército. Su mujer, Ana María Bossio, que también estaba en la vivienda, reconoció a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como quien daba las órdenes en la patota que irrumpió en la casa y se llevó a su marido. Esa misma noche, el mismo grupo secuestró y asesinó a un compañero de Miceli, Carlos Satich, y al militante gremial peronista Horacio Urrera, a quien la patota se la tenía jurada desde hacía por lo menos dos años.
Por PRIMERA VEZ, miembros de LA CNU PLATENSE DEBERÁN RESPONDER POR ALGUNOS DE SUS CRÍMENES. CASTILLO Y POMARES SON APENAS LA CARA VISIBLE DE UNA ORGANIZACIÓN QUE ASESINÓ A CENTENARES DE PERSONAS ENTRE 1974 Y 1976.
Incompleta
La causa que se llevará a juicio está irremediablemente incompleta, ya que se eleva el caso de secuestro seguido de muerte de Miceli sin tener en cuenta que formó parte de una misma operación de terrorismo de Estado en la que también fueron secuestrados y asesinados Satich y Urrera. Los tres crímenes fueron cometidos la misma noche por el mismo grupo de tareas de la CNU, al mando del Indio Castillo. Los cadáveres de Miceli, Satich y Urrera aparecieron juntos, con numerosos impactos de armas de guerra, en las aguas del Arroyo Santo Domingo, en la localidad bonaerense de Sarandí. La exclusión de las muertes de Satich y Urrera de la causa –cuando ya ha sido presentada toda la prueba existente– lleva a preguntarse cuándo se investigarán y se juzgaran. Lo más probable es que queden como una causa residual, lo que obligará a juzgar dos veces, separando tres crímenes que por sus características forman parte de una sola operación criminal.
Así y todo, la elevación a juicio oral de esta causa es un paso de vital importancia, ya que será la primera vez que integrantes de la CNU platense deberán responder por algunos de sus crímenes. Castillo y Pomares son apenas la cara visible para la Justicia de una organización mucho más numerosa del terrorismo de Estado, que asesinó a centenares de personas entre 1974 y 1976.
* Director periodístico de Miradas al Sur y coautor de La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe.
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