Por Flavia Delmas
El 9 de abril fue la última audiencia pública en Mercedes por el femicidio de Sandra Villalba. Mañana se conocerá el veredicto del Tribunal Criminal Nº 3 de Mercedes, presidido por el Dr. Eduardo Daniel Costía. Sandra tenía 41 años y dos hijos, trabajaba para la municipalidad de 9 de Julio, se desempeñaba en el barrido y limpieza, y durante 16 años fue víctima de todo tipo de violencia, que fue en escalada hasta culminar con su vida el 10 de diciembre del 2011, cuando su pareja, Marcelo Vicente «Boli» Gamella, la apuñaló.
El único imputado en la causa es Gamella, quien llego al juicio oral con una serie de beneficios que llamaron la atención. El principal es que, en feria judicial, la Sala Nº 2 de la Cámara le concedió el arresto domiciliario, y pudo llegar a juicio gozando de una libertad encubierta porque nunca se controló nada y varias personas lo vieron en la calle.
El femicida cuenta con la defensa de Franco Rosello, uno de los abogados penalista más costosos de Mercedes.
Trascendidos apuntan que Gamella cuenta con el apoyo financiero de Guillermo Eduardo «loco» Vázquez, quien tiene en su haber una condena por homicidio y fue beneficiado por el instituto de la probation «suspensión del Juicio a prueba», beneficio que fue obtenido en septiembre de 2013, luego de ser el principal imputado en varias causas penales en contexto de violencia de género.
La justicia penal del departamento judicial de Mercedes se encuentra muy alejada de aplicar los preceptos rectores de sancionar la violencia de género incorporados en nuestras norma fundamental, que obliga a todo el ordenamiento jurídico a acatar y sobre los cuales, a esta altura, los/as operadores de justicia deberían estar capacitados, conocerlos y aplicarlos.
Pero, una vez más, la sensación de impunidad aflora. Los/as familiares de Sandra vivencian las falencias de la Justicia y han transitado en soledad estos cuatro años de dolor, sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado municipal, que no ha prestado asistencia y contención. El Municipio no ha desarrollado políticas públicas en violencia de género que den respuesta a los cientos de casos que existen en la comunidad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires.
La justicia hasta el momento ha beneficiado al único imputado. Resta esperar que el veredicto del 17 de abril sea ejemplificador y reparador, final difícil de imaginar si se considera que hasta el momento las respuestas del Departamento Judicial han sido favorables para violentos y femicidas.
