La represión desencadenada por las fuerzas militares y policiales en nuestro país y el funcionamiento de los circuitos represivos se llevó a cabo en el marco de una minuciosa planificación militar a través de un estricto y burocrático esquema de inteligencia. Este diagnóstico emerge de la presentación efectuada este martes ante el TOC Nº 1 de La Plata por la ex titular de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Stella Maris Segado, que ocupó ese cargo entre 2011 y 2015.
«La inteligencia ha sido el nudo de la represión. Sin inteligencia jamás se podría haber tenido ese nivel de represión al igual que de operaciones. Ambas van de la mano. A mi entender todo se relaciona de una manera en términos de responsabilidades: quién planifica, quién ejecuta, quién da la logística. Nada podría hacerse si no está la otra parte. Es inviable […] son todas partes de una misma cosa y son necesarias», respondió Segado a una pregunta del fiscal Juan Martín Nogueira sobre la importancia que le asigna a la inteligencia dentro del plan represivo, al término de una exposición de dos horas.
Tras dos semanas de receso, se reanudaron las audiencias del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados a partir de 1976 –y en algunos casos, antes– en las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús (con asiento en Avellaneda) que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención (CCD), tortura y exterminio. Segado, que trabaja en estas temáticas desde 2001, se refirió a la estructura represiva y al papel de la inteligencia militar.
Esas tres Brigadas de la Policía bonaerense son conocidas como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Lanús, con asiento en Avellaneda. El juicio trata los casos de casi quinientas víctimas de esos Centros Clandestinos de Detención que integraban el llamado «Circuito Camps», formado por veintinueve CCD.
Al referirse al organigrama de inteligencia militar en la provincia, y específicamente en relación con los CCD que son objeto de este juicio, Nogueira le preguntó a Segado si el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata tenía vínculos con la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense, que por entonces regenteaba uno de los imputados en este proceso, Miguel Osvaldo Etchecolatz, que ya lleva nueve condenas a perpetua por otros juicios.
«La policía de la provincia tenía relación con el COTCE y el destacamento de inteligencia también. En los grupos operativos estaban todos juntos», respondió Segado, testigo de contexto en este juicio. El COTCE era el Centro de Operaciones Tácticas de Cuerpo de Ejército.
Las tres Brigadas dependían de la zona donde funcionaba la inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército y pertenecían a la llamada «zona 4», en la que estaban partidos del conurbano y la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La exposición de Segado puso en evidencia el altísimo nivel de organización y planificación de inteligencia militar al servicio del secuestro, las torturas y las desaparición de personas.
Al iniciar su presentación, que acompañó con placas, Segado puntualizó que la misma está basada en documentos oficiales, reglamentos, leyes y decretos, que puso a disposición del Tribunal.
Explicó entonces el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) integrado por la CNI-SIDE, las jefaturas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario Federal y las policías provinciales, entre otras fuerzas. La Central Nacional de Inteligencia (CNI) debía planificar las operaciones de inteligencia y actualizar la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, entre otras funciones.
Luego detalló el llamado «ciclo de inteligencia», cuya materia prima es la información, su análisis, valoración y fuente. La primera fase del ciclo es la «planificación», que contempla los indicios, la información y los medios a emplear, dijo, y mostró la primera orden del Comando de Operaciones 9/77 que tiene 300 fojas, y que en su anexo 3 se refiere a los requerimientos de inteligencia donde se ordena «salir a buscar información» con «especial atención en los sectores obreros y estudiantiles».
La segunda fase es la «reunión de información», que se recaba mediante «diversas fuentes, lugar, actividad, cosa o medio socio-ambiental de la que se disponga información», precisó Segado, antes de mostrar un documento de la entonces DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense) en el cual se menciona la diferencia entre un «blanco planeado» y el «blanco de oportunidad».
Para explicar el contacto que se establecía entre las fuerzas durante la represión, mostró un documento de mayo de 1976 del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, referido al secuestro de Mónica Mignone, hija de Fermín Mignone, entonces rector de la Universidad de Luján, en el cual se «solicita todo antecedente que obre sobre el caso». Los oficiales que responden por escrito debajo indican que «no registra antecedentes del caso». Esto muestra el circuito de la «comunidad informativa» de inteligencia, sostuvo Segado.
El tercer paso del ciclo es el «procesamiento» de la información reunida, que incluye su valoración en función de su grado de «confiabilidad». Luego es la etapa de «interpretación o elaboración de inteligencia» con el objetivo de «proveer inteligencia confiable en un formato operacional práctico». Este proceso desemboca en la toma de decisiones, sostuvo, antes de indicar que cada subzona realizaba sus informes de inteligencia.
«Cada nivel de inteligencia concuerda con un nivel de conducción»: inteligencia estratégica nacional, inteligencia estratégica militar, inteligencia estratégica operacional e inteligencia táctica. «Hacia abajo van órdenes y hacia arriba información», sostuvo esta investigadora y archivista con larga experiencia.
«Cuando se buscaba un blanco, debían sacarle información a través de interrogatorios y luego salir a buscar nuevos blancos», ejemplificó, mientras mostraba documentos firmados por Guillermo Suárez Mason.
Según un informe del Ministerio Público Fiscal sobre la estructura represiva en nuestro país y la organización de la represión, ya antes del golpe, en 1975, el Ejército se encontraba desplegado en todo el territorio nacional en distintos tipos de unidades militares, cuya composición era fija. Luego del Estado Mayor General, las más importantes por su tamaño eran los cuerpos de Ejército, que eran cuatro, I, II, III y V. De los cuerpos dependían las grandes unidades de combate, que eran las brigadas, y de ellas las diversas unidades de combate, como regimiento o unidades de apoyo. Había unidades que tenían dependencia directa del Batallón 601, por ejemplo.
Segado precisó que las unidades de inteligencia como el Batallón 601 y los destacamentos de inteligencia funcionan «bajo las órdenes de los comandos de las zonas donde están emplazados». Los otros destacamentos militares tienen un jefe de inteligencia, explicó Segado, y también mostró un organigrama de inteligencia.
«Esta manera de entender la inteligencia permite entender que todos operaban en conjunto», sostuvo quien desde 2001 trabaja en la reconstrucción de circuitos represivos, en particular, de Campo de Mayo.
Al referirse al destacamento de inteligencia 101 de La Plata, que dependía del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, la especialista explicó que «faltan los libros históricos de los años 76 y 77», pero aclaró que se puede reconstruir su funcionamiento cruzando otros documentos, como por ejemplo el «resumen numérico del personal», donde figuran quienes prestaban servicio en esa unidad.
Interrogada por la abogada Florencia Titarelli sobre el paradero de los archivos del Batallón 601 y de los destacamentos, Segado explicó que «lo que hay […] es lo que se ha encontrado en archivos de la Prefectura Naval que tiene la DIPBA», y recordó que curiosamente «en los 90 hubo un incendio y se perdió toda la documentación» que estaba en el séptimo piso del edificio del Ministerio de Defensa.
Interrogada por Pedro Griffo, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Segado sostuvo que «el sistema de inteligencia fue creado en el 66 y se extendió del mismo modo hasta el 84. La SIDE estaba conformada en la conducción por personal militar. Y el jefe de la SIDE y por ende de la CNI tenía que ser un oficial superior de combate, de comando», sostuvo.
«La SIDE era un lugar de destino de las FFAA», afirmó, y aseguró que a partir de 1979 hubo «una nueva estrategia de inteligencia. Cambiaron las estructuras internas de los destacamentos y del Batallón 601», y adelantó que es una tarea pendiente seguir estudiándolo «para entender cuál fue ese paradigma y el cambio de la estrategia nacional de inteligencia».
Tal como ocurre desde el inicio de este juicio, que arrancó el 27 de octubre de 2020, las audiencias son virtuales debido a la pandemia y pueden seguirse en vivo por diversas plataformas, entre ellas, el canal de YouTube de La Retaguardia y el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria.
El Tribunal está conformado por tres jueces subrogantes, Esteban Rodríguez Eggers, Ricardo Basílico, Walter Venditti, y un cuarto juez, Fernando Canero. Durante el juicio, que comenzó 44 años después de los delitos perpetrados, se escucharán cerca de quinientos testimonios. Hasta ahora se escucharon y vieron las comparecencias en juicios anteriores de sobrevivientes fallecidos en los últimos años y de expertos forenses, periodistas e investigadores.
Semanas atrás, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense había reclamado al Tribunal que se hicieran más audiencias por semana y no una, como ocurre hasta el momento, pero el Tribunal adelantó que «no tenía posibilidades» de hacerlo.
En el banquillo hay dieciocho acusados, entre policías y militares, de los cuales dieciséis están con domiciliaria y solo dos en la cárcel: Etchecolatz y Di Pasquale. Todos acusados por genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados contra 253 víctimas, 181 en el Pozo de Quilmes y 62 en El Infierno de Lanús, con asiento en Avellaneda.
Sin que al parecer sea una molestia para el Tribunal, cada vez son menos los imputados que están presentes en las audiencias virtuales. Este martes solo tres se conectaron. Para el martes 9 de febrero se espera el testimonio de Stella Calloni, periodista y escritora especializada en política internacional.
