Por Florencia Prego
Fernando Esteche se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz desde el pasado 7 de diciembre. Ya son ocho meses los que lleva detenido, cumpliendo una prisión de facto que supera per se la condena mínima del delito que se le imputa.
No es casual. Todo es causal.
En un país gobernado por la derecha, la existencia de presos/as político/as es una condición de posibilidad para sostener su forma de dominación. Detenciones que operan como dispositivos que buscan ordenar, domesticar, adormecer. Detenciones ejemplificadoras que pretenden anestesiar tanto dolor y trauma perpetrado.
América Latina está transitando un proceso de reconfiguración de las estrategias de las derechas que nuevamente se hicieron de la dirección de los gobiernos tras el interregno de las experiencias populares y progresistas. En primer lugar, fueron los casos de Honduras (2009) y Paraguay (2012) a partir de los golpes de Estado contra Mel Zelaya y Fernando Lugo. Este despliegue se aceleró a partir de la victoria de Mauricio Macri (2015) y de sucesivas victorias electorales en la región, como así también apelando a la vieja y nunca desechada costumbre de interrupción de mandatos soberanos, como fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil, donde un juicio político pretendió disfrazar la esencia golpista de la derecha brasilera.
El problema que enfrentan estos gobiernos actualmente es lograr mantener cierto consenso, pasible de ser traducido en gobernabilidad, para mantener las riendas de la política. Cosa nada sencilla sabiendo que, si hay algo que han logrado los gobiernos populares y progresistas desde Hugo Chávez en adelante fue construir una subjetividad posneoliberal con muchas debilidades, pero también con genuina fortaleza, donde ciertos derechos adquiridos operan como fronteras difíciles de traspasar por su carácter imprescriptible. En efecto, dado que los modelos que proponen son exclusivos de sectores minoritarios, la intentona de hacer tabla rasa del pasado reciente es una maniobra que, en el corto plazo, puede funcionar.
De eso se trata. De socavar las posibilidades para parir nuevamente proyectos y expresiones políticas posneoliberales en América Latina. Para ello debieron reconfigurar sus estrategias de acción e intervención, siendo la judicialización de la política una maniobra -para nada novedosa, cuya contracara es la persecución punitiva a la oposición y a los opositores.
En la Argentina del Partido Propuesta Republicana (PRO) tenemos nuevamente al FMI en la Casa Rosada, y por estos días, por un decreto –prerrogativa del Poder Ejecutivo que suplanta al Poder Legislativo utilizado con ardua frecuencia por el actual gobierno–, se propone reconfigurar el rol de las Fuerzas Armadas desdibujando los límites entre la Defensa y la Seguridad Interior a partir de viejas pero aggiornadas doctrinas con enemigos internos novedosos que la sustentan y justifican. Podríamos pensar, como ejercicio comparado, lo que ha sucedido (y sucede) en Paraguay a partir de la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna que llevó a cabo Horacio Cartes en 2013. También el caso de Brasil, donde el ilegítimo gobierno de Michel Temer sacó a las Fuerzas Armadas a las calles sembrando mares de sangre en las favelas de Rio de Janeiro. Podríamos pensar también casos más extremos, como el de México y Colombia, donde la violencia militar (y paramilitar) está a la orden del día y donde, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, asesinan, fusilan, desaparecen y desplazan a cientos y miles de personas.
Ante la falta de consenso de (y por) su política económica, la coerción se expone en estado de latencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto opera como mecanismo para pensar no sólo el proceso de construcción (y deconstrucción) que hacen del mismo, sino también su posibilidad hegemónica. Y es claro que el modelo que proponen precisa de la exclusión de millones que sobran, que son innecesarios y hasta residuales.
Interesante entonces inmiscuirnos en la disputa por el significado de democracia, concepto no sólo histórico sino también polisémico. En su aspecto social y económico, es preciso vislumbrar la situación actual donde la desocupación aumenta aceleradamente, la devaluación impacta de lleno en la inflación haciendo del costo de vida una quimera inalcanzable para los salarios, los índices evidencian un aumento indefectible de la pobreza. Números objetivos que no sólo marcan el empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, sino la desigualdad: no es cuestión solamente de la redistribución regresiva del ingreso, sino también de la concentración de la riqueza.
Su acepción política va más allá del aspecto netamente procedimental; es decir, más allá de reconocer que llegaron a la dirección del gobierno por el voto popular. Es necesario resaltar la gran defraudación y estafa de la victoria electoral de un gobierno que está haciendo todo lo contrario a lo que sostuvo durante su campaña (desde los aumentos exponenciales de los servicios públicos, al acuerdo con el FMI, pasando por las reformas impositivas y jubilatorias, etcétera). Es decir, en la base de su consenso de origen (o principio de legitimidad) está su pecado original. Pero también es urgente pensar la existencia o no del Estado de derecho en Argentina. Y, de más está decir, que democracia y presos políticos son conceptos antitéticos.
La excepcionalidad jurídica como norma
Por estos días, en una serie de declaraciones, los representantes de las instituciones del poder expusieron de la forma más cruda e impune tanto su filosofía política como su capacidad para ejecutar funciones que no le corresponden o excederse en el ejercicio de las que se supone son garantes.
Claudio Bonadio, el juez que dictó los procesamientos y las detenciones preventivas por la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán (entre otras), suspendió la indagatoria al titular de la ANSES Emilio Basavilbaso so pretexto de tener “mucho trabajo”. Iba a ser el primer funcionario del gobierno de Mauricio Macri en tener que dar explicaciones ante los tribunales federales. Pero Bonadio actuó no como juez, sino como parte. El fiscal Ricardo Sáenz, otro reconocido operador del macrismo, refiriéndose al nombramiento de Inés Weinberg de Roca como procuradora general de la nación, sostuvo en una declaración tan despechada como amenazante que esperaba un reconocimiento para los fiscales que “pusieron el cuerpo”. Es decir, que alguno de los que trabajaron arduamente para consagrar al actual Poder Ejecutivo sería premiado con dicho cargo en una mueca de mutuo reconocimiento. Por último, Federico Pinedo, en su carácter de presidente provisional del Senado de la Nación, planteó, en relación con el proyecto sobre la extinción de dominio, que el proceso no debe estar atado a la investigación penal. Y sentenció: “proponemos procesos rápidos que le permitan al Estado quitarles los bienes a los delincuentes aún antes de la condena penal”. Interesante prerrogativa que se atribuyen, esa de condenar antes de la condena.
Estas declaraciones, selectivas y tan sólo de estos últimos días, expresan de forma abyecta la negación de la República en cuanto existencia de división de Poderes, esa que se suponía venían a recomponer y garantizar. Por el contrario, la realidad indica que nunca se vio, en tiempos democráticos, una colonización tal del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo como la que vivenciamos (y padecemos) en la actualidad (esto puede verse en los nombramientos y desplazamientos de jueces, en la creación de tribunales, en los sospechosos sorteos, etcétera).
De esta manera, si en un Estado de derecho rige la presunción de inocencia, en un Estado de derecha lo que rige es la presunción de culpabilidad. Y eso es lo que están aplicando sobre las presas y los presos políticos en nuestro país, violando el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley.
La judicialización de la política, dirigida desde el Poder Ejecutivo, es ejecutada desde el Poder Judicial y los medios de (des)información masiva: primero, construyen la condena mediática, luego procesan y dictan las prisiones preventivas (sin sustento alguno) y, lo que es más grave aún, prefabrican condenas. El Poder Judicial coexiste con un Poder Ejecutivo al cual, ocasionalmente, responde. Sin embargo, el carácter orgánico que lo constituye (siendo el Poder menos democrático que existe en el marco de una República donde los jueces no sólo no son elegidos, sino que carecen de todo tipo de regulación y control por fuera de la Familia Judicial) le da un margen de autonomía suficiente que se trasluce en la posibilidad de ejercer sus designios de forma absolutamente discrecional.
Podemos advertir que la excepcionalidad jurídica está deviniendo en la norma aplicándose contra los opositores y las opositoras en Argentina. La gravedad institucional que esto supone va más allá de los propios destinos individuales; el tránsito hacia un estado de excepción parece ser, en caso de seguir profundizándose esta persecución política, un destino trágico y próximo. Un paisaje social teñido por la suspensión de derechos y garantías procesales; con una “Justicia” que tiene distintas varas y carente de toda imparcialidad; con fiscales y jueces que, con total liviandad, admiten su intervención en la política y a favor de determinados intereses; con políticos que condenan a los sin condena; con libertades arrebatadas… Todo esto no hace más que encaminarnos hacia dicha hipótesis.
¿Por qué está preso Fernando Esteche?
Fernando Esteche está preso (de forma “preventiva”) hace ocho meses por la causa del Memorándum de entendimiento con Irán. Es importante reiterar algunas premisas, a riesgo de parecer redundantes. En primer lugar, señalar que el Memorándum fue una política de Estado aprobada en 2014 por 170 parlamentarios (entre senadores/as y diputados/as) de la República Argentina. Es decir, no puede ser judicializable simplemente porque no constituye delito. En segundo lugar, destacar que nunca entró en vigencia.
Esta denuncia, que elucubró el fiscal Alberto Nisman (entre otros) a principios de 2015 sostenía que el objetivo del Memorándum era el encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA a cambio de incrementar el intercambio comercial entre los países. Para eso, las pruebas a las que apeló fueron: el supuesto pedido por parte del gobierno argentino para dar de baja las alertas rojas (algo que fue desmentido por el exsecretario de la Interpol, Ronald Noble), editoriales periodísticas de La Nación y Clarín y escuchas de dudosa legalidad a un referente de la Comunidad Islámica (que el mismo juez Canicoba Corral cuestionó, dado que se habían cometido algunos “excesos” con las mismas).
Dada la inconsistencia e incongruencia, la denuncia fue desestimada en dos oportunidades, es decir, doblemente juzgada. Sin embargo, el cambio de gobierno envalentonó y le dio rienda suelta al Poder Judicial, siendo el juez Claudio Bonadio el encargado de reabrir la denuncia nuevamente. Con una celeridad sin antecedentes, citó a indagatoria a todos los imputados y semanas después dictó los procesamientos de la expresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, el excanciller Héctor Timerman, el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes políticos Luis D’Elía y Fernando Esteche, y el dirigente de la Comunidad Islámica Jorge Jalil, entre otros. Y pidió las detenciones de Cristina Fernández de Kirchner (que tenía fueros como senadora nacional), Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Jalil y Fernando Esteche.
Actualmente, Fernando Esteche es el único detenido por esta causa. So pretexto del riesgo de fuga (que no tiene sustento alguno) y de causas previas (que no terminan de explicar cuál es la vinculación directa) es el único preso político por esta fantasiosa denuncia.
Nuevamente es interesante ver cómo operan las varas del Poder Judicial, dado que las querellas que acusan de encubrir el peor atentado terrorista de la historia nacional son las mismas que en el verdadero juicio por encubrimiento de la causa AMIA que tiene sentado en el banquillo al expresidente Carlos Menem, al exjuez Juan José Galeano, a Carlos Corach, Hugo Anzorreguy, Rubén Beraja, Eamon Mullen y José Barbaccia (oportunamente fiscales de la causa), están pidiendo penas mínimas y hasta absoluciones. El mismo Mario Cimadevilla, a cargo de la Unidad Especial de Investigación de AMIA, denunció al ministro de Justicia Germán Garavano por encubrimiento y “amiguismo” (incumplimiento de los deberes de funcionario público) debido al pedido de absolución para los exfiscales Mullen y Barbaccia. También denunció la intervención directa en esta maniobra de Daniel Angellici. ¿Cómo terminó esta denuncia? Siendo desestimada por el fiscal Rívolo y con Cimadevilla fuera de la Unidad Especial.
Entonces, por un lado tenemos el juicio por encubrimiento que está llevándose a cabo hace años y por el cual dentro de poco se conocerán las sentencias. En esta causa todos los imputados están en libertad y, como pudimos ver, el gobierno nacional está interviniendo de formad directa y vergonzante para que queden impunes. Por otro lado, tenemos la denuncia fabulosa de Nisman y Bonadio (quien en primera instancia quería caratularla como “traición a la Patria”) que hace de una política de Estado un delito y opera como condición de posibilidad para sentar en el banquillo a la expresidenta de la nación con un hecho gravísimo tanto para la comunidad nacional como internacional.
Fernando Esteche, militante político, profesor, padre, compañero, es el único preso por esta causa. Insistimos: se está violando no sólo el debido proceso y la presunción de inocencia, sino también el principio de igualdad ante la ley.
Un país con presos políticos no es una democracia. Son presos sin condena o a la espera de condenas prefabricadas que nada tienen que ver con lo jurídico, y cuyos cuerpos se exponen como destino para quienes se animen a levantarse. Eso es lo que buscan con la cárcel arbitraria e ilegítima de Milagro Sala, Julio De Vido y Fernando Esteche, entre otros.
La derecha (en América Latina en general y en Argentina en particular) nunca ha sido ni será democrática. De suscribir a la misma, en términos procedimentales, es mera contingencia histórica. Los que nos gobiernan hoy son hijos, nietos y bisnietos de la Fusiladora, de los que bombardearon la Plaza de Mayo; son los cómplices civiles de la desaparición forzada de 30 mil compañeros y compañeras; son los que no condenaron en los noventa las políticas del Consenso de Washington y el FMI. Y son lo que hoy están entregando nuevamente nuestra patria. Nada de esto pueden hacer (ni pudieron hacerlo) sin persecución, proscripción y hostigamiento.
En la Argentina de hoy hay presas y presos políticos.
Y es urgente su libertad.
Es hora. Y es ahora.
