Por Pablo Giurleo*
Después de que diputados y senadores tuvieran que contemplar cómo la cabeza del Poder Ejecutivo –el presidente– vetaba la llamada “ley antidespidos”, sancionada días antes en la Legislatura, después de que una gran mayoría de argentinos observara –no sin amargura y desazón– cómo algunos “representantes del pueblo” elegidos en las últimas elecciones negociaban para allanar el camino a decisiones políticas antipopulares (endeudamiento, abolición de leyes del período anterior, nombramiento de jueces por decreto), y después de que verdaderos “pesos pesados” de la política –nos referimos a los jefes sindicales– titubearan ante las controvertidas decisiones del macrismo, llegó el freno a través de la vía –¿inesperada?– del derecho, esgrimido por abogados activistas de causas colectivas, mediante la judicialización de la decisión política que estableció, sin audiencia previa, el “tarifazo” en los servicios públicos para todo el país. En Ensenada, Cristina Fernández de Kirchner, una figura de indiscutible predicamento político, poseedora de una mística ligada a la “efectivización de los derechos” y a haber reactualizado las mejores intenciones de un proyecto popular, dijo: “Eso que hicieron (refiriéndose al quehacer de los abogados) fue agarrar la bandera para defender nuestros derechos”. ¿Estaba felicitando a la militancia que puebla las calles cada vez que se presenta?, ¿estaba subrayando la importancia de la organización política en los territorios?, ¿acaso hacía alguna analogía entre esgrimir “banderas” y ejercitar alguna acción directa novedosa? Nada de eso.
Cristina se estaba refiriendo a una demanda jurídica que ingresó en un juzgado para “expresar una queja”, “trasmitir un pedido”, “traducir una demanda social”, surgida a la luz de una decisión política considerada equivocada y asfixiante por gran parte del pueblo argentino. Esa demanda culminó con un fallo judicial que se transformó en un importante hecho político (al menos en términos simbólicos), con consecuencias adversas para el Poder Ejecutivo que gobierna la Argentina desde diciembre de 2015.
La judicialización de una demanda social, a eso nos referimos. ¿Estamos ante un conflicto de poderes?, ¿cómo caracterizar a esta acción jurídica que busca obtener resultados en la arena política? En este breve articulo analizamos este nuevo capítulo de la judicialización de la política, una de las respuestas ciudadanas esgrimidas contra los “tarifazos”, que consistió en llevar a los tribunales un conflicto de intereses motorizado por la iniciativa de muchos ciudadanos de a pie que colocaron el asunto del acceso a los servicios públicos y los aumentos arbitrarios en el centro del escenario actual. La judicialización de la política posee estos anaqueles, aunque su uso más frecuente suele designar episodios donde la política ha sido cuestionada y judicializada por grupos minoritarios para “trabar”, “demorar” o directamente “anular” una decisión ejecutiva o legislativa. El fenómeno, aunque no es novedoso, ofrecen mucho material para el análisis, sobre todo cuando involucra acciones ciudadanas que buscan defender sus derechos ante la arbitrariedad o la “sordera” de los gobernantes.
La construcción del proceso “anti tarifazo”
En muchos aspectos, el Gobierno de “Cambiemos” parece situarse a contrapelo de las necesidades básicas de los argentinos, en su tránsito obstinado por un sendero diametralmente opuesto al recorrido por el Gobierno anterior en lo que refiere al consumo de servicios como el gas, el agua y la energía eléctrica. De eso trataron los tarifazos: “privación”, “impotencia” y “confiscación del sueldo”, según opinaron algunos especialistas. De tal forma, ante la “crisis energética” y el “ajuste inevitable” (cierto: también la “pesada herencia”) que habría “obligado” al Gobierno a aumentar bestialmente las tarifas, comenzaron a llover los reclamos de vecinos organizados, distintos sectores de la producción y diferentes organizaciones que eligieron expresar sus demandas por la vía judicial. En este camino, el juez bonaerense Luis Arias ordenó suspender los aumentos de las tarifas eléctricas en el interior de la provincia de Buenos Aires. En su argumentación, subrayó la necesidad de proteger a los “usuarios del servicio público que sufrieron el tarifazo”. Otro juez, Alberto Recondo, ordeno al Ministerio de Energía de la Nación a “realizar la convocatoria a una audiencia pública para que puedan participar todos los usuarios y asociaciones”. El Dr. Puigdengolas, juez de San Rafael, suspendió el tarifazo de gas para los “usuarios residenciales del sur de Mendoza” por seis meses, a pedido de intendentes y del secretario de Servicios Públicos de la provincia. También hubo medidas cautelares en Santa Cruz, Bariloche, San Luis, Ushuaia y Chubut, y pedidos de amparo en La Pampa. En muchos de estos casos, el escenario combinó las demandas judiciales con acciones directas como el bloqueo del paso del gas en Neuquen, movilizaciones en Mar del Plata y Bariloche, y “ruidazos” en muchos de los espacios públicos de distintas ciudades argentinas. El proceso culminó con una sentencia de la Corte Suprema de la Nación, el 18 de agosto, donde anuló el tarifazo en el gas para los usuarios residenciales y estableció la obligatoriedad de audiencias públicas para la fijación de nuevos valores.
El fallo de la Corte: un punto a favor de las demandas populares
La intervención de un organismo judicial para anular una decisión política nos vuelve a traer a la memoria un interrogante que planteara la politóloga Catalina Smulovitz, al reflexionar sobre el creciente protagonismo de las cortes judiciales en los asuntos públicos: ¿es la justicia un espacio en donde la democracia puede ser exigida?[1]. La democratización, en este caso, tendría que ver con la apertura de vías para que la población pueda expresar sus demandas ante el Estado. Estaríamos hablando de judicialización como “acceso” y “voz” popular frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. En eso consiste la judicialización de las demandas sociales vinculadas a los servicios públicos. Una acción que propició que vecinos organizados pudiesen apartarse de los caminos tradicionales de las negociaciones políticas para abrir el juego de relaciones a otros poderes del Estado. Entendida de esta forma, la judicialización permitió la apertura del sistema político para los pobladores en un período en el cual el Poder Ejecutivo parece esforzarse por clausurarlo. Sin embargo, aunque estas sentencias judiciales obliguen al Gobierno nacional a modificar una decisión, no garantizan que las decisiones públicas posteriores vayan a ajustarse necesariamente a derecho, a las leyes vigentes o a actos más participativos como las audiencias públicas, dado que una sentencia no implica que un Gobierno vaya a internalizar, en un futuro, gestos democráticos. Por otro lado, demandar jurídicamente al Poder Ejecutivo permitió aglutinar voces demandantes que, en muchos casos, se dividen en el lenguaje y la gramática de la militancia política aunque persigan el mismo objetivo. Como cuestión negativa de la judicialización, podemos señalar el excesivo protagonismo que se otorga a los abogados, que a menudo son señalados como líderes de las demandas cuando es la movilización popular la que sostiene estos reclamos. En definitiva, parece auspicioso encontrar un camino institucional para visibilizar estas demandas sociales, aunque la profundización de este tipo de acciones normativas no debe hacernos perder de vista la supremacía de la dimensión política como espacio privilegiado para debatir y dar cuenta de los problemas sociales de “todos” los argentinos, ya que la acción judicial no podría nunca suprimir ni diluir el problema que late en lo profundo: el debate político por el control y la dirección de las políticas públicas en un sistema democrático.
* Sociólogo y magister en Ciencias Sociales. Profesor de la FPyCS, UNLP.
[1] SMULOVITZ, Catalina (2001). Judicialización y Accountability Social en Argentina. Trabajo presentado en el XXII International Conference de la Latin American Studies Association, Washington D.C. (Disponible en: www.lasa.international.pitt.edu)
