Por Pablo Pellegrino
La Justicia Federal embargó por casi un millón de pesos a la Municipalidad de La Plata luego de una presentación realizada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, por el incumplimiento de la rendición de cuentas sobre los fondos girados al municipio por el organismo.
En diciembre de 2017, el intendente Julio Garró firmó con el titular de la dependencia de Niñez, Enrique Castelli, un convenio para la ejecución de un programa impulsado por la Secretaría General de Niñez y Adolescencia de La Plata. «Fortaleciendo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Platenses» era el título del proyecto que impulsaba la titular de la dependencia local, Rita Figliozzi.
El proyecto contemplaba la compra de diversos insumos para fortalecer los equipos de acción sobre niñez y adolescencia por un monto de 800 mil pesos, y una de las cláusulas establecía que el beneficio quedaba «sujeto a rendición de cuentas documentada». Al mismo tiempo, facultaba a la Secretaría a reclamar correcciones o, directamente, la devolución del dinero en caso de ocultamiento o falsedad de la información.
El pasado 27 de mayo, finalmente, el organismo nacional decidió declarar la caducidad del contrato ante la imposibilidad de constatar el cumplimiento del objeto social del subsidio. «Cabe resaltar la omisión total de comprobantes que avalen la inversión de los fondos transferidos en concepto de subsidio», dice la resolución, y agrega: «Pese a las notificaciones cursadas, el Municipio de La Plata, no dio cumplimiento con la rendición de cuentas documentada ni el Equipo Técnico pudo indicar que se cumplió con el objeto del convenio signado».
«el Municipio de La Plata, no dio cumplimiento con la rendición de cuentas documentada ni el Equipo Técnico pudo indicar que se cumplió con el objeto del convenio signado», denunció la Secretaría de Niñez.
Pero antes de llegar a la judicialización del conflicto, la letrada que representa a la Secretaría detalló en su denuncia que en al menos tres oportunidades se intimó con cartas documento a la Municipalidad de La Plata a devolver el dinero más los intereses acumulados en el plazo.
«El silencio guardado y la falta de cumplimiento del pago, obligan a mi mandante a requerir la ejecución forzosa del acto administrativo que sustenta la presente acción», dice la demanda.
Finalmente, el lunes pasado, el juez federal Santiago Carrillo, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 3, resolvió hacer lugar al reclamo de Nación e intimó a la gestión de Garro a pagar los 800 mil pesos más otros 160 mil en concepto de intereses y costas, y trabó el embargo por ese monto.
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El proyecto «Fortaleciendo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Platenses» contemplaba la adquisición de mobiliarios, equipos de computación, herramientas para talleres de carpintería, materiales de librería, juegos y juguetes didácticos, materiales de limpieza y un vehículo para las dependencias de la secretaría local.
Cabe recordar también que, a principios de este año, la nueva directora del área, Silvia Conti, fue cuestionada por el virtual vaciamiento del Servicio Local de Altos de San Lorenzo y el despido de casi una decena de trabajadores que se manifestaron frente al Municipio.
