Un movimiento de la Justicia pone a Juntos por el Cambio bajo la lupa de investigaciones, en este caso, con Patricia Bullrich en el centro de la polémica. Es que la dirigente del PRO fue denunciada por presunto desvío de fondos de una ONG para financiar la campaña política que la ex funcionaria de Cambiemos inició este año. La investigación entró en marcha casi al mismo tiempo que se confirmó el fallo de la Justicia sobre los «aportantes truchos» de María Eugenia Vidal durante su mandato como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
En concreto, Bullrich es investigada por la Inspección General de la Justicia (IGJ) por utilizar como «pantalla» al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), en connivencia con los titulares de la entidad, para redireccionar dinero hacia gastos de campaña.
El caso, según explica la denuncia que se conoció este viernes, apunta a «la apropiación de fondos correspondientes a la IEES Asociación Civil y que indirectamente –por intermedio de aquella– han sido utilizados para tomar dinero del público desviando el destino de los fondos de su real titular –la entidad civil referida– y afectándolos a un fin distinto como lo constituye la realización de la campaña proselitista de la Sra. Bullrich».
En ese sentido, la IGJ señaló que se trata de fondos que se habrían obtenido «mediante la presunta realización de ‘seminarios y capacitaciones’ que en realidad fueron meras fachadas de encuentros con la Sra. Bullrich, en los cuales se realizaron aportes para la referida campaña electoral de la precandidata a presidenta».
La denuncia aclara que existen vías legales para que desde sectores privados financien partidos y campañas políticas, pero que en este caso se trata de dineros desviados de la Asociación Civil. Se sospecha que podría haberse incurrido en «el delito previsto y reprimido en y por el art. 173 inc. 7) del Código Penal de la Nación y por violación de las prohibiciones de percibir aportes establecidas en los arts. 14 y . 15, de la Ley Nº 26.215».
Cabe recordar que la Inspección General de la Justicia había solicitado semanas atrás «intervenir» la ONG señalada por este caso. Guillermo Echeverría argumentó que en 2019 el IEES realizó un cambio de objeto social, orientado casi específicamente al estudio de la seguridad, el crimen y el cibercrimen. «Pero los ingresos de la asociación civil distan de estar vinculados al objeto social, porque en 2019 el instituto tuvo un ingreso por 741 pesos y el 2022 termina con 90 millones», explicó en declaraciones a AM750.
«Hay una disociación entre el objeto social de la asociación civil y cómo recaudaron esos fondos: hace menos de dos años hubo un acta de comisión directiva presidida por Patricia Bullrich que dice que habría que recaudar fondos porque no tenían para pagar los gastos corrientes (luz, gas, teléfono, alquiler) del instituto y 15 meses después recaudan 90 millones con una actividad casi empresaria donde venden seminarios con una temática sin especificar», agregó.
En la denuncia, la IGJ concluye que «[Bullrich] procuró para sí un lucro indebido puesto que ha empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno, para afrontar los gastos de su propia y particular campaña».
