Los mismos jueces federales que esta semana absolvieron en La Plata a Juan José Pomares, alias “Pipi”, acusado de crímenes de lesa humanidad en los años previos al golpe cívico-militar de 1976, decidieron aplazar por segunda vez el juicio oral y público que debía comenzar el lunes contra los únicos dos imputados que irán al banquillo por la sustracción de identidad de los hermanos Ramírez, en 1977, hijos de un albañil que estaba preso en la Unidad 9 y de Vicenta Orrego Meza, que fue desaparecida por el Ejército en el Conurbano bonaerense.
Así lo anunció a Contexto una de las abogadas querellantes que logró llevar ante la Justicia a dos de los cinco involucrados: el civil Juan Carlos Milone y la exsecretaria del Juzgado de Menores de Banfield Nora Pellicer. El primero está acusado por la fiscalía de Lomas de Zamora de abuso sexual doblemente agravado cuando era integrante de la llamada “Casa de Belén”, un hogar infantil en Banfield. Pellicer está acusada del delito de supresión y alteración del estado civil cuando era secretaria del juzgado a cargo de la jueza Marta Delia Pons, ya fallecida.
La resolución firmada por el juez Alejandro Esmoris anunciando que deja “sin efecto” el inicio del debate oral y público para el 4 de diciembre, a la que tuvo acceso este medio, no indica una nueva fecha. Pese a la decisión del tribunal, la querella logró el viernes que los jueces aceptaran la declaración por videoconferencia de los tres hermanos y su padre desde Dinamarca, considerándola una “instrucción suplementaria” o una “prueba anticipada”.
La declaración de los hermanos Carlos, María y Mariano Ramírez, y de su padre, Julio, para la cual se vienen preparando psicológicamente desde hace meses, acompañados por el CODESEH (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos) y Amnistía Internacional (AI), tendrá lugar este el lunes al mediodía en los tribunales federales de La Plata.
“Para ellos es muy importante este día, pero no es el inicio del juicio”, se lamentó Carla Ocampo Pilla. “Es una prueba anticipada del debate (juicio) que todavía no sabemos cuándo se hará”, agregó la abogada.
Según su defensa, Milone, de unos 95 años, con prisión preventiva pero domiciliaria por su edad, se quebró la cadera hace dos semanas pero el tribunal “sólo recibió certificados médicos privados” y hasta el momento no constató dónde está internado el imputado, explicó la abogada.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de La Plata está integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Germán Castelli, los mismos magistrados subrogantes que el miércoles decidieron absolver a Pomares, un conocido integrante de la patota paraestatal de ultraderecha católica y peronista platense Concentración Nacional Universitaria (CNU), acusado de delitos de lesa humanidad.
En un fallo que generó una indignación sin igual, dichos jueces se escondieron tras el “beneficio de la duda” sobre la participación de Pomares en los crímenes que se le imputaban para ordenar su inmediata liberación, pese a los numerosos testimonios y pruebas en su contra.
El caso de los “Hermanos Ramírez”
El llamado caso de los “Hermanos Ramírez” incluye al padre, Julio Ramírez, un albañil de origen paraguayo que cayó preso por el Ejército en diciembre de 1974 y estuvo en la Unidad 9 hasta 1980, y a sus hijos Carlos, María y Mariano, por entonces de cinco, cuatro y dos años de edad. Al salir de la cárcel, Ramírez fue expulsado y se exilió en Suecia. Pero sus hijos vivieron un calvario entre 1977 y 1983, porque la jueza Pons los envió a la llamada “Casa de Belén”, donde fueron abusados, vejados y maltratados por los responsables de esa institución, Manuel Maciel y Dominga Vera, dependientes de la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazareth de Banfield. Como la jueza les cambió la identidad, pasaron varios años hasta que lograron recuperarla.
“En los años ochenta empezó a intervenir Emilio Fermín Mignone, abogado del CELS. Se crea una comisión y logran ubicar a los chicos. En el 83, el padre recupera la libertad y se exilia en Suecia. Ese mismo año, retoma el contacto con sus hijos y se los lleva a vivir con él. Ahí hubo un trabajo fuerte de revinculación, apoyados por Amnistía Internacional (AI)”, relató Ocampo Pilla a Contexto.
La familia Ramírez vive en Suecia, pero para declarar viajarán a Copenhague. “La verdad es que para ellos es muy fuerte venir acá y enfrentar a los imputados. Entonces lo hacen por videoconferencia”, explicó Ocampo.
Las abogadas querellantes se presentaron el viernes ante el tribunal para “manifestar su preocupación por la posible frustración del proceso”, indicó la abogada.
“No puede ser que no sepamos dónde está el imputado y que el tribunal haya tomado una decisión basada en constancias privadas. El tribunal no sabe fehacientemente si el imputado se quebró porque nunca lo constató. Sólo recibió certificados privados”, insistió la letrada, sin ocultar su asombro por la laxitud con la cual parece manejarse ese tribunal hacia los imputados por delitos de lesa humanidad.
Ocampo destacó la investigación que llevó adelante el titular de la Fiscalía Nº 1 de Lomas de Zamora, Sergio Mola. En el acta de procesamiento los hechos son consierados “crímenes de lesa humanidad”.
La tarea de la fiscalía permitió dar con cinco imputados inicialmente, entre estos Dominga Vera y una psicóloga, María Teresa Gómez, “que estaba al tanto de todo”, aunque tras la intervención de peritos determinaron que no están “en condiciones” de ir a juicio pese a que tienen “intervalos lúcidos”.
El caso de los hermanos Ramírez no fue el único de menores de edad que por decisión de la jueza Pons fueron a la “Casa de Belén”, además de sustraerles su verdadera identidad, según el acta de procesamiento a la que tuvo acceso este medio.
