El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional que pretendía no dar información sobre la entrega de alimentos, tal como había ordenado la Justicia el 22 de julio. Ahora, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a ser intimada a responder el estado de situación de la entrega de alimentos, que, según denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), está paralizada.
La novela por la entrega de alimentos comenzó al inicio de la gestión de Javier Milei, con Pettovello como ministra encargada de suministrarlos. La interrupción denunciada por todo el arco de comedores populares se dio en diciembre mismo, reconocida por el propio Gobierno bajo el argumento de encontrarse auditando los mecanismos de entrega. Posteriormente, sumó un importante capítulo con la noticia de dos galpones repletos con 6.000 millones de kilos de alimentos a punto de vencerse, por lo que la Justicia, mediante el juez Sebastián Casanelo y seis camaristas, ordenó al Gobierno desarrollar de manera inmediata un cronograma de entrega. En este punto, el Gobierno decidió realizar una entrega parcial a través de la fundación CONIN, mientras apelaba la medida en diferentes cámaras, recurriendo hace dos semanas incluso ante la Corte Suprema, donde con presentó un recurso extraordinario alegando que Casanelo violaba con su orden la división de poderes.
En este contexto, el 16 de julio el juez Walter Lara Correa ordenó que se explique en el plazo de veinte días cómo se viene ejecutando la distribución de los alimentos almacenados en los depósitos, decisión que el juez de feria, Cormick, insistió en que se cumpla pero en el plazo de 48 horas, en el marco de una presentación hecha por el CELS, que viene denunciando la interrupción de alimentos.
Capital Humano decidió apelar. Tanto el CELS como la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros reclamaron que se rechace la medida «de reposición con apelación en subsidio interpuesto por la demandada, por improcedente y por carecer de agravios suficientes y evidenciar una total confusión frente a la resolución cuestionada». «No sorprende a esta altura la falta de conocimiento y confusión jurídica que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, pero sí representa un problema serio para la administración de justicia cuando la falta de conocimiento básico y la nula capacidad de interpretar resoluciones judiciales consiste en una verdadera barrera para que las personas puedan acceder aunque sea a dos comidas diarias», resaltaron.
“Nos encontramos frente a una cuestión de suma gravedad, donde se encuentra en riesgo el derecho a alimentación de las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios. Se requiere que lleguen los alimentos y pensar que una persona puede esperar 20 días para comer nos lleva al mayor absurdo con el cual la demandada pretende agravar”, manifestó el CELS en respuesta a Capital Humano.
En este escenario, el juez Cormick ordenó “desestimar el recurso de revocatoria y la apelación subsidiaria” e “intimar a la demandada a cumplir con lo ordenado el 22/07/24 dentro del plazo allí dispuesto el que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución”.
