Por Gabriela Calotti
Durante el Juicio por la Verdad en La Plata, en el año 2001, Nilda Eloy, entonces sobreviviente del genocidio, lo reconoció como uno de los policías que la habían violado reiteradamente durante su cautiverio en la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, denominada ni más ni menos que El Infierno.
Ferreyro integraba la patota de policías represores comandada por el director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Osvaldo Etchecolatz, mano derecha de Ramón Camps. A raíz de esa denuncia, Ferreyro fue detenido en diciembre de 2001.
Sin embargo, recién fue imputado y llevado a juicio casi veinte años más tarde. En esas idas y vueltas de un aparato judicial burocrático, cuando así lo desea para conformar a los grupos de poder de este país y a una derecha negacionista, Ferreyro nunca había sido imputado ni juzgado. Recién comenzaron a investigarlo en el juicio oral y público que comenzó el 27 de octubre de 2020 como resultado de la unificación de las causas por los delitos de lesa humanidad perpetrados en la Brigada de Lanús y en otras dos dependencias policiales del sur del conurbano: la Brigada de Investigaciones de Banfield y la de Quilmes.
Ferreyro podría haber sido juzgado hace por lo menos diez años, en 2012, pero no fue así porque, en su afán de fragmentar las causas por delitos de lesa humanidad, los jueces querían llevarlo a juicio solamente por los casos de Nilda Eloy, Horacio Matoso y Alberto Mario Solís, quienes estuvieron en cautiverio en El Infierno.
Apoyándose en dictámenes de la Cámara de Casación Penal, Eloy, respaldada por su abogada querellante Guadalupe Godoy, rechazó en un escrito presentado a principios de ese año una elevación a juicio fragmentando las causas. En ese escrito entendía que los hechos debían juzgarse con el «debido contexto», esto es, «con todos los responsables de la privación ilegal de la libertad, torturas y abusos de las que fuimos objeto, y por todas las víctimas que pasaron por la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda».
Ferreyro, nacido el 25 de mayo de 1941 en La Plata y vecino de City Bell, había intentado quedar fuera del juicio por «incapacidad» contraída supuestamente a raíz del fallecimiento de su esposa. No obstante, con plenas facultades mentales, en las primeras audiencias del Juicio Brigadas respondió sin dudar que no prestaría declaración. «No voy a prestar declaración por indicación de mi abogado defensor, el doctor [Gastón] Barreiro», le respondió al presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, el juez Ricardo Basílico.
Ese mismo día, las querellas se sumaron al pedido de Guadalupe Godoy para que el secretario del Tribunal le leyera a Ferreyra los nombres y apellidos de las al menos 62 víctimas de El Infierno, de las cuales 15 permanecen desaparecidas y 37 son sobrevivientes. Los restos de dos víctimas fueron identificados, mientras que de otras ocho no se conoce el destino posterior a ese centro clandestino.
El viernes 21 de octubre, el defensor de Ferreyro informó al tribunal que la familia le había comunicado su fallecimiento. En esa presentación, conocida públicamente por una de las querellas, el abogado del policía no dio ninguna precisión sobre la fecha exacta ni las circunstancias de la muerte.
El TOC Nº 1 pidió «escuetamente» un certificado de defunción mediante oficial judicial.
Al igual que casi todos los imputados, Ferreyro tampoco asistía a las audiencias que se llevan a cabo de forma virtual debido a la pandemia.
Ferreyro forma parte de la lista de dieciocho policías, militares y civiles imputados en el juicio por los llamados Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús junto a Etchecolatz, Camps, el médico policial Jorge Antonio Bergés y Juan Miguel Wolk, entre otros. Como la inmensa mayoría de los imputados, también gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria.
El debate oral y público que unificó una serie de causas, la primera de las cuales fue elevada a juicio hace más de nueve años, comenzó más de 45 años después de las atrocidades denunciadas, de las torturas, tormentos, violaciones y vejaciones de toda índole, y, obviamente, privación ilegal de la libertad que padecieron cientos de mujeres y hombres en esos tres de los veintinueve centros clandestinos de detención que formaron parte del Circuito Camps. Los Pozos de Banfield y de Quilmes fueron los dos más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires.
Nilda Eloy falleció el 12 de noviembre de 2017 de cáncer. En todos esos años fue una sobreviviente clave en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. En 2006, durante el histórico juicio contra Etchecolatz, su testimonio sería aplastante.
«Hay cosas que no se hacen porque se ordenen. No creo que ningún hombre pueda violar a una mujer porque se lo mandan de arriba», afirmaba Nilda Eloy, cuyo testimonio fue exhibido casi al comienzo del juicio por El Infierno, causa por la cual se movió incansablemente. Eloy estuvo secuestrada allí entre el 1° de noviembre y el 31 de diciembre de 1976.
Miguel Ángel Ferreyro es otro de los beneficiados por la «impunidad biológica», yéndose a la tumba sin el peso de una condena judicial.
