Por Leandro Gianello
Marcos Peña, el futuro jefe de Gabinete de Mauricio Macri, anticipó un cambio en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA, una de las herencias culturales más importantes de los últimos doce años, a la que el funcionario calificó como “antigua” y pensada “para un mundo y una comunicación que ya no existen”.
Las declaraciones de Peña cuestionan la legalidad de una normativa que fue discutida en foros abiertos en todo el territorio nacional, diálogo que permitió enriquecer su contenido con las necesidades específicas y puntos de vista particulares de todos los actores.
Peña también hizo referencia a la pauta oficial, asegurando que desde su equipo de trabajo ya están «pensando en ordenarla» para darle «mayor previsibilidad”, quizás bajo el mismo modelo que permitió que la productora de Fernando Niembro, un incondicional del macrismo, se haya alzado con sumas millonarias bajo un esquema sospechoso.
El funcionario macrista indicó además que la política comunicacional del gobierno está diseñada para confrontar, opinando que la misma se preparó “para una guerra con los medios”, un escenario que desde el frente Cambiemos descartan de plano, dada su conocida afinidad con grupos hegemónicos comunicacionales.
«Esta ley, como tantas otras, es materia opinable, pero para una modificación de la vigente se debe tener mayoría parlamentaria y alcanzar un acuerdo entre los distintos actores”, señaló a Contexto Eduardo Rinesi, miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA.
Considerar a la LSCA como anacrónica y atemporal “es una caracterización muy inadecuada”, ya que su contenido y el proceso de elaboración “han sido mundialmente reconocidos como de avanzada y en la vanguardia tecnológica”, apuntó Rinesi.
Durante el proceso de elaboración de la Ley existió siempre un fuerte consenso “sobre la construcción democrática que fortalece la libertad de expresión”, agregó Rinesi, el cual es fundamental para garantizar el acceso a las diversas voces que integran el territorio nacional.
La LSCA “está basada en un conjunto de principios” elaborados a partir de las necesidades de todos los sectores que intervinieron en su gesta, cuyas múltiples consideraciones establecen a la comunicación “como a un derecho humano inalienable”, destacó el integrante del directorio de la AFSCA.
Además, “no me parece en absoluto que sea una ley preparada para una guerra, como lo señaló Peña», expresó Rinesi: la LSCA “garantiza la pluralidad, el acceso y la convivencia” de todos los protagonistas posibles.
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Historia de una ley
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue discutida en foros nacionales de los que participaron gremios, Universidades, Iglesias, pueblos originarios, redes de radios, intelectuales, abogados, músicos y actores organizados.
Su base argumentativa se gestó de la mano de la Coalición por una Comunicación Democrática hace más de una década, estableciendo los “21 puntos” para la nueva normativa que luego fue enviada al Congreso, lugar en donde fue avalada por casi todos los estamentos implicados, excepto por el Grupo Clarín.
El monopolio intentó desde el minuto cero trabar la aplicación de la Ley presentando mecanismos cautelares, facilitados por sectores judiciales afines, para no cumplir con el total de la legislación hasta el día de hoy.
La LSCA, aprobada durante el primer gobierno de Cristina Kirchner en 2009, es el reemplazo moderno y natural de un decreto ley de 1980, aprobado durante la dictadura cívico-militar encabezada por jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz.
Las modificaciones más importantes son las que consideran la comunicación como un derecho humano y no una mercancía comerciable, permitiendo la inclusión y el acceso libre y democrático a Universidades, comunidades, pueblos originarios, sindicatos y demás privados sin fines de lucro a radios y canales de televisión.
Luego del 10 de diciembre, ese golpe directo que recibió el monopolio Clarín con la aprobación de la Ley buscará ser maquillado por los hombres del espacio político que ganó el balotaje, quienes, cuanto menos, deberán devolver las facilidades concedidas durante la campaña mediante alguna modificación especial que no perjudique la libertad de mercado pregonada por Magnetto y sus acólitos.
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