Por Roberto Álvarez Mur
Una medida precautelar elevada por el juez en lo Contencioso y Administrativo Luis Arias, de La Plata, frenó la medida de disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ante la inminente presentación de un Ministerio de Comunicaciones que nuclea al organismo junto a la AFTIC. Además, prevé la protección y prohibición de reformas a las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 “hasta el dictado de la sentencia definitiva o lo que resuelva el magistrado competente”.
“En principio, si bien la intervención continúa en vigencia, estamos generando la imposibilidad de que se lleve a cabo la disolución de AFSCA, en la unificación con AFTIC dictada hoy en conferencia de prensa”, dijo a Contexto el juez Luis Arias, a instantes de haber presentado el documento que puso un freno a las medidas anunciadas horas antes por el jefe de Gabinete Marcos Peña. “No podrá permitirse la remoción o cesantía de empleados y funcionarios; y, aunque esto no vuelva a reponer, por el momento, la cúpula de funcionarios removidos hasta ahora, es un primer paso para evitar la eliminación de derechos obtenidos”.
El documento presentado hace instantes establece la plena prohibición de “alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de AFSCA».
El documento presentado hace instantes establece la plena prohibición de “alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de AFSCA». Al tomar la iniciativa conocimiento público, trabajadores del organismo se hicieron presentes en la puerta de la sede, luego de la controversial clausura, para volver a ingresar en virtud de lo resuelto por el juez Arias.
El paso siguiente para profundizar la protección de AFSCA y la LSCA queda en manos la resolución del juez federal a disposición.
Asimismo, el documento elevado a Arias por el representante de AFSCA, Guillermo Luis Guerín, expresa respecto de la medidas tomadas en los últimos días por el Gobierno: “Podría encontrase comprometida la responsabilidad internacional del Estado, al suprimir por decreto la estructura autárquica e independencia funcional del organismo de aplicación de la Ley 26.522, y someterlo al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, quebrantando el principio de legalidad, por cuanto toda restricción o limitación al derecho constitucional de libertad de expresión –dada la trascendencia de este derecho– debe ser impuesta por Ley (conforme al artículo 30 de la CADH)”.
A través de la cautelar se prevé el “peligro de demora” de una resolución definitiva, dado que, “si no se concede una medida precautoria, podrían verse frustrados o agravados los derechos involucrados, situación que indudablemente requiere de un pronto remedio, o, dicho en términos constitucionales, una rápida ‘acción positiva’ que le asegure la vigencia de los derechos de los habitantes, dentro de la garantía constitucional a una ‘tutela judicial continua y efectiva’”
“se dispondrá una medida de no innovar para que el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.”
Continúa el documento: “se dispondrá una medida de no innovar para que el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad) en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.
“La prohibición de innovar que aquí se dispone implica asimismo, la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522.”, aseveró Arias.
