Por Maximiliano Ceci
El juez federal subrogante de La Plata, Laureano Durán, dictó el procesamiento con prisión preventiva el ex jefe del Regimiento de Infantería Nº 7, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, y el entonces oficial de Personal de la unidad, Enrique Francisco Welsh, imputados por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino conocido como “1 y 60”, que funcionó en la sede de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía provincial en La Plata, por el que pasaron alrededor de docientos detenidos desaparecidos en 1976. Además, se les impuso un embargo sobre sus bienes de 800 mil pesos «para responder por la eventual responsabilidad civil y/o penal que de los hechos investigados pudiera surgir».
Durante la dictadura, el Regimiento de Infantería Nº 7 funcionó como Jefatura del Área Operacional 113, es decir, la cabeza de la represión ilegal en la región. Algunas de las víctimas fueron liberadas desde el centro clandestino con un certificado que daba cuenta de su detención ilegal en el lugar y que llevaba un sello con la leyenda “Autoridad Militar Área OP 113 RI7”.
Muñoz fue procesado por 114 secuestros y torturas y por dos hechos de abuso deshonesto. Welsh fue imputado por privación ilegal de la libertad y tormentos contra 95 víctimas.
Muñoz fue procesado por 114 casos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos y por dos hechos de abuso deshonesto. Welsh fue imputado por privación ilegal de la libertad y tormentos en los casos que afectaron a 95 víctimas. El ex oficial de Personal del Regimiento Nº 7 fue reconocido por sobrevivientes como secuestrador vestido de civil y como torturador e interrogador del CCD, uno de los primeros puestos en funcionamientos en la región tras el golpe de Estado del 24 de marzo.
El centro clandestino
El centro empezó a operar la misma noche del golpe. Una razzia general de las fuerzas conjuntas envió allí decenas de delegados gremiales y trabajadores de las empresas y fábricas del polo industrial de Berisso y Ensenada: Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Frigorífico SWIFT. Como allí funcionaba un cuerpo de Infantería y otro de Caballería, contaba con varios galpones devenidos en calabozos, muy húmedos y fríos, y una cuadra amplia que en algún momento había albergado a la tropa y se había reconfigurado para tener a los secuestrados. Según fuentes judiciales, el CCD alojó al menos 183 detenidos ilegales.
El CCD empezó a operar la misma noche del golpe. Una razzia de las fuerzas conjuntas envió allí decenas de delegados gremiales y trabajadores de las empresas y fábricas del polo industrial de Berisso y Ensenada. el Centro alojó al menos 183 detenidos ilegales.
En su resolución de 650 carillas, Durán señaló: «Con estas detenciones producidas en los primeros días del golpe, se cumplió con varios objetivos: los militantes populares, trabajadores, sindicalistas, profesionales, educadores, políticos, cualquiera visualizado como peligroso por las Fuerzas Armadas usurpadoras, fue chupado, sacado de circulación en forma inmediata, sin necesidad de acumular pruebas en su contra, de rendir cuentas a ningún juez de esta acción».
Los operativos, se indicó, «eran llevados a cabo –generalmente– en horas de la madrugada, trasladando a los detenidos en camionetas de tipo rastrojero o camiones del ejército», que «ingresaban por el portón ubicado sobre la calle 60 entre 1 y 115 y luego los prisioneros eran depositados en un lugar llamado ‘la cuadra’ o en un lugar de dimensiones mucho más pequeño denominado ‘los calabozos'».
Los detenidos clandestinos permanecían durante todo el día vendados y esposados a las camas cuchetas en un lugar muy pequeño, donde había aproximadamente cinco o seis personas acostadas sobre colchones extendidos en el suelo. «Otros de los rasgos que caracterizó a este centro clandestino de detención es que las sesiones de tortura solían realizarse en diferentes lugares, efectuándose tanto dentro de la dependencia policial como fuera de esta. A la mayoría de las víctimas se las torturaba desde la llegada al centro», señaló el juez subrogante, y añadió: «Era común que en las sesiones de tortura participasen médicos, controlando el límite de la aplicación de la misma. De este modo evitaban que los detenidos muriesen antes de obtener de ellos la información buscada».
