Por Leandro Gianello
El Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata sesionó sin público y con un confuso episodio que tuvo como protagonistas a ediles oficialistas, personal de seguridad del edificio municipal y vecinos que participaban en distintos reclamos.
Al momento de iniciar la sesión, un grupo de ciudadanos que pedían destrabar los trámites por el PRO.CRE.AR., habitantes del barrio El Rincón y empleados municipales que pedían por la reincorporación de un compañero despedido debieron permanecer fuera del recinto, ya que las puertas fueron cerradas y se les impidió el paso.
Juan Manuel, vecino de El Rincón, dijo a Contexto que un grupo de personas del barrio “fue a reclamar por mejoras en las calles” y otras cuestiones que atañen a la calidad de vida de ese sector periférico, “llevando bolsas de basura ficticias y banderas”, pero se les impidió ingresar.
Afuera también había gente del PRO.CRE.AR. que quería ser escuchada porque los planes de rezonificación están trabados. Sin embargo, la respuesta del oficialismo a través del concejal Fernando Ponce fue “dilatar tres horas la sesión para que nos vayamos, ante lo cual algunos de los presentes comenzaron a desesperarse”, aseguró Juan Manuel.
Mientras esperábamos afuera del recinto, “se nos acercaba gente desconocida que se paraba al lado nuestro intentando escuchar lo que conversábamos. Era una especie de marca personal”, precisó el vecino de El Rincón.
“Concejales de otros bloques bajaron a solidarizarse con nosotros”, aunque la situación poco cambió y “empezamos a golpear la puerta y a aplaudir para que nos atiendan”.
La situación se resolvió de manera tensa cuando una mujer mayor intentó ingresar a la sala del Concejo detrás de un edil, momento en el cual “hubo un forcejeo violento” en el que dos guardias de seguridad apostados en la puerta la detuvieron en forma brusca, manifestó Juan Manuel.
La persecución sindical, a un paso de resolverse
Durante la sesión, concejales del Frente para la Victoria manifestaron preocupación por el despido del secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de La Plata (SOEMLP), gremio que figura dentro de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.).
La edil kirchnerista Florencia Saintout mantuvo una reunión con Gustavo Hernández y Nicolás Kalaityis, secretario general y secretario adjunto respectivamente de SOEMLP, en la Agencia Platense de Recaudación (APR).
Antes de ser desplazado por las autoridades municipales en junio pasado, Kalaityis se desempeñaba como jefe de Departamento de Distribución dentro de la APR, por lo que desde el gremio y la federación que los nuclea se decidió impulsar una serie de manifestaciones en señal de protesta.
En este sentido, la concejala Saintout presentó ayer un proyecto para que el órgano deliberante manifieste su preocupación, ya que el trabajador “se encuentra bajo tutela y protección legal por su función sindical como establece la Ley 23.551”, y por lo tanto desde el Gobierno de Julio Garro estarían desconociendo “no solo la normativa sindical y laboral vigente, sino también los derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional sobre garantías en la práctica sindical”.
En tanto, Fernando Mazzeo, secretario de prensa de Fe.Si.Mu.Bo., indicó a Contexto que ayer por la tarde “los abogados presentaron un amparo ante la Justicia y se obtuvo un dictamen favorable que restituye a su lugar de trabajo a Kalaityis».
“El tribunal en el que presentamos la solicitud aceptó la medida y volvió todo al punto anterior, certificando que la situación del trabajador es irregular y reconociendo a nuestro sindicato, que había sido ninguneado por el Municipio”, agregó el encargado de prensa.
Hoy por la mañana “llevaremos la copia de la resolución al Municipio para adelantar los tiempos ante las autoridades, pero entendemos que la cuestión podría no terminar ahí, ya que es posible una apelación de la medida” por parte de los referentes garristas, explicó Mazzeo.
