“El certificado se lo entregaron hace un rato y ya mismo lo vamos a llevar a la casa velatoria”, anunció el jueves a Contexto Ángel López, el padrastro de Jonathan Brian Guzmán, un chico de veintiún años que trabajaba como albañil, pero que el 19 de diciembre de 2015 apareció muerto e irreconocible en un arroyo cerca de su casa, en el barrio de Las Quintas.
El jueves, Elsa, su mamá, acompañada por las tías de Brian y por Rosa Bru, la mamá del joven estudiante de periodismo Miguel Bru, cuyo secuestro y desaparición están por cumplir veinticuatro años, se encadenaron frente al Registro Provincial de las Personas, en 1 y 59, para reclamar una vez más el certificado de defunción que vienen pidiendo desde febrero porque esperaron el mes de feria judicial.
“Vengo a encadenarme por mi hijo. Vengo a reclamar el certificado de defunción que estamos esperando desde hace cinco meses. No sabemos qué pasa”, explicó Elsa, que formó su familia en Argentina treinta años atrás, cuando llegó desde la Bolivia de la hiperinflación y la pobreza generada por los gobiernos neoliberales que sometieron a la región en los años ochenta y noventa.
Encadenada junto a Elsa, Rosa Bru aseguró: “Nunca esuché que pasara tanto tiempo para darle cristiana sepultura a un hijo. Me parece una vergüenza, una falta de respeto total. Elsa respetó la feria judicial pero llevamos seis meses. No es justo”, lamentó Rosa, quien denunció en las redes sociales la incomprensible demora en la entrega de un certificado de defunción, un año y medio después de la muerte de Brian.
“¿Sabés las veces que vinimos?”, aseguró Rosa a este medio, antes de afirmar que “la última vez que estuvimos en la Fiscalía, la secretaria nos dijo que lo había traído en mano al Registro”. “Lo que digo es que había que estar en el lugar de la madre”, agregó.
“Estábamos juntas cuando la empleada de la casa mortuoria le dijo si lo quería ver. Y ella me preguntó. Y le dije, ‘sí, vamos’. Y ahí estaba, en un rincón en el piso, y ahí se tiró arriba de él”, contó Rosa ya con la voz quebrada por la angustia. “Fue terrible. Y es tristísimo. No estamos hablando de un mes, estamos hablando de seis meses”.
El 3 de enero pasado le entregaron el cuerpo de Brian y entonces junto a su marido lo llevaron a una casa funeraria en 13 y 72 para hacer el velatorio y poder enterrarlo, pero sin el certificado de defunción, el cementerio no aceptó el cuerpo.
“Desde ese momento hasta ahora no sé por qué no me entregan ese certificado de defunción. Es lo único que pedimos. Hace cinco meses tenemos en un rincón de la casa de sepelios a mi hijo”, sostuvo Elsa antes de empezar a relatar el día en que su hijo salió de su casa sin el celular, ni el documento. Sólo se llevó la bicicleta.
Brian desapareció el 1 de diciembre de 2015. Lo encontraron el 19 de ese mes en un arroyo cercano. Estuvo un año en la asesoría pericial de la policía científica por causas que la familia desconoce.
Tras la desaparición intentaron hacer la denuncia en la comisaría La Unión, en la calle 137 y 524. Pero no se la tomaron, le dijeron que primero recorriera los hospitales. “A los tres días fue mi marido, se enojó y mientras tanto las mujeres lo empezamos a buscar por el campo cercano a mi casa”, explicó Elsa.
A los ocho días la Fiscalía le dijo que no había recibido ninguna denuncia, agregó Elsa, antes de explicar que fue entonces cuando se comunicó con Rosa Bru. “Fuimos a la Fiscalía. El 19 encontramos a mi hijo en un arroyo cerca de mi casa, irreconocible”, recordó.
Al dolor de una familia humilde, como algunas de las que se atreven a presentar denuncias o que reciben acompañamiento de alguna ONG, se sumó una vez más la indiferencia y un atraso policíaco-judicial inexplicable o que en todo caso alguien decidió. La fiscal de turno cuando se recuperó el cuerpo del arroyo era Leila Aguilar. Allegados a la familia de Brian que ese día estaban presentes aseguraron el jueves a Contexto que la fiscal “ni siquiera se presentó al rastrillaje” y que luego se hizo cargo su colega de la Fiscalía Nº 2, “en un gesto de humanidad”.
“Hasta ahora no sabemos nada. Nadie nos dijo nada, ni la policía. A mi hijo me lo mataron y no se sabe quién lo hizo ni cómo murió”, aseguró Elsa antes de afirmar públicamente: “Nunca voy a dejar de agradecerle a Rosa todo lo que ha hecho por mi”, remarcó.
“Hace un año y medio a mi hijo no lo puedo sepultar bien. Lo único que pido es que me entreguen el certificado de defunción para poder enterrar a mi hijo y que descanse tranquilo”, dijo Elsa. “Quiero llevarlo al cementerio y llevarle alguna florcita”, agregó sin poder evitar que se le cayeran las lágrimas.
El jueves, trabajadores de ATE que estaban en Asamblea en la calle se acercaron a Elsa y a Rosa para preguntarles qué trámite estaban necesitando.
Quizá ante la presencia de cámaras y de periodistas, y en medio de la protesta pacífica de los trabajadores de ese organismo, la titular de la Dirección Técnica del Registro Provincial de la gestión macrista, Paula Parisi, se acercó personalmente a las mujeres encadenadas y les aseguró que desde “hoy ingresó el oficio a la centralizadora”, refiriéndose a la oficina que centraliza las defunciones y que está ubicada en la calle 44 entre 14 y 15.
“El oficio estaba mal labrado y tuvimos que enviarlo de vuelta a la Fiscalía”, les explicó. “El 3 de mayo ingresó aquí por primera vez”, agregó, mientras uno de sus secretarios mostraba un papel con fechas de ingreso y egreso.
¿Y entonces por qué se demoraron un año en entregar el cuerpo y seis meses en entregar este certificado?, les preguntó este medio. “Es un tema de Fiscalía”, se limitaron a responder, pateando la pelota para otro lado, como acostumbran los funcionarios de Cambiemos.
