Ubicado en Altos de San Lorenzo, el Barrio Evita alberga a más de doscientas familias que hace ya tres años llegaron a la zona y hoy ven su hogar en riesgo tras una denuncia del Ejecutivo de Julio Garro que se tradujo en una orden de desalojo dispuesta por el juez Guillermo Atencio, según detallaron.
Con este inminente desalojo que se haría efectivo el día miércoles, se movilizaron ayer a Tribunales para exigir que se dé marcha atrás con la medida. “En principio hubo dos denuncias. La primera por los privados, por los dueños del terreno, y otra por el Municipio. La primera fue desestimada, pero la del Municipio continuó”, explicó Cristian Rodríguez, uno de los delegados del Barrio Evita.
La notificación llegó el viernes pasado, por lo que los vecinos comenzaron a organizarse rápidamente. Entre asambleas y reuniones censaron a todo el barrio y resultaron ser más de doscientas las familias que fueron llegando en estos tres años a la zona que va de 26 a 29 y de 90 a 93, y que hoy reclaman que les den una oportunidad para formalizar sus viviendas. “No queremos nada regalado. Queremos evitar el desalojo, llegar a un acuerdo con el titular del terreno y pagárselo”, explicó Rodríguez.
En Tribunales lograron una reunión para mañana con la familia Aranda –los propietarios–, el juez Atencio y representantes del Ejecutivo local.
Silvana, frentista del lugar, destacó que con la organización vecinal “el barrio está todo conformado”, y si los desalojan “no tenemos nada, no tenemos dónde vivir”. “Nos sacan de ahí y terminamos en la calle”, agregó la vecina. “No tenemos un lugar a donde ir, dónde metemos a doscientas familias”, coincidió Rodríguez.
