Por Gabriela Calotti
En vísperas de una nueva sesión en la Cámara Baja que podría tener lugar el miércoles o jueves, según fuentes legislativas, y tras la fallida sesión de la semana pasada, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires volvió sobre este gravísimo hecho que ya había condenado días atrás.
«Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires exigimos la expulsión de sus bancas para los seis diputados que visitaron a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza, condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura», afirmó el organismo en un comunicado.
El 11 de julio pasado, los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci viajaron hasta el penal con la autorización del presidente de la Cámara de Diputados de la nación, Martín Menem, y pudieron ingresar a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza autorizados por la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, precisó la Subsecretaría.
De acuerdo con el comunicado del organismo que dirige Matías Moreno, «estos representantes del Congreso de la Nación asistieron al lugar para prometer libertad a estos asesinos repudiados por el pueblo argentino», y para ello contaron «con el impulso de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del ministro de Defensa, Luis Petri, lo que constituye un hecho absolutamente condenable».
La Subsecretaría consideró que «el Presidente Javier Milei es cómplice de esta visita a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo), presos en esa unidad a prisión perpetua por disposición de la justicia».
Los represores fueron condenados en diversos juicios que se llevaron adelante en nuestro país a partir de 2006 ante tribunales federales que respetaron su derecho a una defensa, derecho que los genocidas nunca concedieron a los detenidos-desaparecidos, a los miles de secuestrados que estuvieron en cautiverio en centros clandestinos de detención controlados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en particular en esta provincia, la Policía bonaerense.
«Frente a la apología de la dictadura y el negacionismo reiteramos que las condenas a los genocidas están basadas en el marco normativo internacional y el Pacto de San José de Costa Rica que sostiene que las graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas a tales delitos», sostuvo la Subsecretaría.
Los represores que cumplen condenas a perpetuidad por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio fueron hallados culpables de secuestro, tortura, abuso sexual, violación, robo de bebés, homicidio y desaparición de personas.
La semana pasada, la Subsecretaría de Derechos Humanos había repudiado las declaraciones del ministro de Justicia de la nación, Mariano Cúneo Libarona, favorable a la prisión domiciliaria para los represores que están en unidades penitenciarias mayores de 70 u 80 años.
Sus declaraciones y las de su par de Seguridad, Patricia Bullrich, van en la misma línea que el Gobierno negacionista destila desde antes de llegar a la Casa Rosada, sea a través del propio Milei o de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien ha reivindicado a los represores y a las Fuerzas Armadas en general.
«Que mueran como corresponde. Que pasen sus últimos días como corresponde. Eso es humanidad», dijo Cúneo Libarona a una radio mendocina, sin importar los delitos que cometieron. «Me parece que esas personas merecerían morirse en sus casas con una tobillera, de la mano de su esposa», agregaba el actual titular de Justicia de la nación.
La Justicia investiga la visita de los diputados
A raíz de la visita de los seis diputados a los represores, el abogado Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous presentaron una denuncia penal para que la Justicia investigue en qué circunstancias esos diputados ingresaron a la cárcel de Ezeiza, quién los autorizó, si cumplieron o no las formalidades para entrar a una unidad penitenciaria y quiénes estaban al corriente de la visita, entre otras cuestiones.
El juez federal Ernesto Kreplak, subrogante del juzgado de Lomas de Zamora –con jurisdicción en Ezeiza–, ordenó un allanamiento en la cárcel donde los funcionarios judiciales secuestraron el viernes pasado el libro de ingresos y visitas y las filmaciones de las cámaras de seguridad.
Una denuncia en el mismo sentido había presentado una de las diputadas que participó de la visita, Lourdes Arrieta, quien curiosamente figura en el centro de la fotografía que los diputados se tomaron, al parecer amablemente, con los genocidas.
Solamente 134 represores condenados están en una cárcel. La inmensa mayoría, que asciende a 508, cumplen domiciliaria desde hace años, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Tras la sesión caída días atrás, el oficialismo buscará conseguir el quorum para avanzar con proyectos propios, pero esta vez no podrá evitar que se repudie la visita a los genocidas.
Diversas fuentes señalaron que desde hace meses, por lo menos desde marzo, abogados de los represores vienen trabajando con enviados del Ministerio de Defensa en la redacción de proyectos para avanzar hacia un indulto, la prescriptibilidad de los delitos o, de mínima, el beneficio de la domiciliaria.
Llonto afirmó esta semana durante una entrevista en el canal de televisión A24 que ninguno de los represores alojados en Ezeiza visitados por los diputados de La Libertad Avanza tiene alguna enfermedad terminal.
