A un mes del inicio de clases, las medidas de ajuste y desregulación económica que afectan el consumo también se harán sentir en los bolsillos de las familias para la compra de útiles y el pago de matrículas y cuotas de las escuelas privadas. Este lunes, el Gobierno derogó 69 normas vinculadas al control de precios. De ahora en adelante los colegios privados ya no deberán comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, una información que era importante porque tras su examen se permitían o no los incrementos solicitados.
De esta manera, los colegios podrán ajustar las cuotas cuando lo crean conveniente y sin límites. La medida generó más incertidumbre y preocupación en un contexto de marcado deterioro del poder adquisitivo por el impacto de la devaluación de diciembre, el proceso inflacionario superior al 20 % mensual y los aumentos que no cesan por el corrimiento del Estado.
En este marco, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aclaró que en territorio bonaerense no habrá desregulación en el ámbito educativo privado porque Provincia subvenciona al 70 % de las instituciones de gestión privada y, por lo tanto, en función de los niveles de esa subvención, limita el monto de la cuota y la matrícula.
“En la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 (70 %) están subvencionados por el Estado”. De ese grupo, resaltó que “la mayoría tiene una subvención que se dedica a sostener entre el 80 y 100 % de los salarios”. Si bien “esos topes no son fijos, porque se van moviendo con la inflación, no hay desregulación”, añadió.
A pesar del “espíritu desregulador que tiene el Gobierno nacional” para que “haya menos Estado”, en el territorio bonaerense “hay una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo”, dijo el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof a Radio Provincia.
El funcionario subrayó que “no estamos diciendo ‘no a la educación privada’, le tenemos respeto” porque representa “el 30 % del sistema educativo bonaerense”, entre empresas educativas, hasta entidades parroquiales o cooperativas, y ofrecen “un enorme testimonio social”. Por el contrario, aseguró: “Reconocimiento a las escuelas privadas, subvención a las escuelas privadas y topes en las cuotas y matrículas para defender el bolsillo de las familias”.
La desregulación del Gobierno nacional para que los colegios dejen de informar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio se realizó paralelamente a la falta de una actualización presupuestaria, ya que el Congreso no votó una nueva ley y Milei tampoco actualizó por el momento los montos.
La situación genera incertidumbre con respecto a qué harán aquellas familias que no puedan costear los aumentos, debido a la falta de vacantes en el sistema público. En este punto, Sileoni dijo que “no estamos viendo una tendencia de traspaso” de las escuelas públicas a las de gestión privada, aunque “sí una mayor frecuencia de consultas en las jefaturas de distritos donde están nuestros inspectores”.
Aún así, señaló que ello de «ningún modo es un éxodo o una tendencia, sino que hay una inquietud mayor porque el tiempo que tenemos por delante es de incertidumbre», y recalcó que desde el Gobierno que encabeza Axel Kicillof no quieren «que haya un traspaso masivo porque no es el equilibrio que se desea”.
