Por Pablo Pellegrino
En un duro informe anual publicado este jueves, Amnistía Internacional alertó sobre los retrocesos en materia de derechos humanos en Argentina durante 2017. Criminalización de la protesta social, vulneración de derechos y discriminación de los pueblos originarios, endurecimiento de políticas migratorias, violencia hacia las mujeres y derechos sexuales son algunos de los principales señalamientos de la organización. También alertaron sobre las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y el incumplimiento por parte del gobierno de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para que liberen a la dirigente social Milagro Sala.
El organismo sostiene que se registraron “picos de violencia inusitada” en distintas manifestaciones durante el año pasado, en las que destaca el excesivo uso de violencia por parte de fuerzas policiales. La represión y las detenciones arbitrarias durante la manifestación del 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer, en el que varias de las detenidas denunciaron maltratos y haber sido obligadas a desnudarse por completo; la represión durante la protesta de docentes por la negociación salarial y los episodios registrados en diciembre durante la sesión del Congreso en la que se votó la reforma previsional, son algunos de los ejemplos mencionados en el informe.
En este sentido, señalan que existe “una tendencia preocupante” en el país hacia la represión y la criminalización de la protesta social, y destacan las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel “que tuvieron lugar en contextos de reclamos sociales”.
“La policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas”, resalta el documento en relación con la represión de diciembre pasado, cuando miles de personas se manifestaron contra la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo.
“La policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas”
Por otro lado, señalan el recrudecimiento de la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, que “no cuentan con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconoce su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales”. También destacan en este punto los ataques que algunas comunidades por parte de las fuerzas policiales y de Gendarmería Nacional, particularmente los episodios que tuvieron lugar en la Pu Lof en Resistencia de la provincia de Chubut.
Otro de los problemas que señala la organización es en torno a la violencia hacia las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos: “El Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”. Allí resaltan que entre enero y noviembre se registraron 254 femicidios.
“Hay una predisposición de líderes en diferentes partes del mundo a propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública”, sostienen en otro apartado en el que advierten sobre los ataques a periodistas, organismos de derechos humanos, entre otros, que fueron agredidos “en los últimos años con fake news (noticias falsas), trolls o bots (cuentas falsas de Twitter)”.
“La retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Los ataques pretenden generar un disciplinamiento y autocensura de quienes, en ocasiones, tenemos una mirada crítica hacia ciertas políticas de gobierno, sean periodistas, académicos o defensores de derechos humanos”, dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internaiconal Argentina, Mariela Belski. Y agregó: “El problema es que estas estrategias limitan la libertad de expresión y restringen las voces disidentes, afectando así al sistema democrático”.
Memoria, Verdad y Justicia
En cuanto al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, Amnistía Internacional destaca la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y recuerda la polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició con el régimen del “2 x 1” a un condenado por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
En ese mismo apartado, bajo el título “Impunidad”, analizan también la continuidad de las audiencias en el juicio por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina.
“Un decreto gubernamental emitido en abril de 2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas”, cuestionaron.
El informe completo:
