Por María Inés Fernández Álvarez*
Enero es un mes difícil para quienes la calle es el espacio en el que encuentran su principal fuente de ingresos a partir de la venta de mercaderías variadas. Se trata del mes predilecto por las autoridades porteñas para llevar adelante operativos policiales de envergadura que encuentran en la erradicación de la “venta ilegal” su fuente de legitimación.
Son operativos desarrollados en zonas céntricas y asiduamente concurridas que por ambas razones ofrecen a quienes allí comercializan sus productos la posibilidad de obtener ingresos promedios que garantizan una vida digna. Productos adquiridos en negocios mayoristas pero también alimentos, objetos y prendas usadas o artesanías y manualidades –según datos de una encuesta realizada en el marco de los proyectos UBACYT FI547BA y PICT-2015-0659 (ICA, FFyL, UBA) a 213 trabajadores del espacio público, el 36,2% fábrica la totalidad o parte de lo que vende y el 63,8% restante comercializa son productos adquiridos en negocios mayoristas que forman parte del circuito lega–.
En 2012, el blanco fue la calle Florida. Cuatro años después, el escenario se trasladó a la intersección de las avenidas Acoyte y Rivadavia. Hace dos días fue el turno de la estación Once y sus calles aledañas, sin duda, el espacio numéricamente más poblado por vendedores ambulantes, muchos de los cuales transitaron de una zona a otra acumulando experiencias de desalojo y enfrentamientos con la Policía.
Una excepción lo constituyó el operativo de la avenida Avellaneda, una zona menos céntrica de la ciudad, que, a diferencia de los mencionados, tuvo lugar en el mes de abril de 2016, donde se ensayó una metodología de tierra arrasada que se busca replicar esta semana en Once.
Las vidas de quienes hacen de la comercialización de productos en la vía pública su fuente de trabajo, reducidas a la peyorativa categoría de “mantero”, son tan heterogéneas como sus nacionalidades. Reúnen a personas expulsadas del mercado de trabajo formal con trayectorias forjadas en la calle que aprendieron, aun siendo pequeños, a ganarse el sustento con la venta ambulante.
“Mantero” es una categoría importada de otras regiones del mundo que se deriva del modo en que habitualmente organizan su espacio de trabajo tirando un paño en la calle sobre el que depositan la mercadería. Insistir en el uso de este término para hablar de quienes desarrollan esta actividad por sobre otros, como por ejemplo el de vendedor ambulante, es una forma simple y contundente de reducir un conflicto laboral a un problema de ordenamiento público. Pero también de connotar negativamente el sentido de estas vidas asociándolas unidireccionalmente a la idea de mafia.
“Mantero” y “mafia” son dos significantes repetidos en los medios masivos que se proyectan con creces en la opinión pública validando el accionar represivo –efectivo y potencial–. A tal punto que quienes se ven expuestos a pagar para trabajar son los depositarios de este estigma que corresponde atribuir a funcionarios y personal policial. Cuestionar una intervención cuyo discurso se afirma en el combate contra prácticas ilegales pero toleradas –como lo define con agudeza la antropóloga María Pita– exige para el común de las personas afinar nuestra mirada sobre lo que está en juego en este comienzo de 2017. Un año que será bisagra para nuestro país; no hay demasiado riesgo de equivocarnos con esta afirmación.
Para esto es necesario ampliar nuestra perspectiva, leer el operativo de Once por lo que nos dice no sólo del destino de estas vidas –sin duda, en adelante expuestas a condiciones de mayor precariedad e incertidumbre respecto del futuro, dado que dos meses de capacitación, pagos y un galpón cerrado, en el mejor de los casos, son espejitos de colores conocidos para gran parte de ellos por experiencias previas–, sino también por lo que nos habla respecto del futuro de la amplia mayoría de quienes formamos parte de la clase trabajadora y habitamos la ciudad de Buenos Aires.
El operativo de Once tuvo lugar el martes 10 de enero. Ese mismo día el presidente Macri anunció el plan de explotación del yacimiento “Vaca Muerta”, presentado como una “verdadera revolución del trabajo”. El acuerdo incluye un convenio laboral que reduce costos empresariales eliminando beneficios de los trabajadores. No es objeto de estas líneas analizar su contenido, sino señalar que este anuncio, a escasos días de iniciado el 2017, va de la mano de una serie de declaraciones del ministro de Hacienda, a poco de inaugurar su cargo, respecto de la necesidad de reducir costos laborales y empleo informal.
Visto a la luz de la “revolución del trabajo”, el operativo de Once es una forma conocida de disciplinamiento de la clase trabajadora a la que se le prometen espejitos de colores a cambio de su buen comportamiento: “para poder acceder al programa, los manteros deberán realizar un censo, estar inscriptos en el Monotributo Social y tener una caja de ahorro abierta, donde recibirán el dinero abonado por CAME”. Nada nuevo bajo el sol.
No menos significativo es comprender su sentido tomando nota del proyecto “Once Peatonal” presentado por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires mientras la asamblea de trabajadores desalojados permanecía deliberando sobre su destino. Se trata del avance de un proceso de gentrificación acelerado que se ha venido desarrollando en la urbe porteña en los últimos años y tiene correlato en diferentes países de América Latina, como la ciudad de México, Quito o Lima, por nombrar algunos ejemplos. Una ciudad elegante para pocos que debe ser limpiada de malos elementos: manteros que además son migrantes de países limítrofes y africanos.
Ubicar el operativo de Once en un registro de la ilegalidad mafiosa para desligarlo de lo que implica en términos de las consecuencias para el destino de los trabajadores y la ciudad que habitamos incluye invisibilizar también la óptica de las organizaciones gremiales que han venido acompañando a este sector, como es el caso de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Una organización que nuclea cooperativas y agrupaciones de trabajadores del espacio público, como es el caso de El Adoquín de San Telmo, conformada por artesanos y manualistas cuyos orígenes se remontan a la necesidad de juntarse para hacer frente a “las coimas” en la calle. Organización que ha sido en estos días sinónimo de mala palabra para funcionarios y medios masivos. Este uso del término privilegia su asociación a prácticas mafiosas por sobre su sentido político: la organización como espacio para disputar los derechos de los vendedores ambulantes a seguir haciendo de la calle un espacio común que los incluya.
* Doctora en Antropología (UBA-EHESS), investigadora adjunta del CONICET con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL, UBA) y profesora de la carrera de Ciencias Antropológicas (FFyL, UBA).
