La foto de una agente policial amamantando a un bebé en el Hospital de Niños de La Plata se viralizó en las últimas horas. La imagen de la oficial Celeste Ayala fue tomada por su colega Marcos Heredia, quien señaló las insalubres condiciones en que se encontraba el bebé. La precariedad de las condiciones de vida de la familia del niño había sido denunciada por el juez Luis Arias durante las investigaciones por las consecuencias de la inundación de 2013, una de las principales causas que motivó su destitución esta semana.
Sin embargo, el Estado provincial no hizo nada por esas familias y en 2016 el magistrado insistió con un nuevo amparo a favor de esos vecinos. En lugar de prestar asistencia, el poder político provincial eligió otro camino: utilizó esa denuncia para correr del medio a un juez “molesto”.
La situación de la familia del bebé –oriunda del barrio El Carmen, de Berisso– había sido incluida en un relevamiento en las zonas más castigadas por el fenómeno meteorológico de hace cinco años, en especial en asentamientos, villas y barrios donde la extrema vulnerabilidad de las familias de esas zonas representaba un enorme riesgo. El objetivo de la investigación buscaba respuestas inmediatas por parte del gobierno de María Eugenia Vidal para mejorar la calidad de vida de estas familias.
El instinto maternal ante todo https://t.co/wY33Ojhdbd
— El HuffPost (@ElHuffPost) August 16, 2018
Entre los detalles del relevamiento en aquel entonces señalaba que la familia del niño vivía “en un módulo de madera de pequeñas dimensiones, que forma parte de un asentamiento irregular. Además, remarcaba que “en la inundación el ingreso de las aguas deterioró la casa, perdiendo todas sus pertenencias”, y que vivían “sobre un piso de tierra”.
“Sus ingresos provienen de dos AUH, y de las changas y el cartoneo que ejerce el adulto varón del grupo familiar, aunque los recursos resultan claramente insuficientes. Se evidenció la necesidad de una solución habitacional urgente”, destacaba el informe.
Las condiciones de la familia fueron advertidas en 2016 en la presentación de una cautelar para relocalizar personas afectadas por la tragedia. La medida dirigida al gobierno de la provincia exigía el “reconocimiento de los derechos más elementales que hacen a la dignidad humana” y, en especial, “solicitar que se proceda a arbitrar todas las medidas positivas que signifiquen el acceso a los derechos fundamentales actualmente vulnerados de las personas afectadas en situación extrema con sus necesidades básicas insatisfechas”.
Cabe recordar que entre las principales causas que fueron incluidas en el jury de enjuiciamiento a Arias se destacaron el pedido al fiscal Jorge Paolini para que no hiciera público un número oficial de fallecidos por la inundación, además de sus amparos contra los tarifazos de luz y sus intervenciones en operativos de desalojo en barrios de la periferia platense, entre otros puntos.
