Por Carlos Ciappina
El lunes 23 de noviembre por la mañana, el periódico La Nación desplegó un editorial que entrará en la larga historia de apoyo a crímenes y dictaduras que posee dicho medio, “Tribuna de Doctrina» como lo quiso Mitre. El editorial pedía el fin de la “venganza” (en su mundo del revés, para La Nación la justicia democrática es venganza y los crímenes de las dictaduras varias son en defensa de la República) y la liberación de los condenados y enjuiciados por los peores crímenes de la historia argentina.
La desmesura del editorial generó sorpresa en los menos politizados y críticas en el propio staff del diario y en buena parte del sistema político (excepción hecha del PRO, obviamente), inclusive en los que habían sido “opositores” hasta el mismo día 22 de noviembre.
Pero esta desmesura es sólo aparente: como en otros momentos de la historia argentina, el diario de los Mitre percibió en toda su profundidad lo que había pasado el 22 de noviembre con el triunfo de la Alianza PRO-Radical: se había reconstituido totalmente el verdadero poder hegemónico en la Argentina. En la elección del 22 de noviembre se jugaba el acceso y control del Estado nacional, el espacio que el kirchnerismo transformó y amplió como instrumento clave para reconstruir la Argentina destruida por el neoliberalismo de los noventa. Ese Estado a cargo de una fuerza política nacional con objetivos democrático-populares llevó adelante un proceso en dos dimensiones: se reconstruyó a sí mismo a la vez que generó las políticas y acciones que ampliaron la esfera de acción sobre los poderes reales de la economía, los organismos de crédito internacionales, y permitió alcanzar los logros en la ampliación de derechos económicos, sociales y culturales con una gama de programas e iniciativas políticas inéditas para los últimos sesenta años de historia argentina.
La Nación, en su reclamo brutal y directo, daba cuenta de lo que había ocurrido con el triunfo de la alianza radical-pro: se removía el principal obstáculo para que el Poder fáctico retomara totalmente el control de la Argentina, y con un plus inédito: el triunfo del 22 de noviembre es el primero en el que el candidato de la derecha y el conservadurismo llega al poder con el voto.
De este modo, el Estado nacional se reconfiguró durante doce años para llevar adelante un proyecto federal que hiciera de la política la herramienta de transformación y al mismo tiempo de control y conducción de los poderes hegemónicos tradicionales de la Argentina: los terratenientes y sus organizaciones corporativas; el sistema financiero articulado nacional e internacionalmente; la gran industria nacional e internacional; el sistema oligopólico de medios privados y el sistema judicial de origen elitista, cerrado y corporativo.
La Nación, en su reclamo brutal y directo, daba cuenta de lo que había ocurrido con el triunfo de la alianza Radical-PRO: se removía el principal obstáculo para que el poder fáctico retomara totalmente el control de la Argentina, y con un plus inédito: el triunfo del 22 de noviembre es el primero en toda la historia argentina del voto universal en el que el candidato de la derecha y el conservadurismo llega al poder con el voto. La legitimidad del proyecto neoconservador es ahora impecable en términos democráticos y las medidas y políticas que tome podrán ser criticadas y atacadas por sus efectos, pero no por su carencia de legitimidad legal (al menos inicialmente).
Los poderes fácticos nunca fueron doblegados totalmente en el período 2003-2015, pero, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, lograron grados de autonomía política y económica inéditos en relación con esos poderes reales:
– Las retenciones a la exportación de granos significaron una contribución esencial para el Estado nacional y una política de recuperación de la súper renta agraria, sólo comparable al IAPI y única por sus proporciones en toda América Latina.
– La nacionalización de las grandes empresas privatizadas en los noventa y de los recursos jubilatorios privó al capital concentrado y al capital financiero de una renta que se destinó a reconstruir la infraestructura pública y los sistemas de renta universal de la nación.
– El control y administración de la pauta cambiaria evitó las corridas y las megaganancias de los sectores especulativos del gran capital y sus aliados del sistema financiero internacional, protegiendo el valor de la moneda local y, por lo tanto, al salario.
– La legislación sobre medios se propuso cambiar el patrón concentrado y oligopólico de los grandes medios de comunicación (opositores despiadados a las políticas populares del gobierno kirchnerista), a la vez que habilitar definitivamente las posibilidades de medios locales, regionales y populares.
– En política exterior, el alineamiento con los países latinoamericanos fortaleció las estrategias de integración y obstaculizó los intentos de continentalizar el ALCA.
– El sistema científico y el Universitario público se expandieron y reconstruyeron en clave nacional.
El Estado nacional fue el instrumento para esta transformación profunda de la anterior matriz neoliberal de la Argentina.
Aquí es donde el diario La Nación vio inmediatamente el significado del triunfo aliancista del domingo 22 a la noche: sin ese Estado nacional en manos del peronismo/kirchnerismo, el poder real, como si fuera una esponja sometida a presión y se la soltara, recuperaba su forma original y ocuparía el espacio “que le correspondía”. La elección del 22 a la noche es la condición de posibilidad del fin de las retenciones y el desfinanciamiento correspondiente; de la tercerización o reprivatización de la energía (YPF); de la apertura financiera e importadora con la consecuente liberación de los mercados cambiario (para la especulación y salida de divisas del país) y productivo (con el consiguiente ingreso de bienes que competirán con los producidos en el país); de la puesta en crisis de los organismos de integración latinoamericanos (MERCOSUR-UNASUR) y de la consiguiente rediscusión y puesta en agenda del ALCA y del fin de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que los oligopolios aliados de la alianza PRO-Radical detestan porque propone democratizar la información y la palabra.
El poder real en la Argentina está conformado por los grandes terratenientes y los pooles de siembra que controlan la producción agropecuaria; la gran industria nacional e internacional que controla la producción y los precios internos; el sistema financiero que especula con la moneda extranjera y la remisión de remesas al exterior; el sistema judicial en general (con excepciones) y en especial la Corte Suprema de Justicia que impide la plena vigencia de las normas que amplían y garantizan derechos; y el sistema monopólico de medios que se ha encargado de transmitir permanentemente que el poder real es la “clase política”.
Por eso el editorial de La Nación no deja de ser certero: el único casillero que el poder real hegemónico no controlaba en la Argentina cambió de manos en la elección del último domingo: economía, justicia, medios oligopólicos y Estado nacional (más algunos subnacionales) estarán ahora en las mismas manos. Con la excepción de un sector significativo del Poder Legislativo y el sistema público de las Universidades, el Estado será ocupado por los/as gerentes del capital; avalado por los representantes de la corporación judicial y con el apoyo (ostensible antes y ahora) de los oligopolios mediáticos.
No es excesivo preguntarse qué expectativas se le plantean a la democracia cuando, en vez de incrementarse la “división de poderes”, estos se concentran. Hoy la República está en un profundo riesgo: el precario equilibrio que se construyó a partir de 2003 ha desaparecido con el triunfo neoconservador: Estado, medios oligopólicos, Corte Suprema de Justicia y el gran capital serán, por primera vez desde los tiempos de la década infame, una sola cosa, un solo actor económico social.
De eso se anotició La Nación antes que nadie: tamaño poder podría retroceder el reloj tan atrás que hasta sería posible reclamar la libertad de los genocidas.
Para sumar una nota de incertidumbre a este diagnóstico es necesario agregar que lo que ha ocurrido el 22 de noviembre es un triunfo electoral. Generar las condiciones para gobernar, aun con el apoyo del poder real, es muy otra cosa.
