Por Carlos Ciappina
El poder político tiene una condición definitoria: sólo se sostiene en la búsqueda de mayor poder. Y cuando ese poder político se instala en su instrumento moderno de acción -el Estado- la tentación de lograr el “poder absoluto” es, casi siempre, el preanuncio del poder totalitario.
Los teóricos políticos de fines del siglo XVIII y principios del XIX tuvieron muy en claro esta característica del poder político y, liberales al fin, idearon una democracia en donde el poder estuviera repartido entre diferentes esferas de gobierno, cada uno con límites precisos y diferentes modos de elección. Lo que no pudieron imaginar era que el Estado iba alcanzar a principios del siglo XX una dimensión tan profunda que, se propuso lograr el “poder absoluto o total”.
Los ejemplos históricos son, por desgracia, abundantes. En especial en el muy totalitario siglo XX. El nazismo ha sido señalado, con razón, como el modelo “acabado” de totalitarismo. No estuvo sólo: al fascismo italiano le faltó tiempo o quizás poder económico para cerrar el círculo totalitario. El stalinismo probó que los ideales más bellos podían transformarse en una pesadilla totalitaria y no faltaron los intentos de los Khmer Rouge en Camboya o del régimen de Ceaucescu en Rumania.
En la América Latina del siglo XX el afán totalitario se reservó a las dictaduras cívico– militares del Cono Sur: en particular dos de ellas, el Pinochetismo y el “Proceso de Reorganización nacional” de los genocidas Videla, Massera y Agosti. Prohibidos los partidos políticos, cerrado el Congreso, suspendidas las constituciones, controlada la prensa, perseguida la educación e intervenidos los sindicatos. En ambos casos, Chile y Argentina; los dictadores parecieron lograr el poder absoluto: decenas de miles de desaparecidos y muertos fueron necesarios para lograr el poder total. Dato relevante: estos modelos totalitarios latinoamericanos se sostuvieron internacionalmente con el apoyo de la democracia norteamericana e ideológicamente en la idea de preservar al “mundo libre”. Paradojas del discurso.
Pero esta búsqueda del poder total tenía, en la experiencia latinoamericana, un sentido instrumental: el poder totalitario fue el modo en que se preservó y expandió el poder del capital. La paranoia anticomunista, anti-socialista, anti peronista y anti todo lo que fuera movilización y expresión popular escondía el verdadero objetivo de consolidar y ampliar la renta del gran capital y permitir el despliegue de los dos primeros intentos neoliberales en el continente: el Plan monetarista de los Chicago Boys en Chile y el Programa desregulatorio de Martínez de Hoz en Argentina. En América Latina, totalitarismo y capitalismo neoliberal fueron de la mano.
Esta búsqueda del poder absoluto alcanzó, en nuestro país, ribetes escalofriantes: todo el aparato estatal quedó en manos de Fuerzas Armadas y sus aliados civiles , se controló férreamente la totalidad del sistema educativo (desde jardín de Infantes hasta las universidades) sufrieron purgas los docentes, hubo censuras de libros, el control de todos los canales de televisión quedó en manos del Estado, la censura previa y post, la quema de libros, el cierre de teatros….y su corolario final: el Plan sistemático de desaparición de personas: 30.000 ( o más según las últimas investigaciones) ciudadanos/as de todas las edades , religiones, trabajos, carreras, gremios, organizaciones políticas desaparecidas en manos del Estado totalitario. No es ocioso señalar que algunos funcionarios de ese estado totalitario están hoy en el gobierno argentino y/o lo apoyan fervientemente.
Iniciado el siglo XXI, asistimos hoy a una nueva modalidad de tentación totalitaria en América Latina. El objetivo final sigue siendo el mismo que el de las viejas dictaduras pretorianas: sostener el statu quo de una sociedad profundamente desigual y mantener el estado de dependencia e indefensión frente al capital transnacional. Esta combinación, profundización de la desigualdad y profundización de la dependencia (y todas sus terribles consecuencias sobre nuestras sociedades) se llama hoy neoliberalismo.
¿Neoliberalismo y totalitarismo? Parecen una dupla “extraña”, en particular porque no vemos líderes caudillescos llenos de medallas señalando lo que está bien y lo que está mal, tampoco señores con charreteras marchando a paso de ganso, ni proclamas marciales, ni objetivos mesiánicos basados en las supremacías culturales, raciales o ideológicas a cargo del Estado. Ese totalitarismo, el del Siglo XX, ha pasado de moda.
Hoy enfrentamos el riesgo del despliegue de un nuevo tipo de totalitarismo. Mucho mas sutil y difícil de desmontar. Argentina y Brasil están señalando el camino a seguir en ese sentido.
Para un observador desprevenido -muy desprevenido- en la Argentina (y aún en Brasil pues el golpe a Dilma lo hizo el propio Congreso) hay una democracia basada en el voto popular y el funcionamiento de las instituciones de la República. Para un observador un poco más avezado, las cosas no parecen tan simples…….
Está en ciernes la conformación de un Estado de excepción en América Latina (a la democracia se entiende) , paso previo a lograr el poder total. ¿En qué consiste este totalitarismo del siglo XXI latinoamericano? ¿Cuáles son los rasgos que podemos identificar en nuestro país para hacer tal afirmación?
1-El desprecio y la deslegitimación por las instituciones republicanas: El caso de Brasil y el golpe institucional sin ninguna fundamentación judicial contra la presidenta legal y legítima es un ejemplo claro. Pero en nuestro país, en donde el gobierno goza de legitimidad de origen se han sucedido y ampliado la vulneración a las instituciones democráticas: el presidente anunció e intentó nombrar a los jueces de la Corte Suprema de la Nación por Decreto; dejó sin efecto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por Decreto del Ejecutivo; anunció ahora la modificación de la Ley de Salud Mental por decreto. No estamos hablando de el uso de los decretos del Ejecutivo sino de la sustitución del poder legislativo por la decisión individual de la presidencia.
2-La colusión entre el poder económico y el poder político-estatal: hay un proceso inédito de colonización del aparato estatal por parte de representantes de las grandes empresas de carácter nacional y transnacional. La ubicación en las áreas decisivas del Estado (Ministerios y Organismos Nacionales) de representantes y/o personal con experiencia en gerencia (y aún dueños) de empresas privadas, tiene una larga tradición en América Latina, tradición que ha sido, aun así, marginal. Lo que ocurre hoy en Argentina y Brasil (para poner sólo dos ejemplos significativos) en relación a los vínculos entre empresas privadas y Estado es de una dimensión absolutamente nueva: los cargos ministeriales claves en áreas de Energía, Agroindustria, Transporte y el sistema bancario y financiero, han sido ocupados por representantes y/o miembros activos de empresas y grupos de interés. En la Argentina por ejemplo, el Ministerio de Energía le has sido dado a un exgerente y actual accionista de la Shell; el área de transporte a un empresario dueño de una de las mayores empresas de venta de vehículos del país; el Ministerio de Agroindustria al presidente de la Sociedad Rural y el Banco Central y las áreas de Economía a ex CEOs de Fondos Financieros internacionales y /o Organismos de crédito internacionales. La conducción del Estado está privatizada a un nivel único en el mundo. La mediación política entre Estado y Mercado ha dejado de existir: los dueños del capital controlan todas las ventanillas: el área del mercado, los organismos regulatorios y los modos en que se fijan precios y tarifas.
3-La colusión entre el sistema judicial y los intereses político-económico del partido de gobierno: el caso argentino es paradigmático. La judicialización de la política no es , por supuesto, nada nuevo. Pero las dimensiones del rol político de amplios sectores del Poder Judicial son hoy inéditas: las causas judiciales contra los opositores políticos del actual gobierno avanzan con una celeridad notable mientras ninguna de las causas que afectan a funcionarios de los distintos niveles del gobierno lo hacen. Los modos en que se realizan las detenciones en causas de tinte político complementan la estigmatización. La figura de la prisión preventiva, figura legal pero de excepción, se ha vuelto la norma cuando de opositores se trata: los/as ciudadanos están siendo encarcelados sin que se establezca una sentencia firme. El caso paradigmático es el de la dirigente social Milagro Sala (desoyendo incluso el gobierno los señalamientos de la CIDH y otros organismos internacionales). Otros opositores están en la misma situación. Presos sin juicio finalizado y sin condena. Los medios masivos de comunicación completan la tarea: la estigmatización no espera sentencia judicial. Los opositores son culpables.
4-La ampliación y profundización del aparato represivo: baste señalar que en los dos primeros años de gobierno en la Argentina el presupuesto de Seguridad (interna, no militar) subió el 476 % (según datos del propio Ministerio de Seguridad). El reequipamiento se orientó a la “modernización” de los equipos represivos orientados a la contención/represión de la protesta social: carros hidrantes nuevos, elementos de protección antidisturbios (chalecos, cascos, gas pimienta, bastones, escudos), camionetas artilladas.
A este conjunto de armamento destinado a la protesta social, se le deben agregar los protocolos de “seguridad” para evitar la libre expresión en las calles (esencia de la vida democrática) y sofisticados elementos de rastreo y ubicación informáticas. El gobierno nacional argentino ha ordenado y realizado allanamientos e intervenciones judiciales (y extrajudiciales) sobre ciudadanos/as que han expresado sus opiniones políticas y sociales en las redes sociales.
Se ha vuelto natural que las expresiones de protesta social y política en las calles -digamos, la expresión democrática por excelencia- se encuentre rodeada de un aparato represivo de dimensiones absolutamente desproporcionada: se busca claramente intimidar y desnaturalizar la expresión popular en las calles. En el caso argentino la figura de la desaparición forzada de personas (terrible expresión y experiencia de las épocas pretorianas) ha reaparecido como resultado del accionar represivo en la protesta mapuche y la muerte de Santiago Maldonado.
5-El rol de los medios hegemónicos de comunicación social: la colusión-cooptación y/o apoyo de los medios hegemónicos de comunicación social es ya, un caso bien estudiado en las actuales democracias latinoamericanas. En el caso Argentino y Brasileño, esta relación entre establishment económico, poder político y medios masivos de comunicación ha alcanzado su punto más alto. Pero en la Argentina en particular, el sistema de concentración de medios y el pensamiento único por parte de periodistas y empresas de comunicación roza, nuevamente, con las experiencias totalitarias.
Las voces opositoras han desaparecido de los canales de aire, las que quedaban en los canales pagos han sido despedidas sin motivos aparentes (aún con altos niveles de rating) y lo mismo ha ocurrido con las radios de audiencia masiva. El procedimiento es simple pero efectivo: los medios privados que se animan a oponerse al gobierno a cargo del Estado son hostigados judicialmente y económicamente. Allí juegan un rol especial los jueces sensibles a las demandas políticas del gobierno y el manejo totalmente discrecional de la pauta publicitaria estatal que premia a los propios y castiga a los opositores. ¿El resultado? La tenaza entre causas judiciales y ahogo económico da sus frutos: los medios despiden a sus perfiles más opositores y ganan algún respiro para continuar en el aire. Así, las voces disidentes han prácticamente desaparecido de los medios masivos.
Este sistema novedoso de censura y control mediático se complementa, tanto en Brasil como en Argentina, con oligopolios mediáticos absolutamente monopolizantes de los medios de comunicación: el grupo Clarín y la Red O Globo poseen diarios, canales de TV abiertos y de cable, empresas de telecomunicaciones, compañías de internet; lo que les da una capacidad de construcción de agenda pública y presión política que envidiaría el propio Goebbels.
6-Los proyectos y propuestas intimidatorias de políticas públicas: los nuevos gobiernos de derecha en este siglo XXI agregan a estas características autoritarias las propuestas de política pública que atemorizan y desestructuran a amplias capas de la población: las Reformas laborales de Brasil y Argentina se proponen modificar de cuajo el estatus protegido del trabajo, promover la flexibilización, la baja salarial y la discrecionalidad del capital frente a aun empleo desprotegido. La profundización de la política de endeudamiento externo anuncia un horizonte de dependencia externa que se extenderá por décadas; el anuncio de grandes reformas jubilatorias en Brasil y Argentina (reformas que servirán para contener el déficit fiscal y pagar deuda externa) ponen en situación de angustia a millones de jubilados y futuros/as jubiladas. Los anunciados recortes en áreas públicas claves como salud y educación amenazan los servicios mínimos para los sectores sociales más vulnerables.
Cuando nos referimos, pues, a la tentación totalitaria en América Latina del siglo XXI, queremos enfatizar que se está reconfigurando un modo especial de modelo totalitario: en un proceso que recién está comenzando, se van articulando un conjunto de procesos económicos-políticos-sociales y culturales que van angostando la vida democrática por el deterioro de la instituciones republicanas, la colonización empresarial del Estado, las crecientes falencias para garantizar una justicia independiente del poder económico-político, la ampliación y profundización del aparato represivo, la inexistencia de pluralidad comunicacional y los modos extorsivos y amenazantes que adquieren las políticas públicas. ¿Es posible que esto ocurra aunque haya elecciones regularmente? La respuesta es simple: está ocurriendo. Cuando el poder se trasforma en absoluto, estamos en presencia del modelo totalitario.
La resistencia a la construcción de un modelo societal totalitario no es un tema que incumba a un solo grupo político-partidario. Cuando este nuevo totalitarismo latinoamericano cierre completamente el círculo, las consecuencias afectarán a la totalidad de la sociedad civil. El primer paso para recuperar y valorizar la democracia latinoamericana es reconocer, sin eufemismos, los riesgos de un verdadero y nuevo totalitarismo, esta vez de la mano de la matriz societal neoliberal. El segundo paso es un llamamiento a la sociedad civil para movilizarse democráticamente en los ámbitos sociales, culturales, políticos y educacionales; buscando la unidad en la diversidad más absoluta. Hoy, como nunca, las luchas democráticas y emancipatorias tendrán que articularse entre sí en nuestra castigada América Latina.
