Por Roberto Álvarez Mur
“Destacamos que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se han verificado condiciones de funcionamiento que han sido largamente superadoras de los principios establecidos por la Ley Universitaria”, expresa en sus primeros párrafos la declaración formulada por el Consejo de Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC), quienes piden la “profundización y continuidad de las políticas educativas”. El documento manifiesta la posición de apoyo del colectivo académico respecto de los diversos avances en materia de Educación Superior, donde incluyen la creación de las diecisiete nuevas Universidades públicas, el incremento sustancial de presupuesto para el desarrollo de investigaciones y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La iniciativa surgió luego del último congreso realizado en San Juan, donde participaron las diferentes Facultades públicas que componen el organismo.
En este sentido, el texto afirma que en la última década la Universidad no fue ajena a los cambios en las políticas educativas. Remarca que el presupuesto universitario se incrementó de manera significativa, pasando del 0,5% del PBI, al 1% en el período 2003-2015, sin contar las importantes inversiones (por fuera de dicho presupuesto) para infraestructura e investigación. Esto, detallan los decanos, se explicita en la elevación de la matrícula universitaria, que ronda el 33%, y de graduados, en un 93% entre 2001 y 2014.
“Esta declaración se presenta en concordancia con un escenario electoral en el que se pueden observar diversos proyectos de país. En ese sentido, creo que debemos revalorizar el proceso de conquistas sociales que ha vivido el país en los últimos años”, dijo a Contexto María Alejandra Wagner, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, institución adherente al CODOSEC. “En este marco coyuntural hay dos modelos muy explícitos: por un lado, hay una corriente muy ligada a la vieja usanza de una mirada restrictiva, exclusiva, y de la Universidad como una formación de élite”, señaló Wagner. Y agregó: “En cambio, existe un modelo que debemos profundizar, que es el que ha puesto en agenda las discusiones más importantes sobre la cultura y la educación, y a través del cual considero que podremos arribar a una nueva Ley de Educación Superior”.
«debemos revalorizar el proceso de conquistas sociales que ha vivido el país en los últimos años”. Alejandra Wagner, decana de Trabajo Social de la UNLP.
Repatriaciones, inversiones y elecciones
Entre otros aspectos, la declaración emitida por el CODESOC destaca la repatriación de más de 1.300 científicos, las políticas de promoción de la actividad científica básica y aplicada, y el carácter de inclusión instaurado en el sistema universitario. Además, subraya la creación de diferentes organismos y programas de trabajo, como Prosoc I, Prosoc II, Doctorar y PISAC.
Por otro lado, en vistas a un recambio de gobierno venidero, la declaración insta “a los candidatos a ocupar cargos electivos del más alto nivel, a expresar su compromiso de sostenimiento y profundización sobre las mismas y sobre los principios fundamentales del sistema universitario público”, y solicita que “se comprometan a sostener el sistema público de Educación Superior, su gratuidad e inclusividad; a respetar la autonomía universitaria y el sistema de cogobierno; a apoyar el actual crecimiento armónico del sistema; a vincular las investigaciones universitarias con las necesidades sociales y las instituciones públicas, para construir así una Universidad al servicio del pueblo; a reconocer la educación como bien público y social, como un derecho humano universal y, principalmente, como una responsabilidad del Estado”.
La declaración de los decanos insta también a «construir una Universidad al servicio del pueblo; a reconocer la educación como bien público y social, como un derecho humano universal y, principalmente, como una responsabilidad del Estado”.
“La Universidad Pública Argentina, autónoma, gratuita y cogobernada, debe seguir asumiendo su responsabilidad histórica como herramienta central para facilitar el desarrollo de nuestra patria y el bienestar de su pueblo, garantizando la calidad de los conocimientos impartidos, los niveles de pregrado, grado y posgrado, contribuyendo desde allí a la reducción de la brecha social”.
Desde 2003 a la fecha, las políticas de Estado dejaron en claro que aquella vieja consigna universitaria de que la academia debía acercarse al pueblo mutó en una nueva necesidad, y, por ende, un derecho: que el pueblo siga accediendo a los estudios superiores.
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