Durante el año 2020, 2,8 millones de hogares de la Argentina salieron de la condición de pobreza energética en la que habían ingresado durante el período de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Se trata de nueve millones de personas que ahora pudieron acceder a este derecho esencial.
Así lo reveló un informe del recientemente creado Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP), que, basado en datos del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), destacó las medidas que tomó el Gobierno nacional en materia de política tarifaria. En particular, el congelamiento tarifario y los programas de asistencia desplegados por el Estado.
«En 2020, la cantidad de hogares con Pobreza Energética cayó: los deciles 2 y 3 se ubican debajo del límite inferior (10 por ciento) de los ingresos. Y de modo convergente, los hogares del decil 1 tienen el mismo comportamiento: descienden y dejan de estar en condiciones de Indigencia Energética», indica el informe del OSP-UNLP.
El estudio remarca que, de acuerdo con las estimaciones del ENARGAS sobre pobreza energética, tres millones de hogares cayeron en esa condición entre 2016 y 2019, producto de los aumentos tarifarios de la anterior gestión que imposibilitaron el pago por parte de las familias. «Al trazar la comparación con 2015, el incremento fue del 220 por ciento, lo que representa que desde entonces 2.939.000 hogares más entraron en esas condiciones», precisa.
Como contrapartida de esa situación, el año pasado el Gobierno nacional ordenó no incrementar las tarifas de servicios públicos y estableció un período de transición tarifaria hasta que se determinen definitivamente los nuevos cuadros para los valores de la energía eléctrica y el gas por redes.
Para todo este año, el Gobierno aumentó el 1º de junio las tarifas de gas de los hogares en un 6 %. Mientras que ajustó las tarifas de electricidad en abril y mayo, del 3 % a nivel nacional y 9 % para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Para este último caso, Edenor y Edesur habían pedido subas de hasta el 45 %.
El informe del OSP-UNLP agregó que la «disminución ostensible» en la pobreza energética de los hogares argentinos está vinculada «al rol de los programas de asistencia desplegados por la administración del Estado nacional y al congelamiento tarifario» durante 2020.
El concepto de «pobreza energética» se basa en la definición adoptada en el documento «Energy Poverty Handbook», según el cual «un hogar sufre de Pobreza Energética (PE) si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada (régimen de calefacción adecuada), requiere gastar más del 10 por ciento de sus ingresos totales en energía». Y agregó que «si afectan al 20 por ciento de los ingresos, entonces el hogar pasa a estar en situación de Indigencia Energética (IE)».
A su vez, el informe recuerda el fallo de 2016 de la Corte Suprema que estableció que «es obligación del Estado garantizar en condiciones justas, razonables y asequibles el acceso a los servicios públicos esenciales para el conjunto de la población».
Por último, concluye que «las decisiones gubernamentales en torno a las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas deben asegurar de manera efectiva los derechos sociales fundamentales con rango constitucional del conjunto de la ciudadanía».
La UNLP puso en funcionamiento el OSP en mayo de este año. Está integrado por entidades de la sociedad civil ligadas al petróleo y la energía eléctrica e investigadores provenientes de diversos centros de investigación de la Universidad.
