Por Claudia Villamayor
En septiembre de 2015, Clarín intentó comprar por 178 millones el 100% de Nextel, pudiendo adquirir sólo el 49% dado que fue objetado el total de la adquisición por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Comunicación y la Información (AFTIC) siguiendo la política de democratización de las comunicaciones marcadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 aprobada por la mayorías de las cámaras de diputados y senadores en el año 2009.
AFTIC, organismo que garantiza democracia y participación junto a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), fiel al seguimiento del cumplimiento de la norma que regula la distribución de la palabra de todos los sectores –privado, público y sector social–, tomó medidas acorde a la ley y procedió a anular la operación al señalar que las compañías no habían pedido la autorización necesaria para cerrar el acuerdo y, sobre todo, regulando para garantizar el cumplimiento de la ley y el derecho a la comunicación en la Argentina.
Clarín, por su parte, hizo uso de la presentación de una medida cautelar para impedir la aplicación de la norma y lograr la expansión sin límites de sus negocios, llevándose puesto el derecho a la comunicación de todos los sectores sociales que conciban la comunicación como bien social. Como es de público conocimiento, adecuarse a la LSCA 26.522 no ha sido ni es de su preferencia. La corporación mediática necesita no sólo medidas cautelares, sino connivencia gubernamental con el neoliberalismo, que no tiene problemas con que se favorezca el poder concentrado de la economía del cual forma parte en la medida que le sirve para fines político-culturales. Por este motivo, y gracias al DNU del presidente Macri, se dejan sin validez varias de las iniciativas democráticas de la LSCA, entre ellas los organismos autárquicos como AFSCA y AFTIC. Al dejar ambos organismos disueltos por decreto, ahora la compra deberá ser aprobada por el directorio de la ENaCom, que cuenta con mayoría automática del Ejecutivo. Si bien aun se espera la decisión de la Justicia sobre el DNU, el avance del grupo multimediático es apoderarse de la telefonía celular.
El grupo logró que Cablevisión se quedara con el 51% restante del capital de la operadora propiedad del grupo norteamericano NII Holding. Alcanzó su objetivo luego de una reunión que el presidente mantuvo con Héctor Magneto, activo partícipe y estratega de la comunicación del grupo Cambiemos y su sostenibilidad en sus primeros cincuenta días de gobierno. Claramente, con el blindaje mediático dispensado por esta corporación y similares, la estrategia comunicación elude las consecuencias para la democracia de convertir la comunicación en un negocio más, vector clave para sostener las políticas neoliberales que llevan adelante los CEO del Gobierno actual.
Los acuerdos están más o menos evidentes. El decisión de Clarín es ampliar sus negocios sin regulación alguna, concentrar propiedades y políticas de comunicación. Comprar Nextel es la primera táctica para llegar al objetivo mayor, que es adueñarse de la telefonía celular en la Argentina.
Lo que necesita el grupo es que ENaCom lo apruebe. Para eso tiene noventa días. Si el Estado no lo hace, automáticamente Clarín se queda con todo gracias al Decreto de Necesidad y Urgencia número 267/16 que el actual presidente sancionó inmediatamente luego de asumir, en un claro gesto de agradecimiento por la campaña electoral a la que Clarín contribuyo sustantivamente.
Rumbo al 3G y 4G
Actualmente, el mercado móvil argentino se reparte del siguiente modo: Claro (América Móvil) tiene 21 millones de líneas, el 33%; Telecom, 20 millones, el 32%; Telefónica, 20 millones, otro 32%; y Nextel, 2 millones, un 3%.
Nextel es la más pequeña, pero, al comprarla, el multimedio ingresa al mercado de la telefonía celular. Paso previo a un viejo interés del grupo que es quedarse con Telecom para lograr ingresar a las grandes ligas del mercado competitivo de las telecomunicaciones y, en este caso, dar rienda suelta a librar batalla con el gran competidor llamado Telefónica, integrado por capitales españoles.
Con la comprar de Nextel, Clarín logra dar servicios de 3G y 4G y luego cuádruple play. ¿Qué quiere decir?: una misma empresa te ofrece radiodifusión, telefonía fija, telefonía móvil e Internet.
Detalles que aclaran mientras oscurece
El sistema de medios de comunicación se puede dividir por origen del capital, nacional o extranjero, por tecnología o por los considerados medios chicos o medios grandes.
Si los clasificamos por tecnología, tenemos por un lado los medios de radiodifusión, que son la radio y la tele abierta. Es decir, el aire del espectro radioeléctrico. Por otro lado, los medios de telecomunicaciones. Estos últimos utilizan sistema de red punto a punto. La diferencia con el sistema de radiodifusión es que hay ida y vuelta. Emisor y receptor tienen la misma capacidad de emitir.
Gracias a la evolución de la tecnología, la telefonía celular no necesita cables y resulta un excelente negocio que hoy por hoy está en un 97% dominado por Telefónica, Telecom y Claro. En varios países del mundo existen normativas para que no se pueda aglutinar todo en una sola empresa. También así pasaba gracias a la LSCA 26.522 promulgada por mayoría parlamentaria en el año 2009. El decreto de Macri elimina es normativa de la democracia para beneficiar al principal grupo mediático que lo favoreció en la campaña, y al mismo tiempo le sirve para sostener cultural y comunicacionalmente las medidas que va tomando el gobierno de Cambiemos, distrayendo a la ciudadanía de las reales consecuencias.
Para lograr su viejo cometido y alcanzar la expansión de sus negocios, Clarín necesita una red de cable para conseguir montar el servicio de 4G. Si bien Nextel (3% del mercado) proporciona 2G y servicio de radio, necesita que el Estado se la otorgue, y eso es posible porque tiene disponible.
Desde hace unos años, el Estado tiene la posibilidad de dar líneas para el sistema 3G (que usan los teléfonos celulares) o el 4G, que es el que puede enviar datos por Internet y transmitir Internet. Años atrás eso se le había otorgado a una empresa que se llamaba I.LINK, que tenía entre otros capitalistas al Grupo Vila Manzano, pero finalmente no lo pudo pagar y la tuvo que devolver al Estado hacia el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Macri, aliados radicales y las políticas de comunicación para Clarín
El decreto presidencial 267/2016 realizó cambios trascendentes que afectan y demuelen artículos definidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Uno es el que modificó las restricciones para realizar una transferencia de acciones, habilitando la concentración mediática. Ahora sólo basta con pedir autorización a lo que se estaría dando de hecho. Como se señaló líneas arriba, si la autoridad de aplicación actual ENaCom no se expide al respecto, la operación queda aprobada. El segundo dato del decreto de intervención es el que indica que las empresas de telecomunicaciones deberán esperar tres años para ingresar en el mercado del cable. Eso beneficia a Clarín por encima de cualquier grupo. Claramente, la urgencia de sancionar un decreto tiene que ver con ganar tiempo, antes de que la autoridad se expida, y birlar al parlamento en relación al DNU de Macri.
Clarín quiere quedarse con Telecom. Y algunos sostienen que también con inversiones en ARSAT. Aunque por el momento es más fácil evidenciar el interés por Telecom. Justamente, este fue uno de los puntos de enfrentamiento durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner.
Lo que Macri habilito en respuesta a favores recibidos es el beneficio para esta megaempresa tendiente a un oligopolio por encima de Telefónica. Tengamos en cuenta que a las empresas de telecomunicaciones se les va a permitir entrar a la radiodifusión, pero dentro de dos años. Ahora bien, si Clarín obtiene todo, se queda con el paquete más grande de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, con una clara ventaja.
Macri no sólo beneficio un poderío económico de un medio mediante normas que habilitan concentración. Lo que da mediante el ENaCom es el vía libre a todo tipo de concentración política y cultural por el nivel de colonización y concentración de la palabra y la vida cultural. Justamente esto es lo que reguló democráticamente la LSCA 26.522.
Para garantizar esta operación, nombró hoy, 4 de enero, a Silvana Giúdice, del radicalismo, al frente de ENaCom. La flamante funcionaria es una conocida argumentadora de la comunicación como negocio y el liberalismo en su concepción de la libertad de expresión. Giúdice voto en contra de la democratización de las comunicaciones, atacó las voces de las organizaciones populares y de los medios comunitarios en manos de las mismas y de los pueblos originarios para impedir la sanción de la LSCA 26.522.
El brazo de la batalla cultural del neoliberalismo para beneficiar al sector más rico de la sociedad y su voracidad de capitales está habilitado. Lo hizo Macri.
