Por Florencia Abelleira
Ana María Suárez era trabajadora de la Municipalidad de La Plata desde 2007 y se enteró que había quedado desempleada cuando se acercó el lunes 4 de enero a IOMA a hacer un trámite por un problema de salud. «Estás dada de baja», le anunciaron, y a ella le dio un pico de presión.
El miércoles 6 se acercó al municipio para que el intendente Julio Garro o, en su defecto, algún funcionario del gobierno la atendiera y le explicara cuál iba a ser su futuro laboral, pero no obtuvo respuesta.
La situación de Ana María es similar a los 4.500 otros casos de despidos que dio a conocer Garro la semana pasado, tildándolos de “ñoquis”. Eran empleados tercerizados cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre y el intendente de La Plata ordenó revisar y firmar la baja de 2.500 porque “no acreditan actividad laboral en el municipio”.
“Éramos empleados municipales que nos manifestamos de forma pacífica y que esperábamos que Garro nos atendiera para darle un petitorio.»
Por eso, el viernes pasado por la mañana unos doscientos trabajadores tercerizados y cooperativistas decidieron manifestarse pacíficamente frente a las puertas del palacio municipal. Pero la negación a recibir a los trabajadores estatales fue rotunda. Esa mañana, un cordón de infantes de la Policía bonaerense los estaba esperando con gases lacrimógenos y balas de goma.
“Éramos empleados municipales que nos manifestamos de forma pacífica y que esperábamos que Garro nos atendiera para darle un petitorio. Nunca nos recibió, ni él ni nadie”, dijo Ana María en declaraciones televisivas.
La mujer contó que ella estaba cerca del cordón de policías y escuchó que el agente que lo estaba coordinando dijo que “el intendente había dado la orden de reprimir”. Los policías levantaron sus escudos y avanzaron. Ella pensó que iban a desalojarlos, pero cuando se dio vuelta recibió ocho tiros de balas de goma entre los pulmones y la cintura.
Desde el gobierno aclararon que la medida se implementó porque había “infiltrados”, punteros políticos de la vieja gestión que tiraron piedras y provocaron la violencia.
contó que ella estaba cerca del cordón de policías y escuchó que el agente que lo estaba coordinando dijo que “el intendente había dado la orden de reprimir”.
“No vamos a tolerar la corrupción y eso tiene costos. Esta búsqueda de generar violencia es la respuesta a nuestro mensaje. Estamos con los vecinos, con la gente honesta, con los que se esfuerzan día a día”, dijo Garro en conferencia de prensa el mismo viernes.
Ana María Suárez fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica. Las imágenes de su espalda baleada recorrieron todos los medios de comunicación.
“Yo fui a reclamar mi derecho, el plato de comida de mis hijos, no fui a pedir limosna, no fui con piedras ni palos, fui con mi nena de diecisiete años”, aclaró.
Ana María está contratada desde 2007. Primero trabajó en la Dirección de Niñez y Adolescencia, luego pasó a la Dirección de Personal, donde estuvo tres o cuatro años y, por último, trabajó en Mesa General de Entrada como administrativa. «¿4.500 empleados ñoquis?» se pregunta con gesto de que parece un número excesivo.
Pero el gobierno de Cambiemos, desde que asumió el 10 de diciembre del año pasado, basó estas medidas en una serie de justificaciones que se asocian a que un Estado no puede avalar el trabajo precarizado por contratos, no está en condiciones económicas de sostener tantos puestos laborales, y no quiere “ñoquis” o militantes políticos del gobierno anterior que pasen a cobrar un sueldo una vez por mes.
Esa ecuación se repite en localidades como Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Malvinas Argentinas, Azul, Mar Chiquita, entre otros. Hay casi 10.000 empleos en una discusión que no se agota en la vía administrativa.
Mientras tanto, el domingo, a través de un tweet cargado de contradicciones, Garro dijo: “A quienes causaron los incidentes los invito a la reflexión, porque la agresión no es el camino al diálogo. Hacer política es otra cosa”. No se espera menos que el reconocimiento de los trabajadores locales, de los que firman todos los días la planilla de asistencia y trabajan por un Estado presente, que amplíe derechos y construya ciudadanía.
