«Si Macri gana, al día siguiente levanta los controles de cambio». Lo que podría ser una promesa del equipo de Mauricio Macri en la campaña electoral de 2015 fue en realidad la propuesta de su candidato a vice, Miguel Ángel Pichetto, el lunes 2 de septiembre de 2019, en el debut del cepo cambiario que decretó el gobierno.
Tras casi cuatro años de desregulación total del mercado cambiario, y acosado por la crisis económica, el gobierno se vio obligado a acudir a la herramienta más atacada por el propio macrismo.
Lacunza reconoció que «estas son medidas incómodas que no son las que deseábamos en la Argentina que queremos, pero son medidas necesarias para evitar males mayores».
A pesar de la mala prensa, la medida tuvo una buena recepción en la mayoría de los espacios políticos dada la gravedad de la crisis, aunque de haber llegado antes podría haber evitado el festival de fuga que dejó el mes de agosto.
El viernes pasado, el senador oficialista Julio Cobos había dicho que, de no prosperar las medidas anunciadas por Lacunza para «reperfilar» los vencimientos de deuda, el control cambiario era inevitable.
El impacto de las nuevas restricciones tuvieron, en principio, un buen resultado: la cotización de la divisa norteamericana bajó fuerte, hasta los 58,40 pesos, y economistas de distintos espacios políticos coincidieron en que los controles eran necesarios. La contracara fue la baja de casi mil millones de dólares de las reservas, motivada por la salida de depósitos en moneda extranjera.
Las medidas que publicó ayer en el Boletín Oficial el gobierno implican una reactivación de algunos de los controles cambiarios que existían hasta antes de la llegada de Mauricio Macri al poder. Habrá un tope mensual de 10.000 dólares para los ciudadanos, se obligará a los exportadores a liquidar las divisas que resulten de sus operaciones con el exterior en un plazo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días posteriores al permiso de embarque, y de 15 días para los productos primarios. Además, se controlará la venta de divisas a personas jurídicas y, como se había anunciado antes del decreto, las empresas deberán pedir autorización al BCRA para girar dividendos y utilidades al exterior.
Todas esas operaciones habían sido anuladas en la mentada «salida del cepo». Desde fines de 2015, el acceso a la divisa se liberó hasta los 2 millones de dólares mensuales y las restricciones para el sector empresarial fueron desapareciendo gradualmente hasta quedar completamente eliminadas. Otro de los aspectos que se modificaron en esa oportunidad, que todavía no se corrigió, fue la eliminación de los plazos establecidos para los capitales golondrina, que por decreto del gobierno de Néstor Kirchner en 2005 debían permanecer al menos un año en el país.
Los voceros del gobierno en el marco de los nuevos controles anunciados fueron el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Aunque las medidas que se implementaron implican un reconocimiento de la vulnerabilidad que generó el programa económico de Cambiemos, los funcionarios insistieron en responsabilizar al resultado electoral de la crisis.
Lacunza reconoció que «estas son medidas incómodas que no son las que deseábamos en la Argentina que queremos, pero son medidas necesarias para evitar males mayores, para que no aumente la pobreza», y vaticinó que con el nuevo rumbo marcado por el gobierno se garantizará la estabilidad cambiaria hasta diciembre.
«No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre que hemos visto en estas semanas. Esto no ocurre en otros lugares del mundo, donde las diferencias ideológicas existen y muchas veces son amplias, pero siempre en un marco de consensos básicos acerca de la política económica», fue el análisis de Sandleris, que, luego de un breve mensaje, dio detalles a la prensa sobre el funcionamiento del nuevo esquema.
«Una de las dolorosas lecciones de la última década en la que Argentina no creció, no logró bajar la inflación ni la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo», continuó el presidente de la autoridad monetaria, y agregó: «Por ejemplo, principios como el equilibrio fiscal intertemporal, tener una moneda sana y hacer más competitiva a nuestra economía para integrarnos al mundo deben ser políticas cuya integridad no quede bajo un manto de dudas en cada elección».
Cabe señalar que prácticamente ninguna de esas premisas o consensos fueron cumplidos durante la Administración de Macri. El mentado equilibrio fiscal no fue sino el resultado primario que poco tiene que ver con el problema de escasez de divisas que afecta históricamente al país, la moneda nacional no hizo más que perder valor y la balanza comercial solo se equilibró cuando la devaluación tornó inviables las importaciones.
la moneda nacional no hizo más que perder valor y la balanza comercial solo se equilibró cuando la devaluación tornó inviables las importaciones.
Sandleris también aclaró que las nuevas disposiciones «no reemplazan a la estricta política monetaria que aplicamos desde el año pasado» y que «la tasa de interés va a seguir apuntando a que los ahorristas obtengan un interés real positivo». Sobre este punto, el lunes la tasa de Leliq que convalidó el central superó los 85 puntos porcentuales, llegando al nivel más alto alcanzado en los cuatro años de gobierno de Macri.
Si bien el resultado del lunes puede considerarse positivo, el propio presidente del Banco Central aclaró que «fue una jornada especial», no solo por ser el primer día en que se aplican las nuevas disposiciones, sino también por el feriado en Estados Unidos. La prueba de fuego del cepo será, entonces, el martes.
