Por Roberto Álvarez Mur
Además de la importante porción de la sociedad civil que acompañó la dictadura, el ámbito empresarial jugó un papel clave en el desarrollo de crímenes de lesa humanidad durante los setenta. Así lo demuestra el documento presentado ayer por el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde se contabilizaron unas veinticinco grandes empresas que fueron partícipes de la persecución, tortura y desaparición de casi mil trabajadores.
“Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de veinticinco firmas de todo el país en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión”, es el puntapié que da lugar a la extensa compilación de datos que ayer fue presentada en la sede “Emilio Mignone” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Naturales (FLACSO-Argentina), donde participaron el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, entre otros.
“Se identificaron casi 900 trabajadores víctimas del terrorismo de Estado. 354 están desaparecidos, 65 fueron asesinados y más de 450 sufrieron formas diversas de represión», dice el informe.
“Se identificaron casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado. 354 víctimas están desaparecidas, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas. La mayoría eran trabajadores/as y ex trabajadores/as de las empresas analizadas al momento de los hechos”, indica el informe.
Y agrega: “entre los últimos, fueron incluidos quienes participaron de los procesos de conflicto y organización obrera hasta los últimos tiempos antes de iniciada la dictadura y fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. También fueron incluidos casos ‘conexos’, tratándose de personas que sufrieron la represión a raíz de su vinculación con trabajadores o ex trabajadores o distintas formas de conexión con la empresa, pero no tenían un vínculo laboral”.
Mediante distintos criterios de selección, se elaboraron veintidós informes donde se investiga a las siguientes empresas: minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma, La Fronterita y Concepción (NOA); Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago y Petroquímica Sudamericana (cordones del conurbano sur bonaerense); Grafa, Ford, Mercedes-Benz, Lozadur y Cattáneo, astilleros Astarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca y Acindar (norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe); FIAT (zona Centro); Las Marías (NEA); Loma Negra y La Nueva Provincia (interior de Buenos Aires).
Algunas causas tienen imputados a dueños o cuadros empresariales, al tiempo que en otras los imputados son militares. También existen causas que incluyen casos de obreros víctimas de delitos de lesa humanidad como parte de un cuerpo de víctimas más numeroso y heterogéneo. Actualmente, el caso más avanzado contra un empresario es el de La Veloz del Norte de Salta, cuyo ex dueño, Marcos Levín, se encuentra enfrentando el juicio oral y público.
En cinco de los casos existieron entre sesenta y más de cien trabajadores víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, ingenio Ledesma y FIAT. En otros cinco, las víctimas fueron entre treinta y cuarenta, al tiempo que en otras catorce empresas existieron entre diez y treinta trabajadores víctimas. Una sola empresa de este conjunto analizado, el taller gráfico de La Nueva Provincia, tuvo dos trabajadores víctimas.
