Entre vetos, desalojos, tarifazos y bajo consumo, las empresas autogestionadas por sus trabajadores están atravesando una crisis que busca ser frenada desde la legislatura nacional. Uno de lo proyectos es impulsado por el Diputado Adrián Grana del Frente para la Victoria (FpV), para declarar de interés público la actividad de las cooperativas de empresas recuperadas y suspender la ejecución de desalojos por dos años.
“Lo que venía pasando era la Legislatura Provincial y la Nacional venía haciendo expropiaciones para poner en mano de los trabajadores los inmuebles para poder continuar con el trabajo. La más emblemática es la del Hotel Bauen, que el presidente Macri vetó la expropiación”, dijo a Contexto el Diputado Grana.“Lo que queremos es declarar la emergencia y de esta manera parar el desalojo”, agregó.
“Nosotros creemos que lo que tiene que haber son todos estímulos para que todas las formas que tiene el trabajo y la producción puedan seguir avanzando, porque esta es la manera de constituir el círculo virtuoso de la economía”, remarcó Grana.
Tras el veto del presidente en el Bauen, la gobernadora hizo lo propio y apuntó a las fábricas recuperadas con reiterados vetos que pusieron en jaque la continuidad laboral de los trabajadores: en abril del 2016 vetó la expropiación de la ex Petinari en Merlo, en enero hizo lo mismo con la ex Rench denominada Cooperativa de Precisión Limitada (CDP) ubicada en Don Torcuato y un mes después avanzó con la metalúrgica Presidente Néstor Kirchner, ex Raimat, de Quilmes. La última víctima de Vidal María Eugenia Vidal fue la fábrica de pinturas Cintoplom recuperada en el 2003 por sus trabajadores.
“Los vetos son una política del Ejecutivo para los trabajadores. Creemos que es consecuente con la política que tiene con los trabajadores asalariados: es un proyecto político que vino a destruir el empleo”, dijo a Contexto Eduardo Mones, de la recuperada Gráfica Patricios y referente de Federación de Trabajadores Por la Economía Social (FETRAES) que acompaña junto con la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) estas iniciativas.
El otro proyecto lo presentó el Diputado del FpV Carlos Castagneto, en el que se establecen una serie de políticas públicas y beneficios para un sector fuertemente castigado por los aumentos tarifarios y la caída del consumo como lo son las empresas recuperadas.
“A nosotros nos impactó fuerte el tarifazo: de $25.000 de luz pasamos a pagar $170.000. Eso en términos concretos son 12 Salarios Mínimo Vital y Móvil; es decir que esa plata en vez de que vaya al bolsillo de compañeros nuestros termina haciendo transferencia de recursos, termina en una empresa que saca la plata del país”, explicó Mones.
Durante su campaña como Senadora, Cristina Fernández de Kirchner visitó la Cooperativa de Trabajo Cueroflex Limitada, la cual había recibido una boleta de luz por $ 861.351, sufriendo así una escalada tarifaria del 567%. Con un inminente aumento en puerta, los trabajadores de esta fábrica señalan que no saben cómo pagar sus impuestos.
“Estos proyectos son importantísimos para nosotros. Si no tenemos una ley que nos ampare no nos dan bola, hay diálogo, pero no hay soluciones”, dijo a Contexto Jorge Reish, referente de CueroFlex.
El referente de FETRAES remarco que estos tarifazos se dan en el marco de una caída del consumo y del trabajo, lo que se traduce en la reducción de sus salarios. «Los retiros, osea nuestros sueldos, han mermado: hace un año que no nos podemos dar un aumento de los retiros. Es una situación más complicada para el sector”, consideró Mones.
“El problema de las tarifas es por la baja del consumo. Nosotros no podemos trasladar los costos de la energía al producto por el poco trabajo que hay”, dijo el referente de CueroFlex, quien alertó que ante este panorama ellos tienen “que achicar el costo laboral”: menos retiro y menos sueldo para los trabajadores.
