Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) realizarán un Congreso Fundacional para transformarse en partido político. Según trascendió, una de las posibilidades es que el nuevo espacio se llame Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, lo que les permitiría mantener la sigla (FARC), que hasta el día de hoy ha sido parte de su identidad política.
El líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, regresó este lunes a Bogotá para participar del Congreso. Se encontraba en La Habana, Cuba, a donde había viajado para recibir tratamiento médico.
Al llegar a Colombia, el exlíder guerrillero aseguró: “Entre todas y todos construiremos las bases de un nuevo partido que le dé voz a los olvidados”.
Respecto al nombre del nuevo partido político, Londoño propuso que sus seguidores en la red social Twitter votaran por una de cuatro opciones: “Nueva Colombia», «Esperanza del Pueblo», «FARC-EP», «Nuevo Partido”.
“Queremos construir un partido a muchas manos y muchas voces. Que la diversidad sea premisa y la paz el propósito inclaudicable”, aseguró el líder guerrillero.
Londoño también remarcó: “Nuestro nuevo partido tiene como objetivo seguir construyendo un camino de reconciliación, diálogo y entendimiento en defensa de la paz”, y agregó: “El nuevo partido luchará para que los/as trabajadores/as cuenten con el apoyo del Estado y tengan más oportunidades […] Colombia no puede seguir siendo uno de los países más desiguales del mundo. Para cambiar eso, pondremos a disposición nuestro nuevo partido”.
Los referentes de la FARC-EP también manifestaron sus críticas al gobierno de Juan Manuel Santos por el asesinato de, al menos, ocho miembros de la guerrilla y cerca de 20 de sus familiares a manos del paramilitarismo y en plena aplicación del proceso de paz.
En ese sentido, aseguró que “el gobierno debe poner fin a esta nueva matanza de excombatientes y milicianos que firmaron un Acuerdo de Paz”.
En la misma línea, Pablo Catatumbo, integrante del Secretariado de las FARC-EP y Delegado de Paz en los Diálogos de La Habana, exigió: “Urgen medidas contundentes para cesar amenazas y asesinatos contra integrantes de FARC-EP”.
También el jefe de la Delegación de Paz de la guerrilla, Iván Márquez, reclamó: “Le pedimos al Gobierno actúe a través de las instituciones correspondientes para poner fin a la matanza de exguerrilleros y milicianos”.
“No más exterminio de alternativas políticas como ocurrió con la UP en un país que ha firmado un Acuerdo de Paz que hoy es referente mundial”, afirmó Márquez.
Cabe recordar que en la década de 1980 se realizó un proceso de paz en Colombia que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los exguerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP), y en las elecciones de 1986 obtuvieron catorce parlamentarios, diecisiete diputados provinciales y 135 concejales. La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue una masacre. En corto tiempo, más de 5 mil miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. Cada muerte de un líder social trae al presente el fantasma de aquella masacre.
A principios de agosto de este año, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de ley para brindarle protección a los excombatientes de las FARC-EP que integren el nuevo partido político.
La medida parece aún insuficiente, en especial si a eso se suma que el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró que “en Colombia no existe el paramilitarismo”. Al negar la evidente realidad, difícilmente se encuentre una solución efectiva.
Pero no solo los exmiembros de la guerrilla sufren el ataque del paramilitarismo. Según denunció el Movimiento Marcha Patriótica, desde 2016 a la fecha ya son 186 los militantes sociales, campesinos y de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia. Solo en lo que va de 2017, la cifra llega a 74. Al parecer, ante la retiro de las FARC- EP, el paramilitarismo, financiado por corporaciones multinacionales que tienen intereses en esos territorios, estaría en plena avanzada para ocupar esos lugares y eliminar a los líderes y dirigentes sociales que serían un “estorbo” a sus propósitos.
