Por Maximiliano Ceci
«Mientras desde la transición los protagonistas centrales del terrorismo de Estado habían sido las Fuerzas Armadas, a partir de 2003 se comenzó a hablar de las responsabilidades de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política», inició su alegato Mónica Fernández Avello, a cargo de la querella en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el juicio contra 23 imputados por crímenes en perjuicio de 66 víctimas en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura cívico-militar.
Entre las víctimas del juicio a la Armada de Bahía Blanca hay doce personas que están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, como el ahora desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano, y en la Base de Infantería de Baterías, jurisdicción de la Armada, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
«Es por eso que nosotros hablamos de golpe de Estado cívico-militar, ya que permite poner de relieve no sólo la participación civil, sino su preeminencia, y ubicar a las Fuerzas Armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad para continuar vivo más allá del fin de la dictadura», explicó Fernández Avello.
«hablamos de golpe cívico-militar ya que permite ubicar a las fuerzas armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad, para continuar vivo más allá del fin de la dictadura», dijo Fernández Avello.
Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.
Fernández Avello recordó que en la investigación está comprometido el La Nueva Provincia, pero “todavía estamos esperando que se procese a su directivo». Además, se refirió al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, investigado en una causa por sus vinculaciones con la organización paramilitar Triple A y que en los últimos días el Consejo de la Magistratura decidió iniciarle un jury.
«Es en esta, en mi ciudad, donde hasta hace unos días teníamos a un integrante de la Cámara Federal, a un ex PCI del Destacamento de Inteligencia 181 que ejercía tan repudiable servicio en esta casa, en esta Universidad, que tiene más de sesenta (entre estudiantes, docentes y no docentes) muertos y desaparecidos», dijo Fernández Avello.
En el mismo sentido, en diálogo con Contexto, Miguel Palazzani, fiscal de la causa, se refirió a la entrevista que sacó Montezanti tras ser declarado en rebeldía. “La elección de La Nueva Provincia como medio de comunicación para ‘enunciar’ su defensa es un simbolismo que sintetiza el esquema de poder real en Bahía Blanca. Su director y el juez están imputados por complicidad con el terrorismo de Estado. Las ausencias reiteradas a las indagatorias (que son un acto de defensa del imputado asegurado por nuestra C.N.) trasuntan una intención de obstaculizar el avance del proceso, porque ese acto de defensa es imprescindible para continuar”.
“Respecto a la suspensión, entiendo que el Consejo de la Magistratura fue suficientemente claro: su falta de idoneidad ética y su falta de vocación democrática. La mayoría obtenida (11 a 2) exime de mayores comentarios”, agregó Palazzani.
«Este terrible personaje, a Montezanti me refiero, hasta ayer nomás daba clase en esta Universidad. Tiene tres cátedras y, a punto de cumplirse cuatro años de haberse cumplido su juicio académico, hace pocas semanas se aprobó por unanimidad el mismo y se lo suspendió preventivamente», concluyó Fernández Avello, y agregó: «Fue llamado tres veces a indagatoria y hasta el momento, con excusas pueriles, no se ha presentado, amparándose en sus fueros. Verdadera rémora medieval que en pleno siglo XXI seguimos sosteniendo. Y ha sido declarado en rebeldía».
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Anularon un fallo que benefició a un represor
La Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución que impedía al fiscal apelar la prisión domiciliaria al represor Gustavo Abel Boccalari, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico-militar.
Los camaristas Alejandro Slokar, Pedro David y Liliana Catucci hicieron lugar «al recurso deducido por el fiscal contra la resolución que concedió la prisión domiciliaria, en tanto resulta necesario que el a quo reexamine los nuevos dictámenes de los peritos forenses».
Para los magistrados, se impone «constatar si el Servicio Penitenciario Federal se encuentra en condiciones de garantizarle al procesado que el alojamiento en una unidad bajo su dependencia cumpla con las recomendaciones indicadas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense».
Boccalari fue procesado por el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Álvarez Canale, quien lo responsabilizó por su actuación «entre el 27 de agosto de 1975 y el 07 de marzo de 1977 en la ‘D. Investig.’ de la Delegación Cuatrerismo de Bahía Blanca perteneciente a la Policía de la provincia de Buenos Aires, actuando a cargo de la misma con el grado de oficial subinspector primero».
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