Por Daiana Giménez
La ley ómnibus de Javier Milei tampoco trae buenas noticias para las y los jubilados. Según especialistas, las modificaciones que propone para esta parte de la población implican que sea el propio presidente quien esté habilitado a decidir mediante decreto quién y cuándo se establecen aumentos (dando por tierra el esquema de movilidad), además de desfinanciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y vaciar los recursos de ANSES.
Mediante el artículo 106, el proyecto enviado esta semana por Milei al Congreso suspende la «aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias modificatorias» y faculta al Ejecutivo nacional para «establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica». Los incisos implicados son la prestación básica universal, la prestación compensatoria, el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y la prestación adicional por permanencia.
De esta manera, es el Gobierno nacional el que decide los criterios de actualización de los haberes de estas prestaciones, que por lo pronto se hará vía decreto presidencial, y elimina así la actual fórmula de movilidad que establece incrementos cada tres meses.
En este marco, el articulado propuesto por Milei habilita que «el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos» con el criterio que establezcan, mientras que nada se especifica de los sectores medios/altos.
«Lo que pretende impulsar el Gobierno a través de la ley ómnibus es quitar la Ley de Movilidad vigente. Lo que provocaría es que cerca de 7 millones de jubilados dejen de tener los aumentos previstos trimestralmente para que sea el presidente de la nación, de acuerdo a su criterio, el que fije los aumentos debidos a los grupos de alcance que él quiera dar. Esto es que los jubilados puede que reciban todos o puede que no reciban ninguno o a medias», explicó en diálogo con Contexto el abogado previsional Christian D’Alessandro.
«Y va a depender mucho de, como dice el megaproyecto, de los ingresos que recaude la ANSES, de los ingresos que ingresen, valga la redundancia, a las arcas previsionales, y de la voluntad del presidente en priorizar, como dice el proyecto, los ingresos más bajos. Esto implica que, a diferencia de lo que sucedía hasta el 10 de diciembre, en donde los jubilados se quejaban, quienes no recibían bonos, y con justa razón, porque ellos no recibían nada, ahora es posible que ni reciban bonos los jubilados de la mínima y que solamente estos jubilados de la mínima perciban aumentos. Por lo que aquellos que se quejaban, ahora no reciban aumentos, tampoco recibían bonos antes», detalló el especialista.
Para D’Alessandro, «es una situación triste, angustiante para los jubilados y de mucha incertidumbre que no merecen pasar nuestros adultos mayores».
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad en manos de Caputo
Por otro lado, mete mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). «Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo», sostiene el proyecto enviado al Congreso.
«Esto implica, por supuesto, la pulverización de los recursos de ANSES, dejándolo facultado al ministro de Economía a poder disponer de este fondo para lo que él quiera. Y eso implicaría, tal vez, por los mismos dichos de Milei y el Gobierno, que se malvendan esos activos que tiene el Fondo», destacó D’Alessandro.
El FGS es el fondo financiero más importante de América Latina y permite que el sistema de seguridad social argentino sea sólido y confiable. Tiene acciones en 41 empresas privadas argentinas, entre las que se destacan el Banco Macro, Edenor, Gas Natural Ban, Distribuidora de Gas Cuyana, San Miguel, Ternium y Consultatio. También tiene acciones de las firmas Pampa Energía, Telecom, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, YPF, Cablevisión Holding, Molinos Agro y Molinos Río de la Plata, Mirgor, Grupo Financiero Galicia, Grupo Clarín y Ledesma, entre otras.
Bajo la gestión de Fernanda Raverta al frente de ANSES, el FGS superó su valor más alto de la historia, alcanzando los 76.000 millones de dólares, dinero que, de aprobarse la ley ómnibus, podría recaer en Luis Caputo como ministro de Economía.
En este marco, el abogado resaltó que está la posibilidad de que vendan esas «acciones de empresas multinacionales a un precio mucho más bajo del mercado, con eso se logre saldar las deudas que tiene la Argentina y se inicie así el proceso de dolarización que es lo que el Gobierno de Milei prometió».
«Esto es el comienzo de una gran situación de incertidumbre plena, porque al tener una emergencia en materia previsional y delegarle las facultades legislativas al Poder Ejecutivo, al presidente Milei puede gobernar por decreto en materia de jubilaciones y con eso puede venir cualquier cosa que a uno se le ocurra que puede llegar a venir, como las AFJP y el no pago de sentencias judiciales», concluyó D’Alessandro.
