Por Gabriela Calotti
«La situación de extrema gravedad» que vivió el lunes la comunidad académica de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) desembocó en que abogados de diversos países amigos sugirieran la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para frenar «la escalada de violencia» de la que viene siendo blanco esa casa de altos estudios. La UNMa se referencia en la organización Madres de Plaza de Mayo, conocida en el mundo entero por sus pañuelos blancos y por su lucha inagotable en busca de memoria, verdad y justicia tras el genocidio perpetrado por la pasada dictadura cívico-militar (1976-1983) que puso en marcha un plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio, dejando unos 30.000 detenidos-desaparecidos.
Francisco Zannini, abogado, docente de la UNMa y firmante de la autorización para que los abogados presenten la demanda ante la CIDH, explicó minuciosamente a Contexto cómo se sucedieron los hechos que desencadenaron el reclamo internacional.
Lo ocurrido el lunes pasado, cuando una veintena de efectivos de la Policía Federal se plantó frente a la entrada de la UNMa, en la calle Defensa 119 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), impidiendo el ingreso de sus trabajadores y autoridades y reteniendo en el interior a quienes ya habían entrado, acentuó la preocupación de la comunidad educativa.
«Esta escalada de violencia derivó en que abogados internacionalistas pongan en evidencia la necesidad de interponer una medida cautelar contra el Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», explicó Zannini, que integra un grupo de investigación de la UNMa sobre derecho administrativo crítico y es jefe de gabinete de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La denuncia fue conocida a primera hora del viernes por un comunicado de la UNMa en el cual precisa que «las Madres de Plaza de Mayo solicitaron a la CIDH que les conceda medidas cautelares urgentes contra la República Argentina con el fin de salvaguardar los derechos humanos de la comunidad académica de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo».
Mediante esa petición «se acusa al gobierno de Milei de desplegar una serie de acciones para descalificar a la UNMa, violatorias de compromisos internacionales asumidos por Argentina, incluida la libertad académica y la protección de la autonomía universitaria», afirma el mismo comunicado, difundido por redes sociales y escasamente por los medios, en el que afirma que la solicitud «ya fue recibida y se encuentra en estudio de la CIDH».
Al explicar cómo se fueron hilvanando los hechos que desembocaron en el pedido de medidas cautelares a la CIDH, Zannini contó que el mismo 2 de septiembre «se envió un correo a la CIDH y nos pusimos en contacto con abogados que habían sugerido la intervención de la Comisión».
Entre esos abogados figuran Raúl Valim (que fue abogado del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva), Pablo Ángel Gutiérrez, conocido abogado de la Universidad Nacional del Comahue (UNC), Claudia Roca, Wilfredo Warde, otro abogado brasileño, y Julio César Ortiz Gutiérrez, abogado del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los letrados «deciden interponer una solicitud cautelar ante la CIDH con sede en Washington por las gravísimas violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria» de la UNMa.
Para ello, contaron con la autorización de Las Madres de Plaza de Mayo, la rectora de la UNMa, Cristina Caamaño, y docentes. Entre estos figuran el propio Zannini y su colega Pablo Cabral.
Las cuatro medidas cautelares contemplan que «el Estado nacional no ejecute la decisión de designar al ‘rector-organizador’» de la Universidad de Madres, pues esta medida significa «una intervención solapada de la UNMa; que el Estado argentino cese toda forma de discriminación contra la Universidad, en particular la discriminación presupuestaria; que el Estado Argentino cese toda forma de violencia institucional […] para garantizar la inviolabilidad del espacio académico, y que el Estado argentino garantice la vigencia real de los principios de la libertad académica y autonomía universitaria» en relación con la Universidad Madres de Plaza de Mayo, precisó Zannini.
El letrado y docente-investigador aclaró que en el escrito presentado ante la CIDH se menciona claramente «la intención del Gobierno de Milei de atacar especialmente a la UNMa y destruir las políticas de memoria, verdad y justicia que lleva adelante la Universidad a través de su currícula académica», y aunque aclaró que una decisión de la CIDH no es obligatoria de cumplimiento para el Estado argentino, «sí es un alerta para el Gobierno nacional y puede llegar a derivar en otras consecuencias».
Zannini aseguró que «la defensa de la autonomía universitaria (a la que apela la UNMa) también se fundamenta en normativa internacional, específicamente de la CIDH, que establece principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria».
Tras lamentar el «poco impacto local» que está teniendo el asedio contra la UNMa, a diferencia de lo que ocurre en el vecino Brasil, Zannini sostuvo que «lo primero que hay que decir es que desde la asunción del Gobierno de Milei vienen desplegándose una serie de estrategias destinadas a desfinanciar y violentar la autonomía de la Universidad, poniendo en cuestionamiento su proceso de normalización y desfinanciando» la institución al no efectuar «la transferencia de recursos que estaban asignados».
Subrayó, tal como este medio ha señalado en artículos precedentes, que el punto de inflexión fue la designación por parte del Gobierno de un «rector-organizador» en el mes de julio, «pues consideran que la Universidad no está normalizada».
«La postura de la Universidad sostiene que su proceso [de normalización] está finalizado […] Nosotros tenemos órganos colegiados constituidos, tenemos asamblea universitaria consagratoria de la autonomía, rectora designada, por lo tanto, cualquier intromisión del Poder Ejecutivo Nacional es un violentamiento de su autonomía universitaria».
Zannini precisó que «una sentencia del Juzgado Federal de Campana sostuvo la inconstitucionalidad de las resoluciones que fueron dictadas por el Ministerio de Capital Humano en defensa, en este caso, de la Universidad de Pilar», una de las cinco universidades creadas formalmente por ley del Congreso de la Nación en septiembre de 2023. Aunque en el caso de la UNMa, funciona desde hace más de veinte años, como Universidad Popular primero y luego como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y aunque «en virtud de la naturaleza de la acción solo aplica para la Universidad de Pilar, los argumentos son exactamente los mismos que para la Universidad de Madres», contestó el letrado.
«De hecho, la defensa de Capital Humano en esa causa es exactamente igual a la que hacen respecto de la UNMa diciendo que ‘no están cumplidos los pasos previos para la normalización universitaria’».
«El Poder Judicial no tiene intención de controlar el ejercicio de la legalidad del Gobierno nacional, que viene avanzando autoritariamente en contra de los derechos de los trabajadores, violentando el sistema de división de poderes, violentando la autonomía universitaria. Aparentemente el Poder Judicial local no tiene intenciones de hacer absolutamente nada», cuestionó.
Aseguró que la Universidad de Las Madres «agotará todas las instancias internas del Estado nacional», pero «si esto continúa de esta forma terminará nuevamente ante la CIDH solicitando su intervención en términos formales y con obligación por parte del Estado nacional».
La tarde del viernes fue imposible acceder a la página de la UNMa durante varias horas. La situación se normalizó hacia las 22 hs.
