Por Roberto Álvarez Mur
Marcelo Montenegro tenía tatuado en el brazo el nombre «Rosa», su madre. Fue lo primero que ella notó cuando tuvo que reconocer el cuerpo fallecido en la morgue, luego de recibir un disparo policial en el tórax.
La madrugada del 7 de julio de 2012, el Renault Twingo en el que viajaba Montenegro junto a un amigo comenzó a ser perseguido por un patrullero de la Comisaría Nº 48 de CABA, acusados de ser supuestos sospechosos de un robo. En la intersección de la Av. Piedrabuena y Saraza, en la zona de Ciudad Oculta, el auto en el que viajaban los jóvenes chocó contra un paredón y un disparo de los policías atravesó el baúl, el asiento trasero del auto y fue a parar directo al tórax de Montenegro.
Luego de tres años, la fiscal Andres Madrea pidió que se lleve a juicio a los efectivos Emmanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón, imputados por el asesinato del joven de veintiún años.
La solicitud se suma al pedido impulsado por la querella, a través de Nahuel Berguier, abogado de la Asociación Miguel Bru (AMB), quien representa a la familia de Montenegro. La causa se encuentra de este modo en las puertas del juicio oral y público en el que se podrá echar luz sobre el accionar criminal por parte de los policías involucrados en los hechos. Tras más de tres años de lucha por parte de Rosa, la mamá de Marcelo, y de la AMB, se expondrá a debate lo ocurrido la noche del 7 de julio de 2012.
El auto había recibido cinco impactos de bala desde el patrullero. Uno de los proyectiles ingresó por el lado izquierdo del baúl del Renault Twingo, atravesó el asiento trasero y el del acompañante, en el que viajaba Montenegro, quien recibió un impacto en el tórax que le provocó la muerte minutos después por hemorragias internas.
“El caso de Marcelo Montenegro da cuenta de cómo es el accionar del sistema judicial, que muchas veces convalida de manera acrítica el accionar policial”, afirmó Berguer en diálogo con Contexto.
“Este homicidio refleja claramente la rutina de encubrimiento entre la Policía y la Justicia. ¿Por qué? Porque las actas judiciales reflejan un supuesto enfrentamiento para sobreseer a los policías en razón de legítima defensa”, dijo el abogado, y agregó: “Lo que demostró la larga pelea que dio la madre de Marcelo Montenegro junto al acompañamiento de la AMB fue que las actas se contradecían de manera absoluta”.
Berguer explicó que no había sido encontrada ningún arma dentro del auto donde viajaban los dos jóvenes aquella noche. Según figura en una acta policial, a cuatro cuadras del hecho fue encontrada una por un efectivo de la misma Comisaría Nº 48. “La Justicia determinó, sin ningún criterio sólido: esta es el arma que utilizaron los jóvenes para dispararle a los policías”. Luego de ser sometido a pericias por parte de la Prefectura Naval, el revólver calibre 22 encontrado en la intersección de Piedrabuena y Zuviría tenía un casquillo atorado. “Además de ser un arma encontrada a cuatrocientos metros del hecho, ni siquiera podía asegurarse que pudiera ser disparada”, dijo Berguer.
Después de muchos reveses judiciales, de que los policías fueran sobreseídos y de que la causa cambiara de juzgado, los efectivos fueron procesados.
La autopsia también determinó que Marcelo tenía una herida de paso de proyectil sobre los labios, una herida que no concuerda con la dirección de los tiros durante una persecución. No se encontró la supuesta arma que portaba Montenegro, y el registro del sistema de radio de los patrulleros dio cuenta de que el tiroteo fue avisado por los policías después de las comunicaciones relativas a la persecución y el choque del Twingo.
“Para el procesamiento, la jueza Wilma López aplicó la teoría de convergencia intencional: los tres efectivos participaron de un plan común que terminó con la vida de Montenegro”. Díaz, de veintinueve años, Medina, de veintiocho, y Calderón, de treinta y dos, son los tres oficiales de la Comisaría Nº 48 de la ciudad de Buenos Aires que se encuentran procesados por el delito de homicidio agravado “por ser miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones”.
“Siempre que suceden casos de esta índole se pretende apelar a la figura de legítima defensa como escudo. Ese es un criterio que debe ser analizado con mucha cautela y responsabilidad. No puede ser utilizada esa instancia para garantizar impunidad en cualquier caso”.
Después de tres años de lucha y reclamo, Rosa Montenegro espera una respuesta decisiva por la muerte del su hijo de veintiún años.
