Antes de su partida a los Estados Unidos el sábado, el presidente Javier Milei confirmó en sus redes sociales y durante su discurso en el Congreso que vetará la Ley de financiamiento de las universidades nacionales, al igual que lo hizo con la Ley de movilidad jubilatoria. Mientras tanto, las casas de estudio, sus rectores, trabajadores y estudiantes iniciaron una semana de protestas en reclamo por salarios dignos, mayor financiación para la educación superior y en respaldo a la normativa que fue aprobada por el Congreso para responder a esas demandas.
También generó preocupación en la comunidad educativa el magro presupuesto para 2025 destinado a las universidades que presentó Milei en el Congreso, que destina al sistema universitario $3,8 billones, cuando los rectores habían pedido $7,2 billones para garantizar el correcto funcionamiento y aumentar los salarios en función de la inflación.
Además, los gremios enrolados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales sostuvieron que el Gobierno nacional se niega a otorgar sumas que permitan recuperar la pérdida salarial superior al 50 % desde diciembre de 2023, sobre todo por el impacto de la devaluación y de imponer sumas en la paritaria inferiores al proceso inflacionario.
En este marco, este lunes comenzaron las jornadas de visibilización del conflicto en las universidades públicas, que se extenderán mañana y el miércoles. Luego, el jueves y el viernes los docentes universitarios de todo el país harán un paro de 48 horas. Por su parte, los gremios Nodocentes pararán el jueves, por lo que las universidades no abrirán sus puertas.
Estas medidas de fuerza anteceden a la nueva marcha universitaria, programada para el 2 de octubre, con el objetivo de alcanzar la masividad que tuvo la de abril que obligó al Gobierno a rever su estrategia y otorgar los aumentos que las universidades pedían para pagar los gastos de funcionamiento.
Pero el tema salarial quedó sin respuesta, con el 92 % de los docentes sin antigüedad con salarios por debajo de la línea de pobreza y el 87 % con diez años de antigüedad con salarios que tampoco alcanzan para cubrir la canasta de servicios y bienes que miden la pobreza.
En tanto, con respecto a la marcha universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá este martes 24 y a las 17.30 y luego dará una conferencia de prensa para confirmar el día, que se prevé será el 2 de octubre. A su vez, el 27 habrá jornadas de visibilización en todo el país y los rectores difundirán un documento consensuado.
La Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso prevé la actualización de gastos de funcionamiento, salarios y becas de las universidades nacionales de todo el país, con el objetivo de dar previsibilidad al sistema y resolver los problemas económicos que atraviesa el sistema universitario y científico. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14% del PBI, una porción muy pequeña como para rechazarla por motivos fiscales.
