Por Héctor Bernardo
La historia de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción (OA) es, cuando menos, desprolija desde sus comienzos. La normativa que había creado esa Secretaría señalaba que su titular debía ser abogado, y Alonso es licencia en Ciencias Políticas, por lo cual no podría haber asumido. Por eso, el presidente Mauricio Macri modificó la normativa mediante el decreto 226/2015 y nombró en ese cargo a la reconocida militante del PRO.
Alonso empezó a justificar rápidamente la decisión Macri. Ante la aparición de los Panamá Papers, que hicieron públicas las empresas offshore que el presidente no había declarado, la funcionaria salió inmediatamente en defensa del mandatario y aseguró a través de su cuenta de la red social Twitter que “constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo”. Las críticas contra la funcionaria que se negaba a investigar al presidente llegaron hasta de sus propios aliados, pero eso pareció no hacerle mella.
Poco a poco aparecieron más y más funcionarios del Gobierno de Cambiemos con empresas y cuentas en el extrajeron que no habían sido declaradas. Alonso no investigó a ninguno.
Tiempo después, los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y Martín Doñate denunciaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante la Oficina Anticorrupción por violar la Ley de Ética Pública. El ministro es accionista de la petrolera Shell y tomó, al menos, tres medidas que favorecieron a esa empresa. Según aseguran los legisladores, Alonso cajoneó la denuncia.
El diputado Martín Doñate señaló a diario Contexto que, al ver las irregularidades del ministro, presentaron una denuncia en “la Oficina Anticorrupción, quien debe velar por el pleno cumplimiento de la Ley de Ética Pública, para que Laura Alonso inicie una investigación. Luego, al ver que la licenciada Alonso no hacía nada, sino que, por el contrario, salía en defensa de cada una de las irregularidades del Gobierno nacional, fuimos a la Justicia penal y el fiscal Stornelli comenzó a investigar al ministro”.
Un pasado lleno de sombras
La figura de Alonso tomó gran trascendencia pública tras la muerte del fiscal Nisman. La entonces diputada del PRO trató de utilizar ese hecho para atacar al Gobierno y en especial a la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En una carta enviada a la jueza Fabiana Palmaghini, que lleva el caso Nisman, el ex legislador Leopoldo Moreau le planteó: “En caso de comprobarse finalmente el deceso del ex fiscal por su propia decisión, como todos los indicios criminalísticos lo hacen suponer, debería ahondarse en quién o quiénes lo indujeron a ese trágico desenlace. En ese sentido, me parece fundamental lo que puedan aportar la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la ex diputada nacional Laura Alonso y el ex director de la SIDE, Alberto Massino”.
Otro dato interesante de la historia pública de Alonso es su participación en una serie de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de estrecho vínculo con brazos económicos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y con los fondos buitre.
Tres de estas ONG vinculadas a Alonso son: Poder Ciudadano, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y Vital Voices. Las dos primeras recibían fondos de la Fundación Nación para la Democracia (NED), de estrechos vínculos con la CIA. La tercera ONG, Vital Voice, recibía financiamiento del titular de los fondos buitre, Paul Singer.
Al ser consultada sobre lo que representa la figura de Laura Alonso al frente de OA, la periodista e investigadora Stella Calloni afirmó: “Alonso está estrechamente ligada a las Organizaciones No Gubernamentales y a las fundaciones de Estados Unidos. Entre algunas de ellas está CADAL, una entidad que se dedicó a hacer campañas contra Venezuela y Cuba. Ha recibido fondos del exterior para hacer su vida política aquí. Pagada por estas fundaciones, ha viajado a hacer campañas de desprestigio contra Venezuela y contra Cuba. Por ejemplo, viajó a Chile y en medio de una de las cumbres se presentó para hacer propaganda contra Raúl Castro”.
“Washington instaló en áreas estratégicas (Política Exterior, Seguridad, organismo Anticorrupción) a personajes como Susana Malcorra, Patricia Bullrich y Laura Alonso, pertenecientes a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ligadas a la inteligencia estadounidense”, señaló.
Por último, Calloni aseguró: “En la Oficina Anticorrupción tendría que haber una persona que fuera neutral. No puede ser que esté ahí alguien que se sabe abiertamente que es militante del PRO. Alonso no debe ocupar ese cargo porque es juez y parte. No ha dicho nada sobre ninguno de los funcionarios involucrados en los Panamá Pappers, no dijo nada sobre el rol de Aranguren favoreciendo a Shell. No reaccionó ante la confesión del presidente de que tiene 18 millones en Bahamas. Transformó la Oficina Anticorrupción en una Secretaría de Defensa del Gobierno”.
