La persecución política a través del bombardeo de los medios hegemónicos y de un sector del Poder Judicial se ha vuelto la estrategia más recurrente para intentar acabar con los liderazgos populares en América Latina. Esta estrategia, conocida comúnmente con el nombre de «lawfare», busca producir un linchamiento mediático para estigmatizar a las máximas figuras del campo popular, proscribirlas, encarcelarlas o, al menos, debilitar su imagen pública y aleccionar al resto de la dirigencia política con un claro mensaje mafioso: «Quien intente desafiar al poder sufrirá estas consecuencias».
El poder real
Cristina Fernández de Kirchner, hoy víctima de la estrategia de lawfare, ha planteado en más de una oportunidad cómo se compone la verdadera estructura del poder. Estructura que condiciona las democracias actuales.
La actual vicepresidenta argentina (y presidenta desde 2007 a 2015) explicó que cuando un proyecto político popular gana las elecciones y asume al frente del Ejecutivo de un país solo obtiene el control de una pequeña parte del poder. El poder económico, judicial, mediático y otras partes del poder real siguen en manos de aquellos sectores que lo han detentado desde siempre y que no se someten a las reglas de la democracia.
En 2018, durante su disertación en el Parlamento Europeo, Fernández señaló: «Tenemos la misma estructura institucional [que dejó la Revolución Francesa en 1789]: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Con una rémora monárquica en el Poder Judicial, vitalicios, actúan como poder contramayoritario. Cuando algún Gobierno popular toma decisiones o medidas que puedan afectar intereses, allí habrá, prontamente, una medida judicial o un juez que restituya el viejo orden».
En otra parte de su discurso agregó: «¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, que podría seguir siendo operado de una muela o de amígdalas de la misma forma que se hacía en 1789? Seguramente que no, y dirían que estamos todos locos. Sin embargo, tenemos la misma arquitectura institucional para un mundo que ha cambiado en 180 grados, absolutamente. Con nuevos poderes que no están legalizados ni controlados ni regulados por ninguna constitución estatal. Que son el poder de los organismos multilaterales internacionales, el de las grandes finanzas internacionales, el de las grandes multinacionales, el de los grandes medios de comunicación que hoy formatean el sentido común y el pensamiento de la ciudadanía».
Más allá de las fronteras
En toda América Latina, esos sectores que componen la estructura de poder descrita por Cristina Fernández de Kirchner están controlados por las oligarquías locales aliadas con los sectores del poder transnacional que tienen sede en Estados Unidos y Europa, y que utilizan como una herramienta más a sus gobiernos y sus agencias de inteligencia.
En 2013, durante la Cumbre de las Américas realizada en Panamá, la entonces presidenta argentina había señalado: «Es cierto que las interferencias que recordamos y a las que hizo mención, por ejemplo, el presidente Castro, derrocamientos de Gobiernos democráticos, tal vez los más emblemáticos los de Salvador Allende y Jacobo Árbenz, forman parte de la historia, de invasiones o de la tercerización de los golpes a través de las Fuerzas Armadas locales de cada país. Pero también es cierto que han surgido nuevas formas más sutiles de intervención e influencia en nuestros gobiernos a través de lo que se conoce como ‘los golpes suaves’. Golpes suaves donde se utilizan medios masivos de comunicación multinacionales, denuncias falsas, asociaciones caprichosas de Estados con otros Estados para hacer no sé qué cosas y conspiraciones. Son más sutiles, son más sofisticadas, pero no por ello dejan de ser intervenciones y siempre encuentran su origen en nuevas organizaciones bajo el nombre de ONG […] ONG que siempre ‘luchan’ o por la libertad o por los derechos humanos o por todas las cosas loables que todos compartimos, que nunca se sabe de dónde se financian, que siempre están dispuestas a hacer las denuncias más esotéricas, que nunca pueden comprobarlas, pero que apuntan claramente a la desestabilización de los Gobiernos de la región y, fundamentalmente, de aquellos Gobiernos, curiosamente, que más han hecho por la equidad, por la educación y por la inclusión social».
Luego de su discurso y en conferencia de prensa, Fernández volvió a remarcar: «Hay otras formas de intervención más sutiles y sofisticadas, bajo la forma de ONG que nadie sabe de dónde vienen ni quiénes las financian, pero luego se descubre que tienen reuniones secretas en algunas embajadas».
Un mismo libreto para toda la región
Honduras
El 28 de junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya fue sacado por la fuerza de su residencia por un grupo de militares que lo llevaron a la base norteamericana de Palmerola. El mandatario permaneció secuestrado durante varias horas y luego fue trasladado fuera del país. El Congreso destituyó formalmente a Zelaya y la Corte Suprema avaló la destitución. El golpe tuvo su marco legal. En una entrevista que le realizaron un año después del golpe en el programa Visión7 Internacional, Zelaya afirmó: «En Honduras está consolidada una oligarquía que es dueña de todos los medios de comunicación, de los medios de producción, de la banca, de todas las principales industrias del país, que está apoyada por las transnacionales norteamericanas y por el Gobierno de Estados Unidos».
En otra parte de la entrevista, el ex presidente hondureño señaló: «Todas las decisiones que ha tomado el Gobierno de facto y su sucedáneo son a favor de las compañías transnacionales. Les devolvieron los privilegios a las petroleras, los privilegios a los bancos, los privilegios que tenía el Comando Sur [norteamericano] en la base de Plamerola, que nosotros estábamos convirtiendo en un aeropuerto civil. El rompimiento con Chávez y con el socialismo y con el ALBA nos da a nosotros la conclusión que atrás del golpe estaban los intereses norteamericanos».
Paraguay
El 22 de junio de 2012, luego de un juicio político que se realizó en tiempo récord, el Congreso de Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo. El golpista Federico Franco se apresuró a declarar su intención de establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y manifestar la necesidad de que Washington reactivase la base militar de Mariscal Estigarribia. Franco fue la punta de lanza con la que se comenzó a atacar la Unasur y el Mercosur.
El principal diario de Paraguay, el ABC, no dejó de atacar a Fernando Lugo. Durante el juicio político, varios legisladores de la oposición utilizaron como argumento para atacar al presidente los artículos publicados por el matutino paraguayo. Luego de la destitución, el diario siguió con su ataque y criticó la actitud de los países que condenaron el golpe. La Corte Suprema reconoció rápidamente al Gobierno como legítimo.
Brasil
En el gigante suramericano el lawfare tuvo dos partes. La primera implicaba avalar el golpe contra Dilma Rousseff, justificarlo mediática y jurídicamente; la segunda, encarcelar y proscribir a Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que el Partido de los Trabajadores (PT) pudiera volver rápidamente al Gobierno.
La estigmatización mediática, encabezada por el multimedia Red O Globo, y el aval de la Corte Suprema permitieron que en agosto de 2016 se concretase el golpe parlamentario contra Rousseff, quien fue destituida sin que se le hubiera comprobado ningún delito.
En septiembre de 2018, el Tribunal Supremo Electoral emitió un fallo proscribiendo al expresidente y líder del PT, Lula da Silva, garantizando así el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Desde golpe de Estado en 2016, los retrocesos de materia de derechos de los trabajadores han sido brutales en Brasil. Tal vez el más significativo es que hoy 33 millones de personas padecen hambre y 125 millones sufren inseguridad alimentaria.
También han sido brutales los retrocesos en materia de soberanía. El alineamiento con Estados Unidos llevó a que, solo unos meses después del golpe, el presidente de facto Michel Temer promulgara una ley para que las empresas norteamericanas pudieran explotar los recursos de Presal. Cabe recordar que el Presal es el lugar de una de las reservas petroleras más importantes del mundo y que hasta ese momento, por ley, su explotación estaba en manos de la empresa estatal Petrobras.
La brutal ola privatizadora desatada luego por la dupla Bolsonaro-Güedes tiene como máximo punto la pérdida por parte del Estado de Electrobras, la mayor empresa de energía eléctrica de América Latina.
Ecuador
En 2017, Lenín Moreno, quien decía representar la continuidad del Gobierno de Rafael Correa, como candidato de la Revolución Ciudadana ganó las elecciones presidenciales. A penas asumió dio un giro de 180 grados, traicionó al líder de su espacio político, a sus compañeros y, en especial, el voto popular al alinearse con las oligarquía local y los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Para que Moreno pudiera aplicar y sostener ese cambió de rumbo, se desató una estrategia de lawfare contra los referentes del correísmo. En 2017, el vicepresidente de la Nación, Jorge Glass, fue destituido, encarcelado arbitrariamente y condenado a ocho años de prisión. Ante la arremetida política, la estigmatización mediática y la persecución judicial, otras figuras de Revolución Ciudadana, como la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, o el excanciller, Ricardo Patiño, debieron exiliarse, y otros dirigentes, como el asambleísta Virgilio Hernández o la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, sufrieron detenciones arbitrarias.
Pero el caso más emblemático en Ecuador fue el del expresidente Rafael Correa, a quien le armaron más de treinta causas en su contra, algunas con relatos casi calcados de los que se armaron en Argentina contra Cristina Fernández.
En 2018, Correa fue condenado por «influjo psíquico» (es decir que no cometió ningún delito sino que, según el tribunal, «influyó psíquicamente» para que otras personas cometieran delitos). En 2020, el Poder Judicial lo proscribió y le impidió participar de las elecciones de 2021.
Entre otras medidas, Lenín Moreno modificó, la Ley de Comunicación, aprobada durante el Gobierno de Correa y que impedía que los dueños de los bancos también poseyeran medios de comunicación; aplicó las políticas del Fondo Monetario Internacional; implementó un ajuste conocido como «paquetazo», que ocasionó un estallido social en 2018. El alineamiento con la política exterior de Estados Unidos tiene como claro ejemplo el hecho de que Moreno permitió, en un hecho sin precedentes, que las fuerzas de seguridad británicas (por pedido de Estados Unidos) entraran a la Embajada de Ecuador en Londres y se llevarán por la fuerza a Julian Assange, quien a esa altura ya era ciudadano ecuatoriano.
Bolivia
La persecución mediática y jurídica contra Evo Morales para quitarlo de la arena política comenzó mucho antes de que fuera presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando era un líder cocalero con creciente representación popular.
Tal vez el ejemplo más claro del lawfare contra Morales sea lo ocurrido tras el golpe de Estado de 2019. Al igual que los golpes contra Zelaya y Rousseff, el Poder Judicial avaló al Gobierno de facto, en este caso, de Jeanine Áñez. Se realizó un armado de causas contra el expresidente y se lo llegó a denuncia por «terrorismo».
En septiembre de 2020, cuando se acercaban las elecciones que repondrían la democracia en Bolivia, un fallo judicial proscribió a Morales al inhabilitar su candidatura a senador por Cochabamba.
En una entrevista realizada por Contexto, Juan Ramón Quintana, ex ministro de Gobierno de Evo Morales, sostuvo: «La vanguardia del golpe en Bolivia fueron los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación, analistas, articulistas, periodistas, conformaron ‘todo un ejército’ que se convirtió en un bloque muy potente que barrió con toda posibilidad de defensa del Gobierno en materia de disputa, de debate. La jerarquía de la Iglesia católica estuvo fuertemente comprometida con la desestabilización; también un conjunto de organizaciones no gubernamentales que desde distintos ámbitos (el medioambiente, los derechos humanos, la democracia, etc.) jugaron su papel, los dirigentes de la derecha con un financiamiento muy fuerte desde el extranjero, el empresariado, etc. Ese bloque se fue consolidando y, por supuesto, ingresaron las universidades públicas y privadas, y finalmente hizo su ingreso sedicioso la Policía y, como corolario, las Fuerzas Armadas».
«Hasta el 10 de noviembre [de 2019] ese bloque trabajó, hizo su papel, fue ensamblado y articulado desde la Embajada de Estados Unidos con recursos norteamericanos y el apoyo, además, de algunos países de la Unión Europea, de hecho, hay que investigar en profundidad el papel de la UE en el golpe de Estado en Bolivia, porque durante el año 2019 sus embajadores se encargaron de desacreditar al Tribunal Supremo Electoral. Hubo toda una estrategia de descrédito del TSE por parte de la UE y sus operadores políticos, que son las ONG a las que transfieren recursos económicos».
Argentina
La actual arremetida contra Cristina Fernández de Kirchner tiene elementos que exceden lo burdo, como el hecho de que uno de los acusadores, el fiscal Diego Luciani, suela juntarse a jugar al fútbol con uno de los que debe dictar sentencia, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, en la quinta del principal líder opositor, Mauricio Macri.
A pesar de que se le impidió ampliar su declaración indagatoria para defenderse de acusaciones que la fiscalía incluyó a último momento, la vicepresidenta habló a través de sus redes sociales y dio una clara explicación de cómo se intentaron forzar las pruebas en su contra y ocultar pruebas que involucraban a otros actores del entorno macrista.
Al señalar qué es lo que hay detrás del intento de condenarla, Fernández aseguró: «Esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces los mismo. ¿Dos veces pagarle al Fondo Monetarios y decirle ‘andante’? ¿Dos veces decirle que no a los Fondos Buitres? No. ¿Dos veces [estatizar] las AFJP? No. ¿Veces Vaca Muerta? No».
«Necesitan dirigentes disciplinados. Necesitan funcionarios que hagan lo que el poder real quiere», sostuvo, y agregó: «Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los Gobiernos nacionales y populares. Este es un juicio a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia».
Como una mala pero exitosa obra de teatro
El libreto utilizado para atacar a los líderes populares es escrito más allá de nuestras fronteras y se replica casi idéntico en toda la región. Los intereses detrás de esta arremetida también son los mismos: las oligarquías locales en alianza con los poderes multinacionales con sede en Estados Unidos y Europa. Los encargados de la puesta en escena: los medios hegemónicos de comunicación. Los ejecutores de la obra: jueces y fiscales sin escrúpulos ni el mínimo interés en el derecho. El resultado, si se ejecuta con éxito, también suele ser el mismo: la destrucción de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Solo el pueblo puede decidir si se quedará como un público pasivo o si intervendrá para cambiar el final anunciado.
