Trabajadores estatales protestaron la semana pasada en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la reincorporación de cuatro técnicos despedidos que se encargaban de controlar el espectro radioeléctrico de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y parte de Entre Ríos. Todos tenían su base de operaciones en la localidad 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, donde el organismo ya había echado a otros siete empleados.
“De los diecinueve técnicos que había hasta diciembre de 2015, hoy sólo quedan ocho. Esto pone en riesgo las comunicaciones porque la planta de 9 de Abril evita las interferencias en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el aeroparque Jorge Newbery, el aeropuerto de San Fernando y la base de la Fuerza Aérea del Palomar, además del 911 y las empresas de telefonía celular”, explicó a Contexto el secretario general adjunto de ATE Echeverría-Ezeiza, Gustavo Montiveros.
Las cesantías fueron ejecutadas por el director nacional de Control y Fiscalización, Alfredo Raúl Parodi, un ingeniero al que apodan “el Dromi del ENACOM”, en alusión al ex ministro de Obras y Servicios Públicos que llevó adelante el programa de privatizaciones durante los primeros años del Gobierno de Carlos Menem.
Los trabajadores sostienen que la intención de Parodi con el vaciamiento del centro operativo de Esteban Echeverría –que resuelve el 70% de los problemas de comunicaciones que se registran en el país– es “que los controles fallen para poder justificar una nueva privatización”.
“Hay un gran negocio detrás de esto”, aseguró Claudio Cinqugrana, uno de los despedidos sin causa luego de catorce años en la planta; mientras que Montiveros graficó el nivel de ingresos del ENACOM a través del control del espectro radioeléctrico: “sin contar las comunicaciones aeroportuarias, obtiene un 10% de lo facturado por cada mensaje de texto, audio o comunicación directa de telefonía celular”.
Más que una analogía
Parodi no sólo se parece a Roberto Dromi. Desde el 8 de julio de 1989, formó parte de su gestión en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos como subsecretario de Radiocomunicaciones; constituyó empresas para rapiñar beneficios del Estado, como Bussiness Communications Consulting y Page Baires SA; y más tarde se integró a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), donde despidió a unos cuatrocientos trabajadores y participó de la privatización del control del espectro radioeléctrico, que en 1997 quedó en manos de la empresa francesa Thales Spectrum.
La escandalosa concesión fue anulada recién en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y se abrió una causa por defraudación a la Administración pública en la que resultaron procesados el ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, otros nueve exfuncionarios del área y los directivos de Thales, Jorge Justo Neuss, Jean Nicolás Rostan D´Ancesune West y de Juan Carlos Casagne.
“Cuando Kirchner recuperó el control del espectro radioeléctrico, Parodi se fue a trabajar de CEO a Telefónica de España. Volvió con Macri para devolver favores a sus antiguos patrones. Él está para privatizar en complicidad con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el titular del ENACOM, Miguel de Godoy”, subrayó Montiveros.
A fines del año pasado, Aguad lo envió a Estados Unidos para ofrecer “oportunidades de inversión” en el marco de una reunión del Council of the Americas (COAS) y otros encuentros con empresarios del sector de las telecomunicaciones. Al regresar a Buenos Aires, el director de Control y Fiscalización avanzó con los despidos.
Triaca hace la vista gorda
Además de la protesta en el ENACOM, los trabajadores realizaron durante este mes distintas medidas de fuerza para tratar de frenar el vaciamiento, entre ellas una toma de la planta de Esteban Echeverría y un paro de 48 horas.
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades mantienen su intransigencia. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación tampoco dan respuestas. Como en otros conflictos, el titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, prefiere mirar para otro lado.
“Triaca también es responsable. Él tiene la herramienta de la conciliación obligatoria para poner las cosas en cero y facilitar una solución al conflicto, pero de forma sistemática se ha negado a convocarla”, denunciaron desde ATE.
