Por Grabiela Calotti
“Los internos de la Unidad N° 1 de Olmos levantaron la medida de fuerza a raíz de que las reformas legislativas a nivel nacional y provincial, a las leyes de Ejecución de la Pena y las reformas excarcelatorias serán tratadas en 2017”, anunció a Contexto Romina Aramburu, abogada cercana a los detenidos.
La huelga de hambre que había comenzado hacia el 15 de diciembre en la Unidad N° 1 de Lisandro Olmos fue ganando adhesión en la U9 de La Plata, la U47 de San Martín, uno de los penales de Campana, la U31 de Florencio Varela, un pabellón de la U23 y la U8 de Mujeres de Los Hornos.
Las cuatro iniciativas que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, con el rechazo, en el caso del proyecto de reforma de la Ley 24.660 sobre Ejecución de la Pena del bloque del Frente para la Victoria (FpV), recibirán tratamiento en la Cámara Alta a partir de marzo de 2017, es decir, cuando se inicien las sesiones ordinarias, confirmaron a Contexto fuentes legislativas.
Las personas en situación de encierro que se habían plegado a la huelga de hambre, ingiriendo solamente líquidos, reclamaban básicamente una mesa de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos bonaerense y de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para frenar las restricciones que dichos proyectos supondrán para las excarcelaciones, la libertad condicional y las salidas transitorias.
“Fuimos hacia una pacificación porque lo que queríamos era entablar una mesa de diálogo”, precisó a Contexto una interna de la U8.
Un primer intento de reunión fracasó la semana pasada, y la que estaba prevista para este miércoles fue directamente cancelada, una vez que se confirmó que, en todo caso, el proyecto de reforma de la Ley 24.660, que prevé restricciones a las salidas transitorias (NdR: que alcanza a las personas ya condenadas) y que podría afectar directamente su derecho de acceso a la educación fuera de los penales, será tratado el año que viene, precisó Aramburu.
Entre los cuatro proyectos que ya cuentan con media sanción en Diputados figura el que motivó la huelga de hambre. Propuesto por el diputado radical por Mendoza Luis Petri, modifica una veintena de artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 eliminando las salidas transitorias, la libertad condicional y otros beneficios para quienes fueron condenados por delitos sexuales graves, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y robos con armas de fuego. El objetivo es que estos detenidos cumplan con la totalidad de la pena.
Esta reforma es la que preocupa, pues “repercutirá en la posibilidad de acceder a la educación fuera del penal”, precisaron fuentes legislativas.
Otro de los proyectos, impulsado en este caso por el bloque de Sergio Massa, limita las excarcelaciones durante el proceso penal, es decir que alcanza a quienes están en prisión preventiva, que todavía no fueron condenados y que esperan su juicio. Este proyecto establece un protocolo que los jueces deberán cumplir antes de decidir si ponen o no en libertad a un imputado.
Otra de las iniciativas, también del massismo, pretende aumentar las penas por delitos cometidos con armas y establece, por ejemplo, que las personas detenidas con armas ilegales en la vía pública no puedan ser excarceladas.
El cuarto proyecto, que también tiene media sanción en Diputados, es la Ley Nacional de Protección a las Víctimas de Delitos, que contempla una garantía de asistencia legal gratuita, patrocinio letrado o apoyo de un letrado como querellante. Fuentes legales consultadas al respecto subrayaron que, en principio, esta iniciativa no está destinada a proteger a las víctimas de violencia institucional, fenómeno que no cesa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y en particular en el Conurbano.
“Claramente no es un proyecto pensado para violencia institucional. Es un proyecto pensado para robos, homicidio, violaciones, etcétera”, pero hilando fino indicaron que “se puede aplicar a la violencia institucional porque pone una definición de víctima muy amplia”.
“Como violencia institucional no es un delito en sí mismo, sino que es un grupo de delitos, ahí vas a tener torturas, lesiones, etcétera, es muy posible que entre dentro de estas cuestiones y que una víctima de violencia institucional pueda ampararse en esta ley”, puntualizó la misma fuente.
El artículo 4 de esa iniciativa define, entre otras, como víctimas de delitos a “aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional o económico, o en general la puesta en peligro o lesión que afecte la libre disponibilidad de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito”.
La provincia de Buenos Aires concentra al 46% de la población carcelaria del país, de modo que lo que ocurra en el Senado de la Nación en 2017 en materia de iniciativas como las indicadas más arriba, mal llamadas “para combatir la inseguridad” por el oficialismo macrista y sus aliados, seguramente impactará en territorio bonaerense.
