Luego de varias semanas de debates y exposiciones, la Comisión de Legislación General emitió hoy tres dictámenes en busca de una nueva ley de alquileres encabezados por el del Frente de Todos (dieciséis firmas), Juntos por el Cambio (catorce firmas) y uno propio de la diputada Graciela Camaño.
La propuesta del oficialismo mantiene el espíritu de la ley actual, que en sus principales puntos establece una duración de tres años de los contratos, con actualización del precio anual en un promedio que se establece entre el índice de precios al consumidor y el índice RIPTE de variación salarial. Asimismo, el proyecto agrega incentivos para los pequeños propietarios y facilidades para el acceso a garantías de los inquilinos.
A diferencia de esa iniciativa, Juntos por el Cambio propuso volver al esquema de contratos bianuales, con plazos de actualización semestrales donde el costo lo podrán pactar libremente las partes. Por último, hubo otra iniciativa de la diputada Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, que con una postura intermedia propuso volver a los contratos de dos años y con actualizaciones sin índices prefijados, pero con topes.
«Hay que mantener un equilibrio entre estado y mercado», dijo el diputado Daniel Arroyo, el primero del oficialismo en exponer durante la reunión de la Comisión. El legislador apoyó la medida que impulsa su bloque, defendió la mantención del plazo de tres años, aunque advirtió que hay que analizar dos cosas centrales de la actualidad: «La primera es que tenemos entre 50 % y 60 % de inflación anual, y ahí radica el problema de la actualización, y la segunda es que Argentina tiene un 45 % de informalidad laboral». Arroyo también apoyó los incentivos fiscales para que más propietarios pongan viviendas en alquiler.
«Partimos de la idea de que la ley fracasó y no produjo los efectos beneficiosos que se suponía», sostuvo por su parte el diputado de la UCR Fabio Quetglas, quien además defendió la revisión semestral del precio de los alquileres. «En una economía inflacionaria donde los precios se mueven día a día no podemos obligar a los propietarios a hacer una actualización anual», consideró.
José Luis Gioja, por su parte, defendió la iniciativa del oficialismo y expresó: «El que está arriba siempre se impone sobre quienes están abajo, por eso el Estado debe estar siempre presente para hacer justicia y proteger al que menos tiene». «La actual ley de alquileres ha sido injustamente castigada por intereses de distinto tipo. Esta ley sirve, el problema es que no se ha aplicado», afirmó.
El proyecto del oficialismo, por otro lado, contará con beneficios fiscales para los propietarios -uno de ellos impulsados por el propio Gioja- y agrega una atribución a la Comisión de Defensa del Consumidor para dirimir conflictos entre las partes.
«Acceder a una vivienda es un derecho humano que tenemos garantizado por la Constitución, por lo cual tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado para su cumplimiento y no dejarlo librado a la mano invisible del mercado, como viene haciéndose 1976», afirmó la diputada oficialista Gisela Marziotta, y añadió: «La ley actual es muy buena, pero no se cumple. El problema es el abuso del mercado inmobiliario respecto de una necesidad tan básica como la vivienda».
