Tras volver a instalar el fantasma de las “mafias de los juicios laborales”, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a presionar para darle plena vigencia a la modificación de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), hoy vigente a nivel nacional, con la adhesión de la Capital Federal y la discusión instalada en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde la oposición advierte que hará lo posible por frenar esta reforma que, según sostienen, “amenaza el acceso de los trabajadores a la Justicia laboral”.
Mientras el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apunta directo al sindicalismo y sectores de la CGT lanzan guiños sobre el “problema del ausentismo, la improductividad y la industria del juicio”, el Senado provincial se convirtió en el eje de disputa para el avance de la ley que otorgaría amplios beneficios a las empresas aseguradoras.
“Estamos llevando adelante todas las medidas que podamos para evitar la adhesión a la Ley de ART que propone el Ejecutivo. Si bien ya es ley nacional, para que aplique en provincia tiene que pasar primero por la Legislatura”, dijo a Contexto la senadora provincial del FpV-PJ Mónica Macha. Y agregó: “Nosotros venimos frenándola porque entendemos que, más allá de lo que se plantee como ‘mafia de los juicios’ o la persecución que hay a referentes sindicales, lo que cuidamos es el derecho que tienen trabajadores y trabajadoras que sufran un accidente laboral o enfermedad para poder llevar adelante un juicio laboral”.
“Nosotros venimos frenándola porque lo que cuidamos es el derecho que tienen trabajadores y trabajadoras que sufran un accidente laboral o enfermedad para poder llevar adelante un juicio laboral.”
El bloque de senadores que responden a Cristina Kirchner representa el principal freno a esta ley, cuya adhesión en territorio bonaerense fue presentada por parte del Frente Renovador. No obstante, el senador Juan Manuel Pignocco sostuvo que “con la actual composición de la Cámara, la adhesión no estaría alcanzando a juntar los dos tercios de los votos necesarios, al menos por este año”.
“Con esta ley se pasaría a un sistema donde la potestad judicial la pasan a tener médicos y donde no están dadas las condiciones como para garantizar una atención accesible a los trabajadores. En lo concreto, es inviable”, explicó el senador.
La modificación de la Ley de ART, establecida por decreto a principio de año por Mauricio Macri, incluye, entre otros aspectos, “la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias”. En términos jurídicos, la nueva disposición obstaculizaría la instancia judicial con requisitos médicos casi inviables, derivados a una cantidad limitada de centros de atención para toda la provincia y con plazos expeditivos de hasta sesenta días hábiles.
“La ley pretende eliminar la judicialización, suplantándola por un proceso administrativo ante órganos que dependen del Ejecutivo y financiados por las propias ART. Solo quedaría una instancia de apelación reducida con efecto suspensivo ante la Justicia laboral ordinaria. Para ello, la provincia debe adherir a la ley”, dijo a Contexto el abogado laboralista Héctor Ruiz. El letrado explicó que la dinámica de la nueva legislación de ART busca impedir al trabajador el acceso a la Justicia laboral ante un accidente y otorgar amplias funciones jurisdiccionales a un órgano administrativo “con mínima posibilidad de revisión”.
“La Ley pretende eliminar la judicialización, suplantándola por un proceso administrativo ante órganos que dependen del Ejecutivo y financiados por las propias ART.»
Cabe destacar que uno de los principales argumentos que mantuvo el oficialismo se fundó en las tasas de “litigiosidad laboral” que obligarían a las pymes “a pagar grandes indemnizaciones que conducen a la quiebra”. En esta línea, Mónica Macha afirmó que, según estadísticas elaboradas desde el sector sindical, “más del 70% de los juicios laborales no son contra las pymes”.
“Detrás de toda esta cuestión, lo que el oficialismo está defendiendo es el negocio de las ART. Lo que proponemos es un proyecto de ley que sí esté pensado para prevenir y proteger la salud integral de los trabajadores y trabajadoras. Ese proyecto ya ingresó en el Senado y está en la Comisión de Salud”, agregó la senadora.
En tanto, Ruiz expresó que existen “pocas Comisiones Médicas, con escasa infraestructura, y es prácticamente imposible que cumplan las funciones encomendadas, sin contar los traslados a enormes distancias que tendrán que realizar los accidentados, ya que la jurisdicción es amplísima territorialmente”.
Asimismo, Macha agregó que incluso si un trabajador llega a esa instancia requerida por las Comisiones Médicas lo haría en términos exhaustivos y correría el riesgo de “negociar en desigualdad de condiciones y acordar un monto que no es el que le corresponde”.
