El Gobierno nacional ya ofrece cambios a la denominada ley «Bases» presentada en el Congreso nacional para terminar de seducir a los bloques dialoguistas. Son más de cien modificaciones las introducidas al proyecto original, con las que Javier Milei pretende terminar de conseguir los votos del PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, bloques que, lejos de ser oposición, se presentan ya como los grandes aliados de Javier Milei para que este pueda llevarse su primer gran triunfo.
Mientras Unión por la Patria rechaza de lleno el proyecto, los bloques dialoguistas se dedicaron a negociar esta semana con miembros del Ejecutivo nacional y con el presidente de la Cámara de Diputados una serie de cambios que parecen haber conseguido, aunque por lo pronto buscan manejar cierta prudencia hasta tener la letra chica del proyecto.
Uno de los principales cambios es la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, uno de los grandes cuestionamientos del radicalismo. El proyecto original establecía que, en línea con la emergencia pública, sería de dos años con posibilidad de prórroga de dos años más. Ahora será un año, con otro de prórroga. Asimismo, la emergencia no aplicará en Defensa, Social y Sanitaria.
En lo que respecta a las economías regionales, que se elevaban a retenciones a la exportación de un 15 %, las mismas quedan ahora en 0 %.
En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que pasa al Tesoro Nacional habilitando el saqueo en manos del Ministerio de Economía de Luis Caputo, ahora se establece que para liquidar activos «deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones».
Como ya se había anunciado, en lo que respecta a la pesca y teniendo en cuenta los reclamos centralmente de los gobernadores, se aclara ahora que «se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina», que el «sistema de licitaciones no va a ser internacional» y se «mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local».
Si bien al radicalismo no le cedió quitar de la lista privatizaciones como la del Banco Nación, el Gobierno sí sacó YPF. En esta línea, en lo que respecta a Energía, agrega: «Se aumenta el corte de bioetanol y biodiesel. Se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. En base a los comentarios recibidos, se modificaron/adaptaron más de 100 Artículos. Eliminación de derogación de Ley de Azúcar».
Otros cambios
-Ley Micaela: se amplía el alcance de la ley con respecto al artículo enviado al Congreso.
-Se elimina el artículo 31 que hacía referencia a la manifestación de tres personas. Se incluye pena en el Código Penal para bloqueos a comercios o industrias.
-Se aclara que los estudios a distancia son solo para el ciclo orientado de la secundaria. A su vez, los estudios híbridos se limitan a las materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular normal.
-Se eliminan las entidades gremiales del acuerdo de los aspectos laborales como el salario mínimo.
-Se establece que la primera autoevaluación deberá ser a los seis años (Universidades).
-Se mejoran los criterios para el financiamiento de Universidades en base a comentarios y sugerencias de la oposición.
-Se vuelve a incluir el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.
-Se establece una garantía para que los recursos del INCAA, INAMU y CONABIP se mantengan. Los recursos no podrán destinarse en más de un 20 % a gastos generales y de funcionamiento interno.
-Se trasladan todas las funciones del Instituto del Teatro a la Secretaría de Cultura.
-Se mantiene el Fondo Nacional de las Artes. Se le pone un tope en gastos generales y funcionamiento interno.
-Se eliminan los cambios de CONABIP, salvo lo relacionado con el financiamiento.
-Se elimina la derogación del Título VI y V de la Ley 23.351.
-Se derogan el inciso 2 del artículo 12 y los artículos 19, 20, 7 y 100 de la Ley Nº 26.522.
