Agrandado por el resultado de las elecciones legislativas de octubre, en noviembre y diciembre el gobierno arremetió a fondo para sancionar proyectos de ley que destruyen derechos y perjudican a la mayoría de la población -las llamadas “reformas” jubilatoria, tributaria y laboral-. Su plan era tener todo listo y con las leyes aprobadas para terminar 2017 con una seguidilla de éxitos y triunfos.
No fue así, no lo consiguió de manera triunfal. Avanzó parcialmente en la aprobación de esas leyes infames, pero en el recorrido encontró una resistencia social y política novedosa que sugiere una segunda mitad del mandato de Mauricio Macri más complicada que la facilonga de sus primeros dos años.
Sin embargo, la resistencia popular y la sociedad en general comprobaron -algunas personas en su propio cuerpo y/o en su psiquis- que la derecha está dispuesta a usar toda la violencia estatal que haga falta para imponer sus planes. Los primeros que lo saben son las víctimas que se quedaron para toda la vida sin uno de sus ojos porque policías o gendarmes (para el caso es lo mismo) le dispararon balas de goma a esa altura.
Pero el gobierno, las maquinarias mediáticas encabezadas por la cadena Clarín y los jueces y fiscales que forman parte del régimen gobernante ejecutan a cada minuto de las veinticuatro horas de cada día una gigantesca y minuciosa acción psicológica sobre la opinión pública para que la población termine creyendo que el peligro para el país y para “la gente” son “los violentos” que había en las manifestaciones, mientras que la violencia represiva se oculta y/o se justifica.
Esa estrategia de engaño y adoctrinamiento sobre la sociedad exige ocultar las multitudinarias manifestaciones populares pacíficas, y la reaparición -en realidad, primera aparición contra el macrismo- de los “ruidazos” o “cacerolazos” en Buenos Aires y muchas otras ciudades argentinas, también completamente pacíficos.
Como parte de la misma maniobra, el aparato mediático del poder se dedicó a mostrar como víctima de la violencia al diputado Martín Lousteau, quien fue increpado y sufrió un intento de agresión física en pleno centro porteño, mientras en el lugar se realizaba una protesta contra el recorte de jubilaciones para empleados del Banco Provincia. Lousteau consiguió, como corresponde, la solidaridad de toda la Cámara de Diputados de la Nación.
Mucho menor, casi nula -excepto desde sectores políticos afines a la víctima y del intendente del distrito- fue la solidaridad hacia el concejal de San Martín Hernán Letcher, de Unidad Ciudadana, atacado por un grupo de agresores en su propia casa, mientras estaba con un hijo suyo y dos amigos del chico. Además de ser militante kirchnerista y ocupar un cargo en su ciudad, Letcher es un destacado estudioso e investigador académico que dirige el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Mientras tanto, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cuentan siempre con jueces y fiscales del régimen gobernante para perseguir a sus opositores políticos. La novedad de la semana fue la amenaza de meter preso al intendente de Ensenada, Mario Secco, por denunciar dentro del recinto de la Cámara de Diputados bonaerense los ataques policiales contra la gente que protestaba afuera del edificio legislativo.
Inimaginable hasta hace dos años, la existencia de presos políticos en Argentina empezó pocas semanas después de que al macri-vidalismo y toda la derecha tomaran el control del Estado. Primero, Milagro Sala y sus compañeras de la organización Tupac Amaru. En los meses y semanas recientes, Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, Héctor Timerman (con prisión domiciliaria por estar gravemente enfermo), Luis D’Elía, Fernando Esteche y el dirigente de la comunidad argentino-iraní Jorge “Yussuf” Khalil. Asimismo, amenazada de ir presa si le quitan los fueros parlamentarios, Cristina Fernández de Kirchner.
La violencia jurídica contra opositores es otra “pata” de la violencia física contra personas comunes del pueblo y/o dirigentes, militantes y legisladores/as que protestan. Para unos/as la cárcel o la amenaza de prisión, y para otros/as gas pimienta, balazos de goma, gases lacrimógenos, y también fabricación de acusaciones penales y amenazas de cárcel.
Empresas con negociados, gente sin trabajo
Una de las transformaciones más ambiciosas planeadas desde hace dos años, cuando Macri asumió la presidencia de la nación, se concretó al llegar esta Navidad: el Grupo Clarín consiguió la fusión de las empresas Cablevisión y Telecom. El poderoso conglomerado empresarial expande aun más sus tentáculos en los sistemas de Internet, televisión paga (cable), y teléfonos móviles y fijos.
Este negociado, lo único “exitoso” de la actualidad, empezó a gestarse en las primeras semanas de la gestión macrista, cuando fueron derogadas de facto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (comunmente llamada “ley de medios”) y la de Telecomunicaciones (cuyo nombre formal era Ley “Argentina Digital”), cuyas cláusulas fundamentales quedaron abolidas mediante decretazos presidenciales.
Hasta ese momento (diciembre de 2015), solamente las dictaduras derogabas leyes a través de decretos. Macri lo hizo. Ambos actos de violencia jurídica, así como muchos otros que le seguirían, fueron perpetrados con la complicidad de la fracción dominante del Poder Judicial encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Sobre la base de aquel ultraje al patrimonio legal democrático de la nación, el organismo de facto denominado Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) -que reemplazó a los dos organismos legales vigentes previamente: la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC)- acaba de realizar la pantomima de “autorizar” lo que ya Macri había acordado quién sabe desde cuándo con el máximo jerarca del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, o sea, la fusión de Cablevisión con Telecom.
La alevosía del contraste entre el jolgorio del gobierno y de los grandes capitalistas, por un lado, y por otro los sufrimientos de sectores cada vez más extendidos de la población, no puede ser más grande.
La feliz Navidad para el cártel Clarín ocurrió al mismo tiempo (con apenas unos días de diferencia) que la descarga aluvional de violencia perpetrada por el oficialismo nacional y bonaerense para garantizarse la sanción de la rebaja de las jubilaciones en la nación y su correlato en el régimen previsional para trabajadores del Banco Provincia.
El macrismo arremetió igualmente para que el Congreso apruebe un régimen impositivo que favorecerá a los grandes empresarios y a los especuladores mientras se perjudicarán el consumo y la producción nacional, y con la reducción de cargas patronales le quitará dinero a la ANSES (o sea, menos plata para pagar las jubilaciones en el futuro).
Como parte de una política oficial devastadora, el presupuesto nacional para 2018 -aprobado por Diputados y que terminaría de sancionarse la semana entrante en el Senado- anticipa otro año de recortes en la inversión social y un endeudamiento que conduce al país hacia una nueva catástrofe económica.
En los mismos días se produjeron también otros hechos tremendos por su gravedad humanitaria, social y política, debido a que cada vez más gente se queda sin trabajo y además sus protestas son respondidas con violencia desde el Estado.
El caso más atroz de la semana lo vivieron los trabajadores del ingenio La Esperanza de Jujuy, donde 338 de ellos habían sido despedidos y los que aún mantienen su trabajo no cobraban el sueldo. La policía provincial del gobernador radical-macrista Gerardo Morales atacó ferozmente una manifestación sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Arrayanal, y además metió presas a cerca de treinta personas, incluidos los principales dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA).
Otros afectados por despidos días antes de Navidad, en este caso por una decisión del gobierno macrista para desmantelar la fortaleza económica del Estado y facilitar así los negocios privados y de empresas extranjeras, fueron 35 trabajadores contratados de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (ubicada en la localidad del mismo nombre, en la provincia de Santa Fe), que pertenece a Fabricaciones Militares (FM), empresa del Estado.
El ministerio del cual depende la firma estatal -el de Defensa- acaba de hacer además otro “aporte” a la masacre contra los puestos de trabajo: echó a setenta empleadas/os. Lo hizo con saña ideológica, ya que ellas/os se desempeñaban en la Dirección de Derechos Humanos y su trabajo fue trascendental para desentrañar los archivos militares ocultados desde la época de la dictadura y aportar esa información a los tribunales donde se realizan juicios por los crímenes del terrorismo de Estado.
El caso recién mencionado en Fray Luis Beltrán se agrega a otro en territorio santafecino. En Firmat, al sur de la provincia, la tradicional empresa metalúrgica Vassalli (una fábrica de cosechadoras) despidió en la semana recién terminada a 52 trabajadores y ya anticipó que otro grupo sufrirá el mismo destino en enero.
Resistencia popular y opinión pública
El año no termina como el gobierno y la derecha en general querrían, porque imponer sus leyes infames y todo de su plan de gobierno empezó a costarles más de lo esperado. La ciudadanía opositora y las fuerzas populares de todo tipo quizás vivan con legítimo optimismo el surgimiento vigoroso de una mayor resistencia y enfrentamiento contra el régimen gobernante.
En el trasfondo de esos cambios está la decepción de amplios sectores sociales que vivieron envenenados por un sentimiento antikirchnerista y fueron fervientes votantes y defensores del actual oficialismo. Un ejemplo típico serían muchos/as jubilados/as, y también muchos/as empleado/as del Banco Provincia que odiaban al gobierno anterior porque les quitaba parte de sus sueldos con el Impuesto a las Ganancias, y ahora el macri-vidalismo, además de seguir haciéndoles pagar ese impuesto que prometió eliminar, les mete la mano en el bolsillo de sus jubilaciones.
Sin embargo, lo que pueda haber de positivo para los intereses populares en la realidad política que se insinúa a partir de estas novedades coexiste con un aumento de la violencia del Estado contra las protestas. Hasta el momento, el resultado extremo de esa estrategia criminal fueron los asesinatos impunes de Santiago Maldonado -de quien el discurso oficial dice que “se ahogó”- y Rafael Nahuel.
Recientemente, en las dramáticas e históricas jornadas de movilizaciones frente al Congreso Nacional y la Legislatura bonaerense, la derecha exhibió sin pudor su salvajismo represivo y también su inmenso poderío para manipular a la opinión pública. Macri dobló la apuesta, y junto con los sectores más peligrosos de la corporación de jueces y fiscales, amenazan con redoblar la persecución y la cárcel contra personas que salgan a la calle a defender sus derechos.
Los gobiernos nacional y provincial no sólo utilizan la violencia desde el primer día y cada vez más, sino que al mismo tiempo actúan a través de las maquinarias mediáticas y del sistema judicial para que el miedo desaliente las protestas públicas y persista un conjunto social importante e influyente -no marginal o poco numeroso, que siempre existirá de todos modos- que legitime y respalde la barbarie derechista.
El futuro del país se define en los dos niveles: en la resistencia popular y las protestas, y en la percepción que de ello se construye en la subjetividad colectiva.
