El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó a los cuestionamientos contra el Gobierno del libertario Javier Milei tras la decisión de entorpecer la puesta en marcha de las cinco nuevas universidades nacionales creadas por ley del Congreso de la Nación el año pasado.
Esta semana se conoció la decisión de llevar adelante una serie de auditorías sobre las nuevas casas de estudios «con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo», según la resolución del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello.
A pesar de no ser desechadas por la imposibilidad de avanzar sobre instituciones creadas por ley, todo indica que el freno se enmarca en el plan «motosierra» que lleva adelante la Administración de Milei, y que la idea es retrasar su puesta en funcionamiento.
Como en otros casos en que se discontinuaron programas de gobierno, y a pesar de que no existe cuestionamiento alguno sobre la financiación de las nuevas casas de estudio, el Gobierno apuesta a sembrar dudas sobre la transparencia en el manejo de fondos que en muchos casos no fueron siquiera asignados todavía. Así lo expresó la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, quien sostuvo en sus redes sociales: «Se terminó ‘el curro’ de las universidades como caja para hacer política. Se terminó la manía de usar fondos públicos para llenar bolsillos de unos pocos».
El caso de las universidades que serán auditadas (Río Tercero, Pilar, Delta, Ezeiza y Universidad de Madres de Plaza de Mayo) se suma a la decisión que pone en serio riesgo financiero a todo el sistema universitario de prorrogar el presupuesto 2023 para el funcionamiento operativo de las casas de estudio durante este año, por el que las instituciones ya han realizado advertencias de inviabilidad.
«Los países crecen con educación, no sin educación. Por eso hago público mi enérgico repudio y total rechazo a la decisión del Gobierno nacional de frenar la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, establecida por ley a través del Congreso nacional en 2023», expresó el gobernador cordobés durante un acto en el que anunció un aumento en el alcance del Boleto Educativo Cordobés (BEC).
El caso de Río Tercero es reclamado por la comunidad como un acto de reparación tras el dramático atentado ocurrido en 1995 en que fallecieron siete personas y otros cientos resultaron heridos luego de varias detonaciones que se produjeron en la sede local de Fabricaciones Militares. Así lo había ratificado el intendente cuando el año pasado se votó en el Congreso: «Hace 28 años que luchamos por Verdad, Justicia y Reparación. Por los que ya no están, y por los que seguimos luchando, la Universidad a un paso de ser una realidad».
También se sumó a los reclamos el intendente de Pilar, otro de los distritos afectados por el parate a la creación de una universidad. «La Universidad Nacional de Pilar nació como un sueño colectivo, y eso es lo que hace que sea imparable», expresó el jefe comunal, Federico Achával, y reconoció el apoyo y acompañamiento de los vecinos e instituciones de la ciudad.
