Por Mirta Taboada
En diálogo con Contexto, Pablo Almeida, delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se refirió a los despidos en el Ministerio de Hacienda y a las acciones que están llevando los trabajadores y trabajadoras, que hasta el momento lograron la reincorporación de treinta personas. “Los funcionarios siguen sin dar respuesta para los 125 compañeros que están despedidos, y para nosotros eso es una falta de respeto y atenta contra la normalidad del Ministerio”, manifestó.
El jueves 28 de abril, el personal despedido del Ministerio de Economía, nucleado en ATE, permaneció desde la mañana en el despacho del viceministro Pedro Lacoste con el objetivo de exigir una reunión. Sin embargo, el funcionario “no apareció, sólo mandó a la Policía. La respuesta de esta gente es esa. Nosotros vamos a seguir peleándola. Tienen un error de concepto si creen que vamos a bajar los brazos mientras haya compañeros despedidos que quieran volver a trabajar”, sostuvo Almeida.
Sobre la forma en que los empleados y empleadas del Ministerio de Hacienda se enteraron de la medida tomada por las autoridades, relató que “el 31 de marzo no se los dejó entrar, lo cual es una vergüenza, porque, salvo en tres casos a los que ya les habían notificado previamente, no les dieron posibilidad de preaviso. Les avisaron que era el último día que tenían contrato, que en realidad tenían hasta fin de año, pero con un decreto [el 254/2015] el macrismo los había acortado y se encontraron con que no los dejaban entrar”.
De acuerdo con el testimonio del delegado general, “lo primero que nos dijeron es que iban a buscar ñoquis, que es alguien que usufructúa una posición política para no laburar, que roba al Estado, y nosotros estamos muy lejos de eso”.
Asimismo, Almeida manifestó que las autoridades de la cartera económica “tuvieron que reconocer que no habían encontrado ñoquis y que echaban porque les parecía que sobraba gente en algunas áreas”. Ante esa respuesta, la propuesta sindical fue que se los reubicara en otras dependencias, para lograr el sostenimiento de las fuentes de trabajo. “Son gente que cobra 7 mil pesos la mayoría, no estamos hablando de sueldos exorbitantes”, detalló Almeida.
“No hay excusa en un Ministerio de 4 mil personas para echar a 150, donde todos los días llega gente, porque los salarios son muy bajos, porque se jubilan, por diversos motivos. Son excusas para producir un disciplinamiento entre los trabajadores, y lo que es más grave es que un núcleo muy grande de los despedidos pertenecía a la Red Territorial del PROG.R.ES.AR. (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos)”, indicó Almeida.
En relación con la situación de la política pública juvenil, el dirigente expresó que la Red Territorial no está funcionando. “Ellos hacían el trabajo de llegar hasta los lugares donde la gente tiene más necesidades, iban al territorio, cumplían un rol, y hoy eso no se cumple. Creo que hay 300 mil beneficiarios menos en el PROG.R.ES.AR., muchos pibes. Si quieren mejorarlo, que lo hagan con los trabajadores que estaban”, precisó. Almeida recordó además que el presidente Mauricio Macri elogió el Programa durante una visita a Misiones, donde reconocieron a estudiantes que finalizaron sus estudios con la política pública iniciada durante la gestión kirchnerista.
En cuanto al futuro del plan de lucha, declaró que “esta pelea no la abandonamos hasta que todos los compañeros que quieren volver a trabajar hayan vuelto. Tenemos esa firme convicción. Llevamos un mes de lucha y no bajamos los brazos”.
“Nuestro eje es que queremos una reunión con la máxima autoridad del Ministerio. No puede ser que para entregarles a los fondos buitre todo lo que les entregaron hubo tiempo de sobra, pero para discutir la fuente laboral de 120 compañeros no tienen tiempo. Estamos hablando de compañeros que tienen sueldos muy exiguos. Reclamamos que destinen un poco de su tiempo a solucionar este problema”, concluyó el dirigente sindical.
“Nuestro trabajo es tu derecho”
A los trabajadores y trabajadoras del PROG.R.ES.AR., “las/os has visto en tu barrio, en tu escuela, en tu terciario o universidad, te han llamado por teléfono y han coordinado la parte operativa del Programa, aquello que no ves”, comienza uno de los comunicados difundidos por el personal despedido mediante las redes sociales.
“Somos más de 100 trabajadoras/es que día a día desarrollamos tareas para que todas/os las/os jóvenes de Argentina puedan acceder a esta ayuda económica para retomar o continuar los estudios, prestando especial atención a las/os jóvenes que se encuentran excluidos del sistema educativo, o aquellas/os que por razones geográficas les resulta difícil acercarse a las oficinas de ANSES”, expresa el personal que llevaba adelante la red territorial de la política pública.
Sobre la importancia social del Programa, aportan que “el resultado de este trabajo cotidiano se puede ver en números concretos: desde su lanzamiento en febrero de 2014, pasaron por el Programa más de 1.500.000 (un millón y medio) de jóvenes”.
En línea con lo expresado por Almeida, los y las integrantes de la Red territorial expresan que la desarticulación de la misma implica que “el PROG.R.ES.AR. tenga cada vez menos inserción en los sectores más vulnerables de nuestra población, aquellos que más necesitan de la presencia del Estado para reinsertase en el sistema educativo, por lo cual cada trabajador/a en el plazo de estos dos años ha puesto énfasis por incluir”.
La cuestión de fondo es el sostenimiento de políticas públicas que garanticen derechos fundamentales como lo son el derecho a la educación y al trabajo. En palabras de los trabajadores despedidos del Programa: “Apelamos a la conciencia de cada ciudadana/o para que sepan que los despidos no son más que una política para achicar el Estado en detrimento de los derechos de las mayorías. Queremos hacer visible este conflicto y convocamos a acercarse, participar, actuar en defensa de los puestos de trabajo, la continuidad de PROG.R.ES.AR. y lo que consideramos derechos ciudadanos. Hoy son 150 en Hacienda, 30 mil en todo el Estado y otros miles en el sector privado. Si no nos organizamos a tiempo, vienen por tu trabajo y tus derechos también”.
