El domingo por la tarde las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Bolivia dieron un golpe de Estado al presidente electo Evo Morales Ayma. En una conferencia de prensa, el mandatario había denunciado que estaba en marcha este proceso encabezado por sectores de derecha: «Quiero que sepa el pueblo boliviano que hasta ahora, humildemente, soportamos para evitar violencia y no hemos entrado en confrontación». Sin embargo, los medios hegemónicos de comunicación argentinos legitimaron la violencia ejercida contra el gobierno democrático y evitaron mencionar que se trató del desmantelamiento de las instituciones constitucionales.
Leer también: Ganó el odio y el fascismo: golpe de Estado en Bolivia
«Crisis», «descontrol», «pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas», «vacío de poder», «presiones» y «levantamiento popular» fueron algunos de los conceptos que usaron los principales medios gráficos, radiales y audiovisuales argentinos para describir los hechos ocurridos en Bolivia.
En esta línea, también evitaron mencionar los hechos violentos protagonizados por sectores de derecha y sí destacaron algunos aspectos de los hallazgos preliminares del informe realizado en el marco de la auditoría electoral de carácter vinculante llevada adelante por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones a la cual había accedido el propio Morales.
Los dos medios gráficos más leídos en Argentina publicaron una serie de artículos en donde enunciaron los hechos que, según su línea editorial, desencadenaron en la «renuncia» de Morales. En su portada, el diario La Nación publicó: «Vacío de poder en Bolivia: presionado por el Ejército, renunció Evo Morales». Clarín hizo hincapié en la denuncia del exmandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, que repudió el golpe de Estado, el pedido de captura iniciado en su contra y cómo se vio «acorralado después de 18 días de protesta y acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre».
Infobae, el medio digital más leído del país (por usuarios, vistas totales, visitas y minutos de permanencia), publicó notas agrupadas bajo el titular «Renunció Evo Morales a la presidencia de Bolivia». El contenido de las notas da cuenta de «cuáles son los pasos a seguir después de la renuncia de todas las autoridades y el caos desatado en las calles», retoman las declaraciones del embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, quien dijo que «para nuestro Gobierno no hay un golpe de Estado» o las del canciller Jorge Faurie «sobre la crisis de Bolivia: ‘No están los elementos para definir esto como un golpe de Estado'».
La Gaceta, de Tucumán, o La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, fueron otros de los medios argentinos que evitaron hablar de golpe de Estado. El medio gráfico tucumano hizo hincapié en la «renuncia» y en el «vacío de poder», además de mencionar las presiones «por la sublevación de la policía y del Ejército». El diario bahiense -cuyo exdirector, Vicente Massot, fue juzgado penalmente por su participación en la última dictadura argentina- destacó: «Renunció Evo Morales por pedido de las Fuerzas Armadas».
Evo Morales calificó de «discriminadores y conspiradores» a los artífices del golpe de Estado Carlos Mesa y Fernando Camacho. Además de él, fue obligado a renunciar su vicepresidente, Álvaro García Linera; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, (quien debía asumir la presidencia); las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque y Antonio Costas (detenidos y esposados por la policía), entre otros funcionarios del gobierno. Algunos de ellos fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien también ofreció asilo político al presidente depuesto.
La comunicación, un derecho humano
En 2009 se reformó la Constitución Nacional boliviana, convirtiéndola en un Estado plurinacional, desde una perspectiva latinoamericanista y decolonial. En su preámbulo se sostiene que está basada en la lucha «indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires». Además, se apunta a que el Estado promueva «la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades» y a que se evite la creación de monopolios u oligopolios.
En ella se reconocen los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Pero, además, se detalla el rol que deben cumplir los medios de comunicación para contribuir «a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país». En el inciso II de su artículo 107 se afirma: «La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley».
